La Corte se desentendió de los sismos inducidos por el fracking y continúa el derrotero judicial del caso
Desde hace casi tres años y medio, cinco juzgados y tribunales y hasta la Corte Suprema protagonizan un derrotero judicial para evitar una definición sobre los sismos inducidos por el fracking en los alrededores de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Así lo demuestran los escritos y testimonios consultados por elDiarioAR.
El Observatorio de Sismicidad Inducida ha registrado al menos 508 sismos en la zona desde 2015, explicó el geógrafo Javier Grosso Heredia.
El paraje rural que tiembla en esta zona de Neuquén es Sauzal Bonito, cercana al área explotada por Tecpetrol, la petrolera de Techint. Las denuncias de sus habitantes, los estudios del Observatorio de Sismicidad Inducida y los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) avalan las denuncias contra la provincia y la compañía, aunque la petrolera se niega a dar su versión de los hechos o presentar públicamente estudios que demuestren lo contrario.
El área explotada por Tecpetrol se denomina Fortín de Piedra y es una zona hidrocarburífera de alrededor de 25.000 hectáreas ubicadas en ambos márgenes del río Neuquén y dividida en dos bloques: sólo el primero está desarrollado y en producción. Significa el 32% de la producción de gas en Vaca Muerta y conlleva una inversión de U$S3.500 millones desde que inició sus operaciones en 2017, según la agencia estatal Télam.
En marzo de 2017 Tecpetrol anunció que transportaría gas de Fortín de Piedra hasta el sistema logístico nacional. “Luego de ese anuncio, en apenas 18 meses, Fortín de Piedra comenzó a aportar el 15% del gas consumido a nivel nacional.
Su pico de producción se dio en 2018, año en que se produjeron registros sísmicos de magnitud en la zona, con picos de 3.1 y 4.9 Ml“ (Richter), de acuerdo a un estudio de los científicos Grosso Heredia (profesor de Geografía e investigador en la Universidad Nacional del Comahue, entre otros títulos) y Guillermo Tamburini Beliveau (doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario e Ingeniero en Cartografía y Geodesia de la Universidad Politécnica de Valencia, además de investigador del Conicet) junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Las primeras fracturas en Fortín de Piedra datan de 2018. Ese año se registraron los primeros sismos en Sauzal Bonito, pero la región donde se encuentra Vaca Muerta ya venía temblando desde 2015, cuando comenzó el fracking en la zona.
En julio de 2021, FARN, habitantes del paraje rural y la comunidad mapuche Lof Wirkaleo presentaron un amparo ante la Justicia federal de Neuquén, que decidió remitir el caso a la Corte Suprema, ya que los sismos estaban afectando a localidades de Río Negro. Cuando se trata de afectación a más de una jurisdicción, interviene la Corte.
El expediente pasó unos tres años en el máximo tribunal. Hasta que el 13 de agosto último, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz rechazaron en apenas dos párrafos la competencia. Los supremos enviaron el caso a la Justicia provincial de Neuquén.
En el Tribunal Superior de Justicia de la provincia patagónica decidieron enviar la causa a un juzgado civil y comercial. Semanas más tarde, la jueza volvió a declinar su competencia y sostuvo que “la acción procesal idónea” debía ser planteada ante el fuero contencioso administrativo. Los amparistas apelaron la decisión.
Desde entonces, el expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones del fuero, que debe resolver el destino del caso.
Cristian Fernández, abogado de FARN, explicó a elDiarioAR que el amparo busca que la Justicia le ordene al Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén realizar estudios de impacto ambiental, audiencias públicas y consulta previa libre e informada con las comunidades originarias que pueden verse afectadas por la actividad sísmica en la zona de Vaca Muerta.
También solicitaron que se le ordene a la provincia que, hasta que no se realicen dichos estudios de impacto ambiental y audiencias públicas, exijan a los titulares de los permisos de explotación hidrocarburífera no convencional que incluyan o contemplen en sus Declaraciones de Impacto Ambiental la totalidad de los impactos que la actividad de explotación hidrocarburífera no convencional provoca e incluyan expresamente medidas para prevenir la sismicidad inducida.
Entre las peticiones, requieren que se ordene a la gobernación de Neuquén realizar un relevamiento de las construcciones de la zona, tanto de las propiedades, como de las represas y toda obra de ingeniería que haya sido construida para elaborar un informe del riesgo de derrumbe y/o rotura.
En el amparo, los demandantes sostienen que la sismicidad inducida implica un riesgo grave para la seguridad de las personas, la infraestructura y el ambiente y que la fracturación hidráulica induce a numerosos microterremotos, la gran mayoría con un magnitud menor a 2 Mww, pero que en cercanías de la localidad de Añelo y Sauzal Bonito se han registrado desde 2015 numeros sismos de magnitud mayor a 3 ML y eventos de magnitud mayor a 4 Mww, con hipocentros de escasa profundidad, causando grandes daños en superficies, tanto a bienes materiales como a las personas.
DM/ED
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