El primer proyecto para legalizar el Derecho a Morir en la Argentina ya está en el Congreso. Así lo anunciaron esta tarde, en el comité de la Unión Cívica Radical (UCR) en Mendoza, los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre -en representación de Mendoza- y Alejandro Cacace -por San Luis-. Estuvo presente Julio Cobos, senador radical por Mendoza, quién también presentará un proyecto para legalizar la eutanasia. El texto final de su autoría entrará en la Cámara Alta la semana próxima. Los proyectos son sutilmente diferentes pero tienen el mismo objetivo: que las personas que sufren una enfermedad terminal o un sufrimiento incontrolable por la enfermedad que padecen puedan decidir sobre el final de su vida.
El proyecto regula el derecho de toda persona de solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir cuando se encuentre sufriendo una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Pueden pedirlo los y las ciudadanas argentinas, mayores de 16 años, informados y capaces. También los adolescentes entre 13 y 16 años. Se creará, si la ley es sancionada, una comisión médica de asistencia y evaluación que funcionara en cada provincia y en la Ciudad. Está contemplada la objeción de conciencia. El sistema de Salud público garantiza la cobertura y calidad de la prestación.
De acuerdo al texto presentado, una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, es aquella que limita e incide “directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, que impacta sobre la capacidad de expresión y relación, y que implica un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, y que esas limitaciones persistan en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable”. Tiene en cuenta para acceder a una muerte asistida la dependencia absoluta de apoyo tecnológico.
Los requisitos que establece el proyecto para poder acceder al derecho a morir:
- Pueden prestar consentimiento los mayores de 16 años. Los adolescentes entre 13 y 16 deben, además, estar asistidos por sus representantes. Personas con capacidad restringida judicialmente deben prestar consentimiento con la asistencia de su representante legal o sistema de apoyos.
- Sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable certificado por un médico.
- Ser ciudadano argentino, mayor de edad, plenamente capaz.
- Formular dos solicitudes con una separación de quince días.
- Solicitud que debe ser presentada ante la comisión médica de asistencia y evaluación creada por esta ley, esta comisión funcionara en cada una de las provincias y la CABA.
- El paciente debe prestar consentimiento informado.
Cómo es el procedimiento
Según el proyecto, el paciente debe presentar la solicitud de ayuda para morir ante la Comisión Médica de Asistencia y Evaluación de su jurisdicción. El presidente de esa comisión designará a dos miembros de la misma, un profesional médico y un jurista, para que verifiquen si concurren los requisitos establecidos por la ley. Estos deberán expedirse en un plazo de 5 días corridos. Si el informe es negativo el paciente puede pedir la revisión por la comisión en pleno, la que deberá expedirse en el plazo de 5 días corridos. El procedimiento podrá ser realizado por los médicos (lo que se llama “muerte asistida”) o en casos en que sea posible y elegido por el paciente puede ser autoadministrada, es decir, es el paciente quien activa el mecanismo que administra la dosis tóxica.
Daniel Ostropolsky, el hombre que “inspiró” el proyecto que abrirá el debate en el Congreso
Daniel Ostropolsky es abogado, tiene 72 años, 5 hijos. Fue funcionario en diferentes gestiones radicales, también presidente del colegio de abogados de la primera circunscripción de Mendoza entre 2010 y 2012 y consejero de la magistratura por los abogados del interior entre 2010 y 2014. Fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y desde entonces pelea por una ley que legalice el Derecho a Morir. “Yo amo la vida. Y como tal me siento muy conmovido de que sea en este lugar desde el cual surja un proyecto para que el amor por la vida sea consagrado en profundidad”, dijo Ostropolsky, quien acompañó a los diputados en el anuncio del ingreso del proyecto al Congreso. Su historia fue contada por el diario Los Andes.
Hay otros tres anteproyectos que aún están en instancia de “borrador”
La diputada nacional en representación de Córdoba por el Frente de Todos, Gabriela Estévez elaboró durante 2019 un anteproyecto para legalizar la eutanasia. El disparador fue la historia de Alfonso Oliva, un joven diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica, degenerativa, rápida y violenta. En poco tiempo, Alfonso pasó de ser un hombre que jugaba al fútbol y trabaja en la inmobiliaria familiar a no poder moverse ni hablar. Hasta que pudo, Alfonso pidió por una ley de eutanasia. Brenda Austin, diputada nacional de la UCR por Córdoba, también trabajó en un anteproyecto.
El tercer borrador que considera la interrupción voluntaria de la vida como un derecho es de Julio Cobos. Después de varias revisiones, su propuesta se convirtió en texto final y será formalizado en el Congreso la semana próxima. elDiarioAR pudo saber que el proyecto de Cobos tiene más pautas de control que el anunciado hoy, pero que el objetivo es el mismo. Lo que motivó a Cobos a trabajar en un proyecto de ley que regule la eutanasia es una historial personal.
Poder decidir sobre los finales de la vida es un derecho reconocido en España, Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Luxemburgo y varios de los estados de Estados Unidos. En Latinoamérica solo es legal en Colombia. En ese país hubo una controversia hace poco por una caso de “muerte por piedad”. En Perú no es legal pero, después de un largo juicio, el Estado le garantizó a Ana Estrada su derecho a acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.
VDM/WC