Un juez de Quilmes ordenó frenar las obras de reconversión del basural de Luján, el más grande a cielo abierto de los 5000 que hay en todo el país. Hace dos meses se iniciaron los trabajos para el cierre definitivo del basural y la construcción de una planta de separación y tratamiento de residuos y un centro de disposición final. Se trata de un espacio de 13 hectáreas en las afueras de Luján que tiene 50 años de antigüedad y en el que se tiran 100 toneladas diarias de residuos. Fuentes del juzgado sostienen que la competencia fue apelada por lo que el fallo aún no está vigente.
El fallo del juez federal Luis Armella dispone la suspensión de las obras hasta que se realice un estudio de impacto ambiental y le da lugar a una cautelar presentada por dos organizaciones civiles que acompañan el reclamo del empresario Carlos Aníbal Reyes Terrabusi y su esposa, Viviana Karina Novelle, dueños de La Picaza Polo Club, un haras que está en Open Door, cerca del basural. Esta tarde, la Federación de Cartoneros junto a vecinos y vecinas de Luján se movilizaron hacia el juzgado para rechazar la medida judicial. Además, desde el Ministerio de Ambiente de Nación indicaron que se todos los estudios fueron presentados y que pedirán la revocatoria de la cautelar.
El fallo firmado el 6 de diciembre se conoció ayer y prohíbe realizar “cualquier modificación en la situación del predio, el inicio de obras, trabajos preparatorios comprendidos en el proyecto detallado por los actores o cualquier alteración material”. Además, indica que se debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental a cargo de la Universidad de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Ambiente indicaron que los estudios están hechos y calificaron la decisión como “una aberración” e indicaron que el juez Armella “no tiene ninguna vinculación geográfica, ni con la temática”.
Fuentes del juzgado federal le indicaron a elDiarioAR que el fallo no está ejecutable porque fue apelado por la parte actora, que objetó la competencia. Si bien el predio está en Luján, los demandantes se presentaron en Quilmes, donde tiene domicilio EVA S.A. Previamente, Terrabusi había presentado una medida cautelar para evitar el emplazamiento de la planta de transferencia, pero fue rechazada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1. Armella rechazó la competencia pero hizo lugar a la cautelar y dictó la suspensión de las obras. En su escrito, el juez ordenó remitirlo al juzgado de Mercedes. Para eso se basó en el artículo 196 del Código Civil y Comercial, en el artículo 32 de la Ley 25.675 ( que indica que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie) y el artículo 2 de la Ley 26.854 ( que habilita a un juez que no es competente a intervenir en cuestiones de derecho de naturaleza ambiental).
El viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, criticó la medida y aclaró que se hicieron todos los estudios. “Todo está presentado. En caso contrario, jamás se hubiese obtenido la declaración de impacto ambiental que se exige para iniciar una obra ni el BID hubiera dado su conformidad. El juez dio una cautelar sin chequear que todo lo que exige ha sido realizado”, le dijo el funcionario a este diario. Federovisky indicó que hoy se presentaron los estudios donde se muestra que “la obra está perfectamente en orden y que el proceso licitatorio fue avalado por el BID por su pertinencia ambiental y social” y dijo que pedirán la revocatoria de la cautelar para que continúen las obras.
El proyecto
El proyecto de reconversión se da en el marco del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, tiene financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y lleva una inversión de 10.731.820 dólares. La medida en la que están involucrados los gobiernos municipal, provincial y nacional prevé recuperar el 40% de la basura que se vierte en ese lugar, un porcentaje que actualmente está en el 7%. La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) también rechazó la medida y se movilizó hasta los tribunales de Quilmes junto a organizaciones sociales y vecinos de Luján. “Repudiamos el fallo que intentó frenar las obras de un gran proyecto que busca mejorar la vida de los y las trabajadoras, vecinos y vecinas de la ciudad de Luján”, expresaron en un comunicado. Además, informaron que un secretario del juzgado los recibió y les dijo que la obra continuará.
En el comunicado, la FACCyR criticó fuertemente al juez y a los denunciantes. “Detrás de la cautelar sancionada por este juez corrupto, está la familia Novelle de Terrabusi aliada a una ONG liderada por Emiliano Ezcurra Estrada, exfuncionario macrista que encontró un Juez acorde al trabajo sucio por hacer”, sostuvieron y recordaron que “Armella tuvo a su cargo la causa por el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, de la cual fue removido acusado de corrupción y manejos irregulares”. La cautelar fue presentada por la Asociación Civil “Nuevo Ambiente”, representada por el presidente Maximiliano Gabriel Heredia y por la Fundación Banco de Bosques“, representada por Emiliano Ezcurra Estrada. Se trata de una medida colectiva contra la empresa constructora EVA S.A, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Municipalidad de Luján y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Sin embargo, esta tarde, el apoderado de la Fundación Banco de Bosques informó al juzgado que desiste de la acción de amparo.
CDB