El aumento de los casos de Covid-19 puso en pausa el debate sobre el nuevo ordenamiento territorial de Chaco que modificaría la superficie a desmontar. La Legislatura provincial suspendió la última sesión del año -que debería haber sido hoy- y donde se trataría la ley enviada por el gobernador Jorge Capitanich y que, según denuncian organizaciones ambientalistas, llevará a un aumento del desmonte.
En el centro del debate está el decreto 2157/22 que el gobernador Capitanich envió para su ratificación por la Cámara de Diputados de la Provincia. El decreto actualiza el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia. Para las organizaciones ambientalistas -como Greenpeace-, el texto “resulta ser regresivo al dejar sin protección áreas boscosas que anteriormente se encontraban protegidas”. Además aseguran que “indulta” a desmontes que fueron realizados ilegalmente, “permitiendo que los empresarios continúen con sus negocios agropecuarios en lugar de realizar la restauración de los bosques que les impone la ley nacional, y habilita el desmonte en un millón de hectáreas más”.
El decreto provocó una protesta contra el gobernador Capitanich y la reacción del gobernante contra quienes lo criticaron, especialmente la organización Greenpeace.
“En los últimos años, Chaco presenta una continua reducción del número de hectáreas desmontadas” de bosques en la provincia, dijo a través de su cuenta de Twitter. Y acusó a Greenpeace y otras organizacione de ser “verdaderas sicarias mediáticas sin ningún sustento”, “financiadas por grupos de interés político”. Dijo que la ONG Greenpeace es “brazo político del macrismo devastador en la Argentina” y “se ocupa sistemáticamente de agredir a los gobernadores del norte argentino”.
El lunes 12 activistas de Greenpeace habían repartido paquetes con papel higiénico marca “Coqui” -por el sobrenombre del gobernador chaqueño- y el eslogan “Se c… en la Ley de Bosques”. Fue frente a la Casa de la Provincia de Chaco y la acción fue para reclamar contra la propuesta que -según explicaron- pretende habilitar el desmonte de 1 millón de hectáreas.
Además de Greenpeace, más de un centenar de investigadores del Conicet, universidades y centros de investigación enviaron una carta al mandatario para pedir que revise la medida que afectará la biodiversidad.