La producción industrial y sin freno de un puñado de grandes empresas europeas de la carne y los lácteos emite tantos gases invernadero como países enteros de la UE. Su alto nivel de contaminación hace que basten 20 de estas corporaciones para lanzar tres cuartas partes de todo el CO2 que libera España en un año o la mitad de lo que emiten Italia, Francia o Reino Unido, según calculó la organización Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP).
Europa produce cada vez más carne y lácteos de manera industrial. La UE pasó de 192 millones de toneladas de estos productos en 2013 a 207 millones en 2018. ¿Hay más demanda? Los datos de la FAO manejados por el IATP dicen que no: el consumo en esos años pasó de 159 a 135 millones de toneladas: un 15% menos.
Con la producción y las exportaciones a otros países, también crecieron los gases lanzados a la atmósfera responsables de la crisis climática. “Es una consecuencia de la uberización del campo”, razona Andoni García Arriola, granjero vasco y miembro de la organización Vía Campesina. “Este modelo industrial está detrás de esas grandes emisiones de gases de efecto invernadero, pero también de la desaparición de pequeños y medianos ganaderos”.
Criar con la fórmula intensiva muchas aves, muchos cerdos, muchas vacas para vender su carne y su leche impone, entre otras cosas, un fuerte peaje de CO2: 474 millones de toneladas de emisiones directas (convertidos en 664 millones si se añaden las indirectas). Son el 15% del total de la UE con los datos consolidados de 2018.
“Se está produciendo, de manera silenciosa, una sustitución de las explotaciones que se basan en la tierra por grandes corporaciones y fondos que acaban transformando esos ganaderos en trabajadores a bajo coste de una cadena de producción que responde a la especulación, la intensificación y sus consecuencias climáticas”, añade este ganadero.
“Los productores están atrapados en esa cadena de suministro porque hay pocos compradores y deben adaptarse a lo que les piden para permanecer en el negocio”, concluye el informe.
De hecho, el impacto que provoca este sector intensivo a base de concentración de animales fue puesto en evidencia por los informes del Panel científico sobre cambio climático de la ONU (IPCC). En agosto de 2019, los científicos pedían un cambio urgente en la dieta mundial para frenar la crisis climática: “Más vegetales y carne obtenida con sistemas que demanden menos energía”.
Un sector industrial de tales dimensiones está dominado en la UE por corporaciones de gran tamaño. Lo que calculó esta organización es la huella que deja su actividad a gran escala: solo 20 empresas lanzan unos 244 millones de toneladas anuales de gases de efecto invernadero, según las estimaciones para 2018 del Climate Accountability Insitute. Más de la mitad de todo el sector.
Las empresas con más emisiones son las del sector lácteo que ocupan los cuatro primeros puestos: Lactalis, Arla Foods, Nestlé y FrieslandCampina. Después, los sectores se van intercalando. En este grupo figuran algunas firmas muy conocidas, como Danone e incluso, en el puesto 17º, la española dedicada al porcino Grupo Coren.
La dimensión puede apreciarse al comparar estas emisiones (que terminan engordando la costra de gases que atrapan el calor y alteran el clima) con las que generan los propios estados de la Unión. Esos 244 millones de toneladas son el 73% de todo el CO2 que emitió ese curso la quinta economía de Europa, España. Y la mitad de los líderes del continente: Gran Bretaña, Francia e Italia. Son el 28% de las emisiones de Alemania.
El Instituto equiparó todas estas emisiones con la cantidad de carbón (el combustible fósil que más CO2 libera a la atmósfera) que haría falta para lanzar esa cantidad de gases y concluye que tendrían que quemarse 119 millones de toneladas (casi la mitad del mineral que, realmente, utilizó la UE aquel año).
El trabajo pudo constatar, para los casos con los que contó con datos, ya que se queja de que la información es muchas veces “incompleta, poco comparable entre compañías e, incluso, inexistente”, que las empresas incrementan sus emisiones de la mano de su mayor producción: Lactalis y Tönnies muestran grandes saltos del 30% en un par de años; Danone un 15% o la cárnica ABP un 45%.
Lo que viene a subrayar este análisis es que el modelo cárnico y lácteo europeo conlleva un precio en forma de calentamiento global para sostener una producción que crece, en buena medida, para vender en mercados externos más que para satisfacer las necesidades propias.
Con esa realidad sobre la mesa, el informe cuestiona que “limitar el foco a que se reduzca el consumo de carne y lácteos en Europa tendrá poco efecto en recortar las emisiones de este sector”. Y argumenta que, aunque ese consumo de carne “es el doble que la media mundial [64 kg per cápita frente a 34 kg]”, esa estrategia “se queda corta mientras se mantenga la enorme influencia que la región tiene en las exportaciones globales de estos productos”.
La fórmula de producción que se está imponiendo también está llevando a la extensión de los cultivos industriales para alimentar a la cabaña ganadera a base piensos importados. El ganadero García Arriola señala esto como un punto clave: “Nosotros nos basamos en la tierra para alimentar a los animales y aportamos materia orgánica al suelo frente al modelo industrial que se basa en la importación de alimento para su cabaña”. La compra de alimentación por parte de la industria –en contraposición a la generada en la granja– creció un 13% entre 2006 y 2017, recoge este informe.
¿Productor vs. cliente?
La investigación intenta, además, romper la dinámica que centra la responsabilidad ambiental del sector alimentario o bien en los productores de base o en los consumidores. “Suele enfrentarse a estos dos grupos”, explican. Y lo ilustran con dos frases: “Que los productores produzcan de manera limpia”; “que los consumidores busquen productos de otra manera”.
Sin embargo, el documento cuenta que “esto ignora dónde reside el poder en el sistema que es en unos pocos agentes dominantes que controlan cómo se cultiva y producen los alimentos y cómo se distribuyen por todo el mundo: dictan los precios y, a menudo, pagan a los productores por debajo de sus costes”.
Esta fue una de las reivindicaciones recurrentes del sector agrario español: que los distribuidores les compran sus cosechas o su leche con precios que les obligan a vender a pérdidas. La semana pasada, el Congreso aprobó la ley de Cadena Alimentaria que intentará frenar esa dinámica, según la opinión del Gobierno.
Además, las inversiones para adaptarse a nuevas prácticas al final “recaen en los productores mientras la cadena de suministro sigue igual y los precios que se pagan por su leche o por su carne no reflejan el coste de esas nuevas prácticas”, afirman.
Andoni García Arriola explica que “cuando se produce un debate acerca del clima se coloca el foco sobre ganadería cuando no es lo mismo un tipo u otro. Y es fundamental distinguirlo”. Se lamenta de que “al final, se generaliza y los pequeños quedamos desprotegidos frente a las grandes corporaciones que pueden limpiar su producción, por ejemplo, a base de comprar bonos de carbono mientas siguen emitiendo gases. Nos vemos metidos en una dinámica que no diferencia para que el consumidor sepa que hay otra manera de producir más sostenible”.