Cuenta Rafael Yuste, prestigioso neurobiólogo y profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York), que la preocupación real por los neuroderechos comenzó con los tratamientos con estimuladores cerebrales en pacientes con Párkinson o depresión. “Esos estimuladores suelen consistir en un electrodo que transmite corriente y disminuye los síntomas. A veces algunos de esos pacientes y sobre todo sus familiares, se quejan a los médicos de que cuando encienden el estimulador les cambia la personalidad. Que se convierten en otra persona. También puede pasar que el paciente diga que prefiere esa personalidad de cuando lleva el estimulador puesto”.
“Lo que ocurre con esos estimuladores es un ejemplo de lo se viene. Hay que tener en cuenta que son tecnologías antiquísimas comparadas con lo que se está haciendo ahora en el proyecto BRAIN: en animales de experimentación, tomamos el control sobre su cerebro con neurotecnología. Es algo que nos va a venir de frente”, dice Yuste.
El neurobiólogo es el creador de BRAIN (siglas en inglés de Investigación del Cerebro a través del Avance de Neurotecnologías Innovadoras), un estudio a 15 años que comenzó en 2013. Y una de las grandes apuestas científica del Gobierno de Barack Obama, quien lo financió con 100 millones de dólares, convencido de que el objetivo de BRAIN de mapear el cerebro podía ser un avance comparable a descifrar el genoma humano.
Yuste es una de las figuras centrales de esa investigación. También lo fue en la redacción de la “carta de derechos digitales”, un documento sobre cómo proteger los derechos y libertades afectados por las nuevas tecnologías elaborado por un grupo de expertos en diferentes campos a iniciativa del gobierno español. Durante su presentación, Yuste avisó sobre la necesidad de legislar los neuroderechos dado el rápido avance de las tecnologías capaces de interactuar con el cerebro. Casi todos los productos que están en el mercado tienen fines terapéuticos, pero las multinacionales tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares en investigar su potencial como tecnología de consumo. “Ahora mismo no están reguladas porque al no ser invasivas, la regulación que tienen es la de un teléfono móvil, la de cualquier dispositivo comercial”, explica.
Tras su presentación, el gobierno español sacó la carta de derechos digitales a consulta pública, un proceso que ha finalizado el viernes 4 de diciembre de 2020. El documento no tendrá impacto legal inmediato, por lo que algunos juristas la han tachado de “propaganda”. No obstante, Yuste defiende que el texto es “pionero” ya que convierte a España en el primer país europeo que plantea la protección de los neuroderechos de forma oficial. El texto recoge que “la implantación y empleo en las personas de las neurotecnologías serán reguladas por la ley” para “preservar la identidad individual como conciencia de la persona sobre sí misma” o “asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos o relativos a sus procesos cerebrales”.
Hasta ahora solo Chile ha dado un paso así en todo el mundo, aunque ha ido mucho más lejos que España. El Senado chileno aprobó esta semana por unanimidad reformar la constitución para incluir los neuroderechos e impulsar un proyecto de ley para definirlos. La iniciativa quiere detallar protecciones de la identidad mental, el libre albedrío o la privacidad de los datos cerebrales. También apunta a las tecnologías que podrían aumentar la creatividad, la atención o la inteligencia de personas sanas a través de la estimulación del cerebro, para las que quiere regular un acceso equitativo.
Es un aspecto que también toca la carta española: “La ley regulará aquellos supuestos y condiciones de empleo de las neurotecnologías que, más allá de su aplicación terapéutica, pretendan el aumento cognitivo o la estimulación o potenciación de las capacidades de las personas”.
Antes de que sea tarde
En un momento en que existen teorías de la conspiración que aseguran sin ningún fundamento que la vacuna del coronavirus esconderá nanochips de control mental, cabe recordar que todos los especialistas, académicos y profesionales, afirman que a día de hoy no existe ninguna tecnología capaz de leer el cerebro ni de implantar pensamientos en él. “Estamos muy, muy lejos de eso”, recalca Ana Maiquez, fundadora de Neuroelectrics, una compañía española que diseña neurotecnología con fines terapéuticos.
Es precisamente esa ventaja temporal la que ponen encima de la mesa para pedir una regulación “urgente” de los neuroderechos. “Es importante hacerlo antes de que sea tarde”, afirma Helena Matute, catedrática de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto, en conversación con elDiario.es. “Hay que definir hasta dónde queremos ir, cuándo hay que frenar y cómo hacerlo. Son tecnologías que pueden traer grandes beneficios si se utilizan bien, pero que pueden ser un desastre si se utilizan mal”.
Una de las principales vías de investigación se encuentra ahora mismo en la tecnología no invasiva, aquella que puede interactuar con el cerebro sin necesidad de implantes o cirugía. Neuroelectrics tiene en marcha dos estudios clínicos para demostrar que este tipo de dispositivos de estimulación cerebral pueden ayudar a pacientes que no responden a otros tratamientos, como niños con epilepsia personas con depresión. “A pesar de que somos una compañía médica, que está super regulada por las agencias de control, hay preguntas importantes sobre nuestra tecnología que no se responden en estos organismos”, explica Maiquez.
“Estamos hablando del órgano que define quiénes somos. Si tenemos tecnología que afecta al cerebro, la clave es: ¿está afectando a tu identidad? ¿A tu autonomía? Son preguntas que ahora mismo no se están haciendo”, expone Maiquez a este medio. “¿Qué va a pasar de aquí a 10 años, cuando estas tecnologías sean mucho más accesibles? Hay que empezar esas conversaciones ahora. Ahora bien, no sé si los neuroderechos son la única solución. Creo que hay que atacar este frente desde un debate mucho más amplio como sociedad, no solo es un tema de derechos”.
El ejemplo de las redes sociales y la Inteligencia Artificial
Hay un paralelismo muy habitual en las explicaciones de los expertos cuando hablan sobre la necesidad de regular de inmediato los neuroderechos: las redes sociales y la Inteligencia Artificial. Lo consideran un ejemplo de los problemas inesperados que pueden surgir a raíz del avance de nuevas tecnologías en entornos sin una legislación específica.
Pero hay otras cosas que coinciden. Una son los protagonistas, las multinacionales tecnológicas. Entre la lista de empresas que han invertido miles de millones en interfaces capaces de comunicar a las máquinas directamente con el cerebro aparecen nombres como Facebook, Microsoft o Elon Musk, fundador de Paypal y Tesla. La iniciativa de este último, Neuralink, es una de las empresas que está apostando más abiertamente por los implantes cerebrales. En el otro lado está Google, sobre la que también se sabe que está trabajando en esta tecnología, pero que no ha hecho ningún anuncio oficial.
La duda sobre los datos que utilizarán ese tipo de dispositivos para funcionar aparece en el horizonte. “Ahora mismo dan una información clínica, pero en cuanto se pueda inferir un estado de ánimo, o un biomarcador temprano de una enfermedad como el Alzheimer, ¿qué va a pasar si alguien puede acceder a esos datos a través de la tecnología? ¿Qué uso va a hacer de ellos? No es lo mismo que Facebook sepa qué automóvil te gusta o a qué partido votas, a que alguien tenga acceso a los datos de tu cerebro y sepa que puedes desarrollar una enfermedad neurodegenerativa en el futuro”, analiza Maiquez.
“Hay muchísima investigación que es pública, pero el problema hoy en día es que también hay muchísima también que es absolutamente opaca, liderada por gente como Mark Zuckerberg [fundador de Facebook] o Elon Musk. Algunas de las empresas más ricas del mundo están dedicando mucho dinero a la investigación de estos temas, pero solo nos enteramos de aquello que sacan comercialmente”, coincide Matute.
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