Un secuestro que terminó en crimen, abogados que chantajeaban a narcos, las causas que condujeron al juez federal Bento

Todo comenzó hace casi un año. El 28 de julio de 2020, el ex despachante de Aduana Diego Aliaga desapareció misteriosamente cuando iba a mostrarle a una mujer una construcción que había comprado en Guaymallén, en Mendoza. Aliaga nunca salió de ahí. Luego de que a su familia le pidieran rescate fue asesinado. El cuerpo de Aliaga fue encontrado casi un mes y medio después a 50 kilómetros de donde se lo vio por última vez, luego que un arrepentido dijera dónde lo habían enterrado. La investigación por el crimen avanzó y en los teléfonos de Aliaga encontraron repetidas llamadas a narcos a los que les ofrecía mejorar su situación judicial a cambio de dinero. En ese teléfono -perdido en el secuestro pero del que se pudo recuperar la información- los peritos de la Policía provincial  encontraron al menos 265 llamados vía Telegram entre Aliaga y el juez federal Walter Bento. Por el crimen del ex despachante están detenidos su socio, los hijos y la esposa de este último, pero luego de que se los apresara, se abrió una causa nueva que comenzó a investigar una organización que, según el fiscal que los investiga, estaría integrada por el juez, cuatro abogados y un comisario, que supuestamente le cobraban a los narcos y que lavaban el dinero que se quedaban de esas maniobras.    

En esta historia aparece un capo narco buscado desde 2015 por intentar traficar 244 kilos de marihuana hacia Chile: Walter Bardinella Donoso. En el celular de Aliaga y de otro abogado quedó registrado cómo negociaron la entrega de Bardinella Donoso. Ellos le dicen que pueden conseguirle la excarcelación y hablan de los contactos que tienen en el fuero federal. En los teléfonos se refieren a un juez al que mencionan como “El número 1”. Luego el narco les pregunta cuándo van a meter el escrito para que se pueda entregar y le responden que tienen que esperar porque “El 1 llega el 2”. Según argumentó el fiscal general Dante Vega, en los registros de licencia y viajes del juez Bento figuraba que se había ido de vacaciones y que llegaba el 2 de enero de 2020.

Luego de que Bardinella Donoso se entregó se hizo una ronda de reconocimiento y una mujer no lo identificó. En la causa se menciona que a ella le pagaron para que así lo hiciera, a pesar de que lo conocía. Esa causa la investigaba Walter Bento, pero el día de la resolución pidió una licencia y dejó que la falta de mérito la firmara otro de los jueces federales, Marcelo Garnica. Este es uno de los 10 casos que le imputan a Bento. 

En el procesamiento firmado por el juez de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, se describe con muchos detalles cada una de estas maniobras. Se cuentan casi calcadas como Aliaga y los abogados Jaime Alba, Martín Ríos, Luciano Ortego y Alejandro Aramayo, se contactan con narcotraficantes para proponerles arreglos judiciales y también extrajudiciales. Para estos últimos casos, los abogados se valían de información que les entregaban policías sobre futuros allanamientos o detenciones que iban a sufrir. Los alertaban y cobraban por eso. También les aclaraban que si no aceptaban el arreglo y los detenían, dentro de la cárcel los valores serían mayores. Las cifras supuestamente cobradas a los narcos llegan hasta los 800.000 dólares. En el expediente aparece un papel con ese plan de pagos, en el que el traficante se comprometía a pagar una cifra en efectivo, una lancha, dos departamentos y otra parte a crédito. Los imputados recibían excarcelaciones primero y luego se les “alivianaba” la calificación del delito y terminaban dictándole la falta de mérito o el sobreseimiento.

En el expediente aparecen seis testigos que declaran que los llamó Aliaga. Este tenía muchos contactos en el mundo de los contrabandistas. Aliaga además era informante de la Policía, según aparece en una de las listas de esa fuerza provincial. Según la Fiscalía, respondía al comisario José Moschetti y por eso tenía información de primera mano de los operativos contra los narcos. 

Desde que comenzó la investigación contra Bento, distintos jueces y fiscales se fueron excusando para no tener un caso tan delicado. Primero le cayó al juez Garnica, que pidió no tener la causa por la falta de mérito firmada a Bardinella Donoso. La primera fiscal del caso se excusó y luego hizo lo mismo el fiscal federal Fernando Alcaraz, hasta que la causa le cayó al fiscal general Dante Vega y al juez Puigdéngolas, quienes fueron recusados sin éxito por Bento. “Soy víctima de un caso de lawfare concebido por un inescrupuloso fiscal, un juez de primera instancia y ciertos jueces de Cámara”, declaró Bento, quien sostiene que la causa está armada para desplazarlo de su cargo y poner a un juez electoral afín al gobierno de la provincia, que es de Cambiemos. Esto suena al menos curioso ya que a Vega justamente se lo señaló varias veces como cercano a Justicia Legítima, un agrupamiento judicial cercano al kirchnerismo. Los que miran de cerca la causa no descartan que haya distintos sectores que les interese el cargo de Bento, pero sostienen que sobra prueba en su contra.  

Bento es probablemente el juez con más poder político de Mendoza. Magistrado con competencia electoral, en estos días debió resolver sobre las candidaturas para las PASO del mes que viene y por esa razón hay muchos sectores que hasta ahora se cuidaron de sugerir su desplazamiento. En este momento, a pesar de la feria, Bento está en su despacho del Juzgado Federal Nº1 porque se encuentra de turno. Además, en breve deberá resolver si permite la presentación de candidatos en listas colectoras, como pide el peronismo mendocino y si deja que el gobernador Rodolfo Suárez se presente como candidato a Senador suplente, algo prohibido por la Constitución provincial. Esta situación es delicada pensando en los miembros radicales y peronistas dentro del Consejo de la Magistratura, organismo que ya admitió la denuncia e inició formalmente una investigación contra el juez.

Tanto en la investigación judicial como en la del Consejo están bajo la lupa los bienes de Bento y su esposa, María Isabel Boiza, secretaria de otro de los juzgados federales. El juez Puigdéngolas les dictó un embargo a los dos que  ronda los 230 millones de pesos y se los acusa de tener un crecimiento patrimonial injustificado. A la pareja y a dos hijos que también son empleados judiciales, se los investiga por inversiones, fideicomisos, casas en barrios privados, autos de alta gama, locales comerciales y una enorme cantidad de viajes a lo largo de todo el mundo. Desde 2010 a la fecha, la pareja estuvo en el exterior más de 1.000 días, muchos de ellos, entre Las Vegas y Miami. En este último destino, los fiscales verificaron que siempre van al mismo departamento de la avenida Collins 16445 y sospechan que es de una sociedad vinculada al matrimonio y en breve pedirán un exhorto para poder determinar si es así.

AM