La reelección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la AFA tuvo una respuesta casi inmediata por parte del Gobierno Nacional. Fue a través del responsable de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Roque Vítolo, quien fue directo tras lo actuado durante la Asamblea ordinaria realizada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. “El proceso se dio de forma ilegal y no va a ser convalidado”, anticipó.
“Las acciones de Tapia lo exponen a graves sanciones que podrían llegar a comprometer su continuidad en el cargo como Presidente de la AFA”, dijo. A su vez, destacó que “nadie está por encima de la ley, Tapia y el resto de los dirigentes deben respetar la resolución de la IGJ”, que había solicitado no someter a votación determinados puntos del orden del día estipulado.
“Cometieron además el delito de desobediencia judicial y actos societarios indebidos. Los puntos tratados en la Asamblea son nulos y vamos a tomar las acciones legales que correspondan en la Justicia”, remarcó.
Además, Vítolo fue contundente al señalar las posibles implicaciones legales: “Están violando la ley y el estatuto, y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal”.
El presidente reelecto de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, recordó de manera particular la fallida elección de 2015 que terminó 38 a 38 -con 75 asambleístas para votar-, cuando enfrentó a Marcelo Tinelli para ser el sucesor de Luis Segura.
A la Asamblea de AFA fueron como veedores de IGJ el director nacional de Entidades Civiles, Juan Carlos Pratesi, y los inspectores Mara López y Ariel Delgado. Controlaron la legalidad del acto y advirtieron a los asambleístas y las autoridades sobre la vigencia de la resolución de IGJ que dispuso que no puedan tratarse los temas de la reelección ni de cambio de estatuto, que entre otras cosas modificaba el domicilio de la sede principal del fútbol argentino, mudando la jurisprudencia de Capital Federal a la Provincia de Buenos Aires.
El cambio del estatuto de AFA y la reelección de Tapia
El cambio de estatuto en cuestión no solo buscaba la reelección de Tapia, sino que también incluía la modificación del domicilio legal de la AFA. El nuevo estatuto proponía mudar la sede de la entidad desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la Provincia de Buenos Aires, lo que implicaba un cambio de jurisdicción legal. Este tipo de modificaciones requerían, según la IGJ, un proceso transparente y ajustado a las normas vigentes, lo cual, de acuerdo con la inspección, no se respetó.
La situación plantea un escenario complejo para el futuro de la AFA y su liderazgo. En términos legales, la reelección de Tapia podría quedar anulada si se confirman las irregularidades señaladas por la IGJ. Además, los miembros de la Asamblea podrían enfrentarse a procesos judiciales si se determina que sus acciones constituyen una violación de las leyes vigentes.
El conflicto entre la AFA y la IGJ no es un hecho aislado, sino que se inserta en un contexto de disputas más amplias sobre el manejo y la transparencia de las instituciones deportivas en Argentina. La relación entre el gobierno y la AFA ha tenido momentos de tensión en el pasado, y este nuevo episodio podría escalar si no se encuentra una solución dentro del marco legal.
En este sentido, la intervención de la Justicia será clave para determinar los próximos pasos en la disputa. Mientras tanto, Tapia sigue al frente de la AFA, aunque su futuro en el cargo podría depender de las resoluciones judiciales y administrativas que se tomen en los próximos días. Las acciones legales anunciadas por Vítolo podrían marcar un antes y un después en la conducción de la AFA y en la relación entre el fútbol argentino y las autoridades gubernamentales.
La respuesta del gobierno a la reelección de Tapia refleja también una creciente preocupación por la transparencia en las decisiones que afectan al fútbol argentino. El hecho de que la IGJ haya tomado una postura firme frente a lo ocurrido en la Asamblea sugiere que el gobierno busca evitar que se perpetúen prácticas que no se ajusten a la ley.
El desenlace de esta situación sigue siendo incierto, pero lo que es claro es que la disputa entre la AFA y la IGJ podría tener repercusiones no solo para la dirigencia del fútbol argentino, sino también para la gobernanza del deporte en el país en general.