La reciente decisión de las empresas de transporte de media y larga distancia de suspender la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad ha generado fuertes quejas de los usuarios y un conflicto con el Gobierno, que al parecer no esperaba este “efecto colateral” de la desregulación que acaba de llevar adelante en el sector.
Según las compañías, la publicación del decreto de desregulación del sector ha modificado su estatus, lo que las exime de continuar ofreciendo este beneficio. Esta transformación normativa ha llevado a que el transporte deje de ser considerado un “servicio público”, lo que, a su entender, implica que ya no están obligadas a proporcionar los tickets sin costo.
Desde el Gobierno, sin embargo, afirmaron que esta interpretación es errónea. La Secretaría de Transporte señaló que, a pesar de la desregulación, la gratuidad de los pasajes para personas con certificado de discapacidad sigue vigente. En base a eso, inició un proceso de multas para aquellas empresas que han decidido suspender la emisión de estos boletos.
Hasta el momento, alrededor de 44 empresas han sido sancionadas por no cargar el servicio correspondiente en el sistema.
La gratuidad de los pasajes se instauró en 2014, en un contexto donde el Estado subsidiaba a las empresas. Sin embargo, a partir de 2017, los subsidios fueron eliminados y se estableció un esquema de compensación parcial. Las empresas afirman que las compensaciones quedaron obsoletas por la inflación y deben cubrir cerca de 100.000 boletos mensuales, lo que representa un costo cercano a los $3.500 millones mensuales.
DM