Entre 1998 y 2015, la Iglesia Católica registró a su nombre más de 35.000 bienes inmuebles gracias a una modificación del reglamento hipotecario que aprobó el Gobierno de José María Aznar y que facultaba a la Iglesia Católica, y solo a ella, a autoadjudicarse inmuebles con la mera firma del obispo de la diócesis donde cayera ese bien como prueba de su propiedad. Sin embargo, ahora la cúpula eclesiástica ha admitido que más de 2.500 de esos bienes acabaron en los registros de inmatriculaciones por “errores”. De estos, 1.027 se han remitido de forma detallada al ejecutivo.
Esta revisión surge de la negociación entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Gobierno que empezó el pasado febrero, después de la publicación de la lista de bienes inmatriculados. Durante estos meses la CEE ha analizado el listado para verificar, a través de sus diócesis, que los datos fueran correctos. Así ha encontrado “un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo”. Los obispos ven problemas en una pequeñísima parte de las decenas de miles de inmuebles que apuntaron como suyos sin un título de propiedad, y ese problema se reduce a que no deberían entrar en esa lista por diferentes razones.
En su análisis, la CEE ha dividido los bienes que considera que no tendrían que estar en la lista entre registros duplicados (111), bienes inmatriculados o adquiridos por otros títulos antes de 1998 (746), adquiridos por compraventa, permuta o herencia durante el período (691), pertenecientes a comunidades u otras entidades religiosas (84), bienes no identificados por falta de datos (608), propiedades sobre las que no consta inmatriculación (31), otros errores (28) o bienes que ya no son propiedad de la Iglesia porque fueron vendidos, donados o expropiados (276). Según los datos que maneja el Gobierno se incluyen aquí 122 fincas y viviendas obtenidas por este mismo método.
El pasado lunes el Gobierno se refirió a una lista de cerca de un millar de bienes pero en el documento finalmente publicado se incluyen 1.027 bienes, correspondientes a las últimas cinco categorías descritas en el párrafo anterior. La clasificación de estas propiedades según el “error” explicado por la Iglesia se puede ver en el siguiente gráfico. Se han separado los templos o otros lugares religiosos de bienes inmuebles no religiosos, como casas, fincas o garajes.
A partir de ahora, “la previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos”, explicaba la nota conjunta de Moncloa y la Conferencia Episcopal. Sin embargo, los obispos han descartado el verbo “devolver” porque consideran que estos bienes no son de su propiedad y el error es que figuren como tales.
La siguiente tabla permite ver la lista completa de esos bienes que constaban como inmatriculados en toda España y de los que la Iglesia se desentiende. En las últimas columnas se detalla el motivo de su incorporación errónea en el registro de inmatriculaciones.