Los protagonistas de la pelea del pasado viernes por las tarifas de luz quieren hacer como si todo hubiese pasado ya. En las huestes del ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguran que “siguen trabajando como siempre”, pese a que no pudieron echar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, defendido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el entorno de Basualdo desean que “todo se calme” y celebran que “por ahora baja la espuma”.
Sin embargo, detrás de la cinchada entre Guzmán y Basualdo por el aún irresuelto segundo aumento de tarifas de luz en el último semestre de 2021 sólo para los hogares de mayores ingresos, hay una pelea de fondo. En la Casa Rosada sostienen que el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acordaron con el ministro el despido de Basualdo con la aprobación de la jefa de la coalición gobernante, pero ella objetó cómo se instrumentó el desplazamiento con descalificaciones filtradas a los medios por parte de Guzmán contra la supuesta “incompetencia” del subsecretario a la hora de segmentar las tarifas.
La cuestión de fondo radica en cómo el Gobierno aborda la crisis sanitaria y la consiguiente crisis social. Se trata de una batalla por el rumbo económico. Y también de una pelea de fondo, pero de Fondo Monetario Internacional (FMI). Por un lado, Guzmán dijo hace un mes que la economía argentina no soportaría otro cierre total como en 2020. Está en contra de mayores restricciones a las actividades porque implicarían nuevas ayudas de emergencia a empresas y familias. Quiere contener el gasto público, incluidos los subsidios a la energía, porque advierte de que un aumento sólo podría financiarse con emisión monetaria adicional, que a su vez derivaría en tensiones con el dólar, primero en los mercados paralelos y después en el oficial. Con una devaluación no se podrían ganar las elecciones legislativas. Con crisis social tampoco.
Por otro lado, el ex ministro de Economía, gobernador bonaerense y principal consejero económico de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, aboga por más restricciones para evitar un colapso sanitario. De por sí los actuales cierres están llevando a que se caigan las changas de la economía informal y por eso el ministro de Desarrollo Comunitario bonarense, el camporista Andrés Larroque, el Cuervo, pidió restablecer el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ese mismo que Guzmán eliminó del presupuesto 2021 porque preveía que con una mayor afluencia de vacunas que la actual la Argentina evitaría sufrir una segunda ola de Covid-19. Fuera del cristinismo, pero dentro de los movimientos sociales oficialistas, Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación de Economía Social y líder de Barrios de Pie, también pidió volver al IFE.
El cristinismo pero no sólo el cristinismo pide cierres, ayudas, subir las jubilaciones y los salarios, después de un arranque de año de ajuste; un solo aumento de tarifas de energía en 2021 y de menos del 10% -ayer, Kicillof defendió a Basualdo y al incremento del 9% anunciado el sábado pasado- y la postergación del acuerdo con el FMI. Ayer mismo la vicepresidenta criticó otra vez al organismo en una serie de tweets en los que elogió el impulso del gasto público que emprendió el gobierno de Joe Biden, que, a diferencia de la Argentina, puede imprimir dólares sin demasiada preocupación por la inflación. En cambio, Guzmán quiere un acuerdo con el Fondo que le asegure la postergación de vencimientos de deuda, como el de mañana con el Club de París (naciones acreedoras, con Japón y Alemania a la cabeza) y otros venideros con el propio FMI. En lo que coinciden el ministro y la vicepresidenta es en que deben usarse los fondos ante la pandemia y no para abonar pasivos. Cristina Kirchner no pide la cabeza de Guzmán, pero sí quiere influir sobre ella. Y dio rienda suelta a las críticas contra él: no sólo lo las de Larroque y Menéndez.
También un director del Banco Nación que nunca fue cristinista como Claudio Lozano pidió ayer a Guzmán “modificar la orientación general de su política”, sin atarse tanto al FMI, aunque apoyó al ministro en la segmentación de tarifas. En sus últimos informes, el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (CESO), que dirige Andrés Asiain, columnista de Página/12, advirtió que la economía crecería menos de lo pensado, no sólo por la segunda ola del Covid-19, sino porque la inflación está resultando mayor al 29% anual previsto por el ministro, mientras que el Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), en un reporte de Pablo Manzanelli y Daniela Calvo con comentarios de Eduardo Basualdo -padre del subsecretario-, señaló que “las cuentas públicas tienden a equilibrarse a costa de la posibilidad de que la política fiscal actúe de modo expansivo para salir de la crisis”. El CESO organizó para hoy un debate por Zoom titulado “La inflación jaquea el programa oficial” con la participación de Asiain y la invitación especial a un economista ortodoxo como Martín Tetaz. En Economía admiten que “hay visiones contrapuestas sobre las condiciones necesarias para la estabilización”.
AR