En la tardía primavera inglesa, los ríos de Oxford se llenan de remadores, bañistas, pescadores y ocasionalmente voluntarios que recogen muestras de agua. Los análisis de esas muestras reflejan las descargas de aguas residuales que acaban en el Isis, el nombre que adopta aquí el Támesis, y en su afluente, el Cherwell. Casi todas las aguas donde se sumergen los nadadores están infectadas por niveles de bacterias que hasta triplican los máximos permitidos. Incluso en la única zona considerada segura se han tenido que suspender grupos de natación y remo a menudo por la insalubridad del agua.
Nadar en ríos y canales es aquí una costumbre más habitual que en otros países. Ahora también es parte del rito estar pendiente de los vertidos de aguas residuales. El grupo universitario de wild swimming (natación en la naturaleza) mira los mapas que dan algunos datos de las últimas descargas y aconseja no meter la cabeza debajo del agua. El grupo tiene más de 400 miembros. Nadan hasta en invierno en la orilla del Isis donde Lewis Carroll remaba y contaba cuentos a Alice Liddell, la niña que inspiró Alicia en el país de las maravillas. Está en Port Meadow, un prado que se ha conservado salvaje desde hace siglos, y donde los bañistas también suelen protestar.
Oxford es una de las ciudades inglesas que miden de manera constante la calidad de sus ríos gracias a un proyecto que ha juntado a científicos y voluntarios que recogen muestras y piden cuentas a las empresas privadas que gestionan el agua. “Esto es un movimiento que tiene como objetivo que los ríos en Oxford sean saludables. Hasta que no lo consigamos no vamos a parar”, dice a elDiario.es John Bryden, portavoz de Thames21, una organización dedicada a mejorar las aguas del Támesis y sus afluentes. Llevan más de dos años en ello y en noviembre van a relanzar otro proyecto en Oxford. “Los reguladores y los que contaminan no han empezado a invertir en soluciones porque piden más evidencias. Se están recogiendo, pero nos preocupa que el proceso sea tan lento”.
En 2022, hubo más de 300.000 descargas de aguas residuales, más de 800 de media al día. No hay datos oficiales sobre el volumen de cada una, pero un análisis de 30 plantas en 2020 muestra vertidos de al menos 11.000 millones de litros, el equivalente a 4.352 piscinas olímpicas. Sólo el 14% de las aguas de ríos y canales en el país tiene un “buen estatus ecológico” y ningún río tiene un “buen estatus químico”, es decir niveles aceptables de concentración de arsénico, hierro y otras sustancias químicas, según los últimos datos publicados por la agencia medioambiental británica.
Las aguas residuales vienen de las compañías que gestionan el agua del grifo y las descargas domésticas e industriales, y que en Inglaterra y Gales son todas privadas por una operación masiva que empezó el Gobierno de Margaret Thatcher. Es difícil encontrar otro país donde la propiedad y la gestión del agua sean completamente privadas.
“La forma de privatización aquí es muy diferente a la de otros países”, explica a elDiario.es Kate Bayliss, académica del Departamento de Economía de SOAS de la Universidad de Londres y experta en la propiedad de las empresas de agua. “En países como España la privatización toma la forma de una concesión. Todo es propiedad del municipio, pero las empresas tienen un contrato a largo plazo con el sector privado. Nuestra privatización es mucho más profunda que en otros países. Sólo Chile hizo algo similar y fue antes que nosotros... Así que nadie ha copiado nuestro modelo.”
Otra diferencia sustancial del modelo inglés es que no se trata de compañías municipales, sino de empresas que son monopolio en cada cuenca fluvial y tienen el control absoluto de lo que sucede en una amplia región, desde la extracción del agua hasta el tratamiento y la distribución a los hogares, y luego la eliminación y gestión de las aguas residuales.
Las llamadas a devolver al Estado todo o parte del sistema de agua han crecido tras décadas de infraestructuras en mal estado, descontrol en los residuos y costosas fugas. El verano pasado, cuando el Reino Unido superó los 40 grados de temperatura por primera vez en la historia desde que hay registros, el país sufrió meses de restricciones de agua por falta de reservas. Pero el gran debate nacional es sobre las aguas fecales y otros vertidos en los ríos.
El año pasado, el Ministerio de Sanidad británico advirtió de la “preocupación creciente” por las aguas residuales. “Cuando las bacterias de las heces humanas (coliformes) se ingieren, esto aumenta el riesgo de infecciones significativas incluyendo bacterias resistentes a los antibióticos”, explicaba el profesor Chris Whitty, el jefe médico de Inglaterra, en un texto firmado con los responsables de la agencia medioambiental y el organismo regulador del agua. “El agua del grifo en Reino Unido es segura. Nadie espera que el agua del río tenga un estándar para beber, pero allí donde la gente nada o los niños juegan no debería haber dosis significativas de coliformes”. El nivel de vertidos es “inaceptable”, según escriben, y “la principal responsabilidad pública” es de las empresas de agua y sus directivos.
Tras años de presión popular que ha llegado a los políticos, hace unos días las compañías privadas de agua en Inglaterra pidieron perdón por las centenares de miles de descargas y se comprometieron a invertir unos 11.500 millones de euros para limpiar los ríos y cortar a la mitad las descargas para el final de la década. Lo harán subiendo las facturas a los consumidores mientras reparten dividendos estimados en 17.000 millones de euros esta década, según un análisis de David Hall, un investigador académico especialista en servicios públicos de la Universidad de Greenwich.
El cabreo por la contaminación de los ríos hizo que Sarah Bentley, la consejera delegada de Thames Water, la compañía que sirve a la cuenca del Támesis, y directivos de otras dos compañías rechazaran los bonus que les correspondían. Thames Water es una de las compañías que tiene avisos de la agencia medioambiental como una de las que “necesita mejorar” y dice que lleva años sin pagar dividendos a sus accionistas.
“Una estafa”
En enero, el Ayuntamiento de Oxford votó por unanimidad una moción para pedir que Thames Water vuelva a la gestión pública. La nacionalización temporal o permanente la puede decidir el Gobierno, como hizo a principios de mayo, por ejemplo, con una empresa ferroviaria en el norte del país por la mala calidad de su servicio y el número de cancelaciones.
“Durante 34 años, la gente por toda Inglaterra ha sufrido los desastrosos efectos de la propiedad privada de nuestro sistema de agua”, dijo Chris Jarvis, uno de los concejales del partido verde de Oxford que propuso la moción. “Hace mucho que está claro que la privatización ha sido un experimento fallido. Ahora está más claro que esto es un timo legalizado que sólo existe para beneficiar a los accionistas para detrimento de la gente y del planeta”.
La manera en la que se hizo la privatización es a menudo señalada como uno de los problemas incluso por personas favorables a privatizar parte de la gestión o que estuvieron presentes en el plan de Thatcher que se aplicó de forma parecida en varios sectores.
En 1989, el Gobierno conservador lanzó una campaña para vender acciones al público de manera masiva, con anuncios que mostraban tuberías saliendo de las aceras y los campos de fútbol o a un imaginario aguador repartiendo agua para la lavadora. El mensaje era mostrar el poderío del sector como un gran negocio.
“Trabajé en la privatización del agua de Inglaterra en 1989. Fue una estafa organizada”, escribió hace unos meses Jonathan Portes, que era empleado del Tesoro en los 80 y ahora es profesor de Economía y Política Pública en el King’s College de Londres. “Las acciones se vendieron muy por debajo de su valor así que los contribuyentes perdieron, y los consumidores se han puesto hasta las cejas de pagar desde entonces”, escribió.
Más de dos millones y medio de personas se lanzaron a comprar pequeñas participaciones para convertir en privadas todas las compañías en Inglaterra y Gales. En Escocia gran parte de la gestión sigue siendo pública igual que en Irlanda del Norte.
Pese al éxito en el número de personas dispuestas a comprar acciones, la idea de privatizar toda la gestión del agua era entonces muy impopular. Tres décadas después lo sigue siendo: el agua es uno de los bienes que los británicos creen que debería estar gestionado por una autoridad pública. En 2017, sólo el 25% creía que las empresas encargadas del agua deben ser privadas, según una encuesta de YouGov.
Uno de los problemas, en realidad, según señala Bayliss, la investigadora de la Universidad de Londres, es que la estructura de la propiedad fue cambiando a partir de 2000 y muchas de estas empresas ya no cotizan. “Al menos si están en bolsa hay un grado de escrutinio público. Cualquiera puede comprar una acción e ir a una reunión anual y hay reglas específicas de transparencia”, explica. Ahora las estructuras de propiedad son más complejas y más opacas. “Algunas de las empresas matrices cotizan en paraísos fiscales, por lo que hay una información limitada sobre quién es el propietario”, dice.
Se trata de compañías con mucha deuda y poco interés en quedarse más de la cuenta cuando el negocio va peor. Hasta donde se puede rastrear, la mayoría pertenecen a fondos de inversión extranjeros, fondos de pensiones y compañías que están radicadas en paraísos fiscales, según una investigación del Guardian. El periódico identificó el año pasado a más de 100 accionistas de nueve empresas grandes y otras seis pequeñas en Inglaterra. Según estos datos, al menos el 72% del sector está dominado por fondos de 17 países mientras que la propiedad británica ronda el 10%.
Por ejemplo, entre los inversores con más acciones de Thames Water están el fondo estatal de China, la autoridad de inversión de Abu Dabi y dos fondos de pensiones canadienses. Otros accionistas prominentes del agua por toda Inglaterra son empresas públicas y privadas de Estados Unidos o Australia.
Esta dependencia dificulta la regulación del sector. “Nuestro plan de infraestructura depende de tener mucha inversión privada en el Reino Unido, y por eso damos facilidades al capital global. Así que corremos el riesgo de molestar el flujo de capital global si tenemos una regulación más estricta”, explica Bayliss.
Qué hacer
Los laboristas del Parlamento nacional no se atreven a pedir la nacionalización y son tímidos a la hora de proponer regulación, pero las polémicas locales por las aguas residuales son un debate habitual que pone en apuros a los conservadores. El Gobierno se ha comprometido a obligar por ley a las compañías a que reduzcan los vertidos y limpien los ríos pero con plazos que llegan hasta 2050.
Las voces expertas consultadas no están seguras de si la gestión pública cambiaría la situación de las aguas residuales, pero sí subrayan que la eficiencia no es necesariamente una característica de las empresas de agua privada. La compañía nacional escocesa, que sigue siendo pública, es una de las de que suele tener mejor nota del país.
“Hay buenos argumentos para retirar las licencias y poner a empresas específicas bajo la administración pública. Pero eso no necesariamente significa renacionalizarlas. Las licencias se pueden vender a nuevos operadores”, explica a elDiario.es Dieter Helm, profesor de Política Económica en la Universidad de Oxford y uno de los grandes expertos del país en regulación, medioambiente y servicios públicos. “Los argumentos sobre la nacionalización van menos de si una compañía quiebra y van más de la financiación, el coste del capital y la búsqueda del beneficio más que un objetivo público más amplio. En el caso del Reino Unido, los mayores fallos han sido de regulación. Las compañías privadas se han regulado muy mal”.
Helm cita el caso de Southern Water, la empresa encargada de Sussex y otros condados del sur de Inglaterra, y cree que en su caso el Gobierno debería haber revocado la licencia. Southern Water está entre las que ofrecen peor servicio según el regulador y ya ha sido multada por contaminar las aguas locales. Sus clientes están boicoteándola dejando de pagar facturas en Sussex. Y hay protestas de manera habitual por los residuos que llegan al mar del Norte.
Según Francia, que comparte el canal de la Mancha con Reino Unido, la calidad del agua británica ha bajado por la falta de controles y estándares desde el Brexit. Hasta ahora ha estado en vigor el marco regulatorio de la UE, pero en 2021 el Parlamento británico aprobó una nueva ley medioambiental con nuevos objetivos. Según el profesor Helm, esos objetivos “son genéricos y bastante vagos, igual que las directivas de la UE”.