Las 14 familias afectadas por el derrumbe en Caballito del 8 de febrero en el que murieron dos personas, de 75 y 81 años, siguen sin poder entrar a sus casas. En el lugar quedaron documentos, ropa, medicación, materiales de trabajo y aún no pueden volver. Por orden de la justicia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabaja en la construcción de una pasarela para que puedan ingresar a retirar algunos elementos. Mientras tanto, tuvieron que reorganizar sus vidas y alquilar nuevas viviendas, que por seis meses son costeadas por la empresa constructora responsable del derrumbe, MAB INVERSIONES S.R.L. No saben qué pasará después, mientras tanto compran ropa y útiles escolares nuevos o reciben donaciones de familiares y amigos.
“Nos derrumbaron la vida”, dice Elisa Muñoz, una de las vecinas del edificio de Pedro Goyena 555, en Caballito. Dentro del PH de 125 metros cuadrados en el que vivía con su hija de 11 años quedó todo excepto la ropa de verano que cabe en una valija. Cuando la obra en construcción lindera se vino abajo ellas estaban de vacaciones y con eso viven. “No sé qué más podríamos haber hecho. Usamos todas las vías institucionales y aún así nos tiraron la casa abajo y nos destruyeron la vida porque de un día a otro nos quedamos sin nada. Una vecina hacía un año que tenía juicio con la constructora, hicimos 30 denuncias en total. Yo tengo una en la Defensoría del Pueblo. Así y todo quedamos sin nada en un momento político social y económico tremendo. Es muy violento todo”, le cuenta a elDiarioAR.
Desde aquél 8 de febrero cuando la noticia se transmitió en directo por todos los canales de televisión tras la muerte de dos ancianos, la situación no cambió mucho. A través de otra constructora, el gobierno porteño finalizó la demolición del departamento 14 que estaba en la medianera e hizo los trabajos de apuntalamiento para contener de lado a lado. Pero los vecinos y vecinas siguen esperando poder ingresar a sus casas para retirar elementos básicos como documentación, ropa, material de trabajo o medicación.
Los días posteriores al derrumbe, Tania Ataliva y sus hijos fueron a vivir a casas de sus familiares, después aceptaron ir a un hotel que ofreció el gobierno y finalmente consiguieron que la constructora MAB INVERSIONES S.R.L se hiciera cargo de seis meses de alquiler. “Fuimos al hotel, que era en otro barrio, y allí no tenía para cocinar o guardar la comida. No podíamos continuar con nuestra rutina por su ubicación, así que me tuve que ir. Tuve que salir a buscar un abogado y así luchar para conseguir un alquiler y poder vivir con mis hijos y mascotas ya que estábamos repartidos por distintos lugares. Cuando pasen los seis meses no sé adónde vamos a ir, la incertidumbre es total. Tuvimos que empezar de nuevo de la misma nada”, le cuenta a este diario.
El lunes pasado, después de que se cumplió un mes del derrumbe, el gobierno de la Ciudad los convocó a una nueva reunión en la que se comprometió a terminar el pasillo de andamio para fines de esta semana y así poder ingresar a las casas a retirar algunas pertenencias. Sin embargo, es posible que se dilate unos días por la lluvia. Esta no es el primer encuentro con funcionarios, ya se hicieron otros de las que participaron el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el de Seguridad, Diego Kravtez. “Estamos pasando todo el tiempo por la obra, mirando si hay avances. Es muy desgastante porque tenemos que pasar varias veces al día para ver cómo sigue, para enterarnos por los obreros o los bomberos. O suponemos por lla ausencia de elementos de trabajo que está parada. Es muy desgastante porque necesitamos un canal más fluido entendiendo nuestro estado emocional”, explica Elisa Muñoz.
Desde el Ministerio de Justicia porteño le indicaron a elDiarioAR que emitieron un subsidio excepcional para cubrir una primera tanda de necesidades básicas (ropa, uniformes y útiles escolares) hasta tanto puedan ingresar a sus casas. Sin embargo, no todas las familias lo aceptaron porque no estaban de acuerdo con la descripción de lo que debían firmar para aceptarlo. Además, desde esa cartera sostuvieron que entregaron medicamentos “a quienes requirieron para que no discontinúen sus tratamientos y no tenían cobertura o receta”. Sin embargo, no todos lo recibieron. “Mis hijos, de 16 y 17 años, tienen un tratamiento prolongado para la piel y no le dieron los medicamente. Fuimos asistidos por amigos y familia y tenemos cosas prestadas”, cuenta Ataliva.
La Dirección General de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia es el organismo encargado de la comunicación con las familias y, según informaron, desde el gobierno trabajan en un proyecto de ley para que la Legislatura exima a los afectados del ABL del 2024.
Otro de los problemas fue el de los materiales para el inicio de clases. Algunas familias recibieron aportes de la constructora y otros del gobierno porteño, pero fueron insuficientes. “Aceptamos que la empresa nos dieran útiles: repuesto de hojas y carpetas. Pero yo le compre dos guardapolvos que me costaron $34.000 y me quedaron adentro. Hay vecinos que quedaron con lo puesto, nenes en pijama. El gobierno ofreció un subsidio pero muchos no aceptamos porque no estábamos de acuerdo con lo que había que firmar. Una familia de cuatro personas aceptó un subsidio de un millón de pesos y le dieron cheques de $50.000 que se podían cobrar uno por día en el Banco Ciudad”, describe Muñoz.
Conseguir un lugar donde vivir también fue un inconveniente. En un principio algunas personas se fueron a casas de conocidos hasta que encontraron un lugar para alquilar, que finalmente la constructora se comprometió a pagar después de conversaciones con el gobierno porteño. El arreglo es por seis meses y nadie sabe qué pasará después. “Una vez que termine el andamio para poder ingresar, el gobierno de la Ciudad queda liberado de las obras hasta que la fiscal no autorice cómo se sigue. Por ahora, la clausura persiste”, sostiene el abogado Alejandro Romano, dueño de una inmobiliaria en el edificio afectado y uno de los denunciantes previos.
La causa
Actualmente la causa tramita en la fiscalía de Flagrancia Oeste en conjunto con la Unidad Fiscal de Investigación N° 22 de la Ciudad, dirigida por Mariela de Minicis, bajo la carátula “estrago seguido de muerte”. “Hay una responsabilidad importante de la constructora porque aparentemente lo que hay es un alto grado de improvisación y mala ejecución. Lo que se está viendo es que aparentemente hicieron subsuelo más de lo permitido en el plano que presentaron en la municipalidad. A priori, la inspección se hizo y ellos después hicieron esta excavación”, explica el abogado a este diario.
Mientras tanto, lo urgente es entrar y retirar los elementos más importantes. “Tenemos todo ahí, toda nuestra vida”, dice Elisa Muñoz, que ya armó una lista de cosas que quiere rescatar: las fotos, las colecciones de su hija de RTS, un grupo de K-Pop, los libros que usa para su trabajo como investigadora y las plantas que estén vivas después de un mes. “Ayer terminé llorando porque llevé a mi hija a la escuela y quedamos las dos empapadas porque no tenemos un paraguas o un impermeable. Me resisto a comprar porque en casa tengo cuatro. Verte en esa situación de vulnerabilidad, llegando a la escuela empapada es muy violento”, agrega.
Luego de este caso se produjeron dos hechos similares. Uno en Palermo, en el que murieron dos obreros, y otro en Caballito. Según un informe de la Asociación Civil Defendamos Buenos Aires, “en la Ciudad de Buenos Aires hay 5.400 viviendas en peligro de derrumbe, entre departamentos, edificios, casas y obras en construcción”. En total, murieron cuatro personas en menos de un mes por estos casos.
CDB/ DTC