De María Cash a Guadalupe Lucero: las desapariciones del presente, el mito de las 24 horas y el plan para un banco de datos federal

En julio de 2011, cuando la diseñadora María Cash fue vista por última vez, no había un área nacional que se ocupara de las desapariciones del presente, salvo el Registro Nacional de Menores Extraviados. Desde entonces, ante un fenómeno que no daba respiro y desnudaba con cada caso la precariedad estatal para abordarlo, el tema se empezó a enfocar desde el Ministerio de Seguridad, recién creado (hasta 2010 había sido una secretaría). Primero hubo un Instructivo de actuación frente a casos de personas desaparecidas. Después, una Unidad de Búsqueda de Personas Extraviadas. Y en 2016, el actual Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).

El Sifebu registra las personas desaparecidas y las halladas como N.N. Actúa como enlace en tiempo real entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales y Migraciones a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Provee recursos para ciertas búsquedas (georradares, perros, expertos, drones, vehículos u ofertas de recompensas a cambio de datos). Interviene en los casos si la justicia lo pide. Y administra el programa para casos de chicos o adolescentes desaparecidos Alerta Sofía, que Argentina ya activó tres veces: por Abril (2019, en Punta Indio, hallada); por Maia (2021, en Ciudad de Buenos Aires, hallada); y por Guadalupe Lucero, aún desaparecida, en San Luis.

La abogada Leticia Risco, directora del Sifebu, hace el siguiente balance: “Este mes se cumplen diez años de una política pública que nace con el caso María Cash. Hoy hay más conocimiento y avances. Sabemos, por ejemplo, que no hay vinculación directa entre desapariciones y trata de personas; que sólo el 1% de las desapariciones se relaciona con el delito, sobre todo con femicidios; y que el resto se vincula más con conflictos intrafamiliares y otros. Hoy hay colaboración con las provincias y articulación con organismos como Interpol y el Icmec (Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados). Nos interesa entender el fenómeno, poner recursos a disposición y dar entrenamiento a policías y fiscales”, agrega Risco. En la última capacitación anual, durante el confinamiento, tuvieron 5.600 inscriptos.

Pero las búsquedas arrastran problemas comunes que exceden al Sifebu. Risco resume: “Muchas veces no hay una activación en las primeras horas; las cámaras de seguridad, si no las pedís inmediatamente, en muchos casos se borran; los rastros de los perros se pierden entre las 48 hs y los 20 días; y falta entrecruzamiento de información en el país”. El último punto es de los más graves. La fragmentación de los datos de búsquedas y hallazgos, combinada con la variedad de métodos de trabajo de policías, médicos, jueces, fiscales y cementerios del país, conduce periódicamente a errores y ahonda el dolor. Los casos de Mariela Tasat (2002), Luciano Arruga (2009) y Johana Ramallo (2017), quienes permanecieron años como desaparecidos cuando, lamentablemente, habían muerto, ejemplifican esta realidad, que arrasa con la vida de las familias mientras se lleva puesto el prestigio de las instituciones.

El diagnóstico no es nada nuevo y hubo iniciativas parciales para afrontarlo, como un sistema informático creado por la ex procuradora bonaerense Graciela Falbo (2012), o un protocolo para identificar personas y cadáveres diseñado por el exsecretario de Derechos Humanos Santiago Cantón (2019). Pero nada se aplica, el problema crece y es nacional. Ya en 2009, Alejandro Incháurregui (uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense) escribió: “¿Por qué no nos escandalizan las personas N.N. en el país de Vucetich?”, en el libro Tras la búsqueda…, sobre la experiencia de una oficina a su cargo que atiende este tema desde 1999 en el ámbito bonaerense (la Dirección de Personas Desaparecidas).

Por todo esto, hoy el proyecto más urgente es un banco de datos federal, que centralice información elemental (forense, antropológica, genética, de huellas dactilares) para búsquedas profesionales. Ya hubo reuniones entre el Sifebu, el Conicet y del Banco Nacional de Datos Genéticos [BNDG]. El rol del BNDG es un punto sensible, ya que este laboratorio, por ley, sólo debe ocuparse de buscar a los hijos de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Y abrirlo a otras tareas –como reclaman activistas por el derecho a la identidad de origen– no está en el plan del Gobierno. La idea es involucrar laboratorios forenses provinciales y que el BNDG, sin dejar su objeto de trabajo actual, sí administre una gran base de datos común. “No proponemos modificar la ley [del BNDG], sino aprovechar su enorme experiencia, métodos y técnicas científicas, en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas”, dijo el exjefe de Gabinete Santiago Cafiero este año ante el Congreso. 

El mito de las 24 horas

Otro de los problemas citados por Risco son las primeras horas, cruciales para investigar una desaparición, pero a veces desperdiciadas por la demora en denunciar, o por algo peor: la negativa de la Policía a recibirlas, con el pretexto de que hay que dejar pasar 24 horas. Hace diez años, cansado de esta práctica en la Policía Bonaerense, Incháurregui (director de Personas Desaparecidas, en el Ministerio de Seguridad bonaerense) inició un expediente administrativo para averiguar, área por área, si en la fuerza de Seguridad más numerosa del país existía una norma que indicara esperar 24hs.

Ese trámite demostró que no existía ni había existido una disposición semejante. Que lo de las 24 hs es sólo un hábito (que no se agota en La Bonaerense). El ministro de ese momento, Ricardo Casal, emitió así una resolución (la 3980/2011) que ordenaba tomar las denuncias de inmediato, siempre. El año pasado, el jefe de la Bonaerense recordó a toda la fuerza la vigencia de aquella resolución mediante un radiograma que llegó a las comisarías como muestra de que sigue siendo necesario frenar un hábito insólito y peligroso, que puede arruinar una búsqueda en su punto cero. Por su parte, Personas Desaparecidas difundió el instructivo “¿Qué hacer cuando desaparece una persona?”, donde se destaca: “Si un ser querido desaparece, lo mejor es que hagas la denuncia inmediatamente. No tenés que esperar ni 24 ni 48 horas”.

 JLMK