Se había escondido sin que pudieran ubicarlo durante 17 años. Cambió de identidad y de país y sus rastros se perdieron. Hasta que una noche cometió un error. Quiso escuchar de nuevo la voz de su papá y ese teléfono estaba intervenido. Unos días después, la Policía rodeaba su casa en Paraguay. Sergio Ricardo Almaraz (40) había escapado de una cárcel chaqueña en 2003, donde cumplía una condena a prisión perpetua por asesinar a balazos a dos remiseros. Había sido varios años uno de los presos más buscados de Argentina hasta que lo volvieron a detener a finales de enero.
En la Argentina hay más de 45.000 personas fugadas de la Justicia. A veces, apoyados por poderes políticos, ayudas policiales o criminales o simplemente porque supieron reciclarse sin llamar la atención hasta que se insertaron en un lugar. Pero, si la intención de los investigadores es detenerlos, casi siempre hay un momento de debilidad, alimentado por la soledad y la distancia. Los prófugos saben que no deben, pero una mañana se convencen de que no va a pasar nada. El cumpleaños del hijo, el Día de la Madre, un llamado por WhatsApp y hasta un mensaje de Facebook los han hecho caer.
Desde 2016, las búsquedas de prófugos se hacen a través del CUFRE (Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos), que coordina las acciones búsqueda de evadidos de las Unidades Penitenciarias, comisarías y hospitales en Argentina y la de los prófugos del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas por pedido de la Justicia Federal, Nacional y de las distintas provincias. También desde allí se articula la búsqueda con Interpol y agencias policiales extranjeras. Al CUFRE lo integran miembros de las fuerzas federales, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía Aeroportuaria y depende de la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Federal, del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Las personas más buscadas por el Ministerio de Seguridad de Nación integran una especie de ránking en el que se cruzan decenas de variables: la calificación del delito, la violencia con que lo ejecutó, si llevaba armas, si tiene un prontuario extendido, entre otras. Con toda esta información se arma una lista que está encabezada en este momento por policías, asesinos y violadores.
Pablo Gerez
Uno de los que más tiempo lleva en la lista de buscados es el ex oficial de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Pablo Martín Gerez. Se escapó hace más de 27 años después de que lo imputaran en la causa por el secuestro, torturas, asesinato y ocultamiento del cuerpo del joven albañil Andrés Núñez. El crimen ocurrió el 27 de septiembre de 1990, con las prácticas de la dictadura, que luego retomaría la Maldita Policía. Con la excusa del robo de una bicicleta, Núñez fue llevado a la Brigada. Los testigos vieron cómo le pusieron una bolsa en la cabeza, lo picanearon y le pegaron hasta matarlo. Luego lo llevaron a un campo, en General Belgrano y lo incineraron y lo enterraron. En 1995, a partir de la confesión de uno de los policías, encontraron e identificaron el cuerpo. En 2010 fueron condenados a prisión perpetua los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González. En 2012, tras estar prófugo 22 años, capturaron en Junín de los Andes, a otro policía ejecutor, Luis Raúl Ponce. Tiempo después fue sentenciado a reclusión perpetua. Otros cuatro policías aún hoy esperan juicio oral. El único que evadió a la Justicia fue Gerez. Pero como la Corte bonaerense resolvió que la causa no prescribe, su búsqueda continúa. La familia de Núñez denunció varias veces protección o inacción policial en esas tareas.
Tito Escobar Ayllon
En abril de 2015, una joven de 20 años llamada Manuela salió de un bar en Olleros y Alvarez Thomas, en Colegiales. Esperaba el colectivo en la parada pero no se sentía bien. Un taxi Chevrolet Spin frenó y el conductor le preguntó si quería que la llevara. Ella no tenía dinero y se lo dijo, el chofer le contestó que le pagara cuando llegaran a su casa. Manuela entró a ese auto que nunca llegó a destino. En algún lugar de Villa del Parque el chofer frenó el auto y se le tiró encima. La violó, la golpeó y la insultó. Luego la bajó y aceleró. A pesar del espanto ella pudo recordar la patente y el nombre de la empresa de radiotaxi. Al otro día fue con su mamá a hacer la denuncia. La Policía detuvo a otro conductor y lo tuvo imputado casi un año, a pesar de que ella no lo había reconocido en la rueda de sospechosos. El verdadero atacante, Tito Escobar Ayllon (50) siguió como si nada hubiera sucedido. Hasta que una noche, en un canal apareció un informe sobre el ataque y le confesó a su esposa que él era el agresor. “No me quiso pagar y la violé”, le mintió. A la mañana ella fue a denunciarlo a la comisaría. Pero cuando fueron a detenerlo ya no estaba. Escobar Ayllon es boliviano y nació en La Paz y se sospecha que regresó allí porque en la Argentina no tenía sostén para esconderse. Las sumas de recompensa por información fueron aumentando en estos años pero aún nadie entregó una pista firme sobre su paradero.
Jorge Luis Martínez Caballero
El policía bonaerense Walter Molfesse tenía 26 años el 7 de septiembre de 2008. Como estaba de civil y de franco, había ido a Lomas del Mirador, donde lo esperaba su hija chiquita y su ex mujer. Ellas estaban en una casa en la que se alquilaban habitaciones. Mientras los tres charlaban, de fondo se escuchaba la discusión de dos hombres por el partido de Eliminatorias que Argentina y Paraguay habían empatado en el Monumental. Primero fueron gritos y luego comenzaron a golpearse. La dueña de la casa lo fue a buscar a Molfesse y, por su condición de policía, le pidió que interviniera. El joven se acercó a la pelea y, cuando quiso agarrar a uno de los dos recibió una puñalada en la axila. A pesar de que lo llevaron al hospital Santojanni murió un rato después. El acusado del crimen, Jorge Luis Martínez Caballero, de nacionalidad paraguaya, salió del lugar sin bolsos. Se sospecha que consiguió fugarse por la frontera y que llegó a su país al poco tiempo del episodio. La familia de Molfesse sostiene que está en Pedro Juan Caballero, en el límite con Brasil. Allí vive un tío suyo al que se lo vincula con negocios con el narcotráfico y conexiones con el poder local. A pesar de un pedido de detención a nivel internacional aún sigue prófugo. Por información suya se ofrecieron 250.000 pesos y luego la cifra se duplicó.
Willy Blanco Condori
Era a comienzos de agosto de 2012. Valeriano Muñoz Alvarez y su esposa Felicia trabajaban en un taller textil y vivían en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores. Sus largas jornadas laborales hacían que su hija mayor, Lisbeth, de 14 años, se encargara de ir a buscar a sus hermanos más chicos á la escuela y hacerles la comida. Nunca dejaba de cumplir esas tareas. Por eso, cuando una tarde no apareció, todos se alarmaron enseguida. La búsqueda y la denuncia por su desaparición fueron inmediatas y a las pocas horas su cuerpo fue hallado en la colectora de la Autopista Dellepiane y Larraya, a unas 30 cuadras de donde vive la familia. La autopsia informaba que había sido abusada y asfixiada. Las cámaras de seguridad corroboraron que se subió a un auto manejado por Willy Blanco Condori, que entonces tenía 27 años. Y que, desde ese mismo vehículo, arrojaron su cuerpo. La víctima y el supuesto victimario eran hijos de familias bolivianas del barrio. Cuando lo fueron a buscar a Blanco Condori ya no estaba y su auto había quedado abandonado en un taller mecánico. Luego se supo que dos días más tarde abandonó la Argentina por el cruce fronterizo Salvador Mazza, rumbo a Bolivia, en un micro de la empresa Flecha Bus. El 28 de septiembre de 2012 se dictó la captura nacional e internacional. Pero lleva prófugo más de ocho años.
Maximiliano Espinillo
Maximiliano Espinillo era primo y ahijado de la madre de Antonella, una nena que tenía 12 años en 2005. La familia tenía “confianza absoluta” en él y por eso la dejaban a su cuidado. Los dos se quedaban solos mucho tiempo. Espiño era nueve años más grande que Antonella. Ella comenzó a tener picos de angustia en la adolescencia con internaciones por intentos de suicidio. Fue entonces que pudo contar que Espinillo había abusado de ella desde los cinco años. Hizo la denuncia y lo llevaron a juicio en 2015. El Tribunal Oral de Menores Nº 3 lo condenó a seis años de prisión. Espinillo apeló y la causa fue a Casación, donde lo volvieron a encontrar responsable de abuso, corrupción agravada, amenazas y por los daños físicos y emotivos que le provocó. En ese momento decidió escapar. Desde entonces, Antonella pide que la ayuden a encontrarlo. Denunció varias veces que trabaja en la zona de Barracas y Constitución. En este momento, Espinillo tiene 38 años y ella 27. “Sólo cuando lo detengan voy a tener paz”, puso en un posteo en Facebook.
AM