“¿Qué pasará con la sociedad cuando las personas sean atendidas por médicas travestis, meseras, ingenieras?”, se preguntaba en una entrevista Lohana Berkins, activista por los derechos trans que murió en 2016. Su nombre está ahora, junto al de Diana Sacayán —asesinada en 2015 en un hecho que fue nombrado por primera vez por la Justicia como un travesticidio— en el título de la ley que la semana pasada impuso el cupo laboral trans en el Estado Nacional. La norma determina que se debe garantizar un mínimo del 1% de la planta para personas travestis, transexuales y transgénero y establece incentivos económicos para contrataciones en el sector privado.
Florencia Ugartemendia era incapaz de imaginar esa posibilidad algunas décadas atrás, cuando todavía no era abogada y su vida en la ciudad bonaerense de San Nicolás estaba marcada por el destrato y la dificultad para ganarse la vida. “Primero estudié peluquería, pero no podía hacer más que cortarle el pelo o hacerle la tintura a algún vecino o vecina —dice—. Si ibas a una peluquería y el que te atendía era gay todo bien, divino, las señoras coquetas lo amaban, pero no se dejaban tocar por una chica trans. Además en esos tiempos no se usaba ni siquiera esa palabra, eras ‘un travesti’: el pecado, lo peor que te podía pasar en la vida”.
Así recuerda los años previos al momento en que decidió hacer las valijas y mudarse a Buenos Aires, en 2011. En San Nicolás solo había conseguido un trabajo estable como telefonista en una mensajería, cuando tenía poco más de 20 y su transición era todavía un proceso incipiente. Cuando ese local cerró limpió casas, atendió la barra de un boliche, cuidó personas mayores; las únicas posibilidades que surgían por fuera de lo que parecía el destino inexorable para ella y que se había prometido a evitar, la prostitución.
“Me vine a Buenos Aires pensando en que me iban a dar trabajo en una peluquería y que iba a poder hacer castings para conseguir algo en el mundo artístico, que es mi verdadera vocación, y cuando llegué me pasó todo lo contrario”. Mientras las puertas se cerraban una detrás de otra y ella sentía que se le agotaba el tiempo y las opciones, Florencia se acercó a organizaciones sociales que le ofrecieron contención y le comentaron de una búsqueda laboral de personal de limpieza en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
“Era un trabajo en blanco, con aportes jubilatorios, obra social. Entré a trabajar y así fue cambiando mi vida para mejor. Pude pagar un lugar para vivir, tener una comida en la que podía elegir un poquito, empezar a comprarme alguna pilchita y así, con los meses, empecé a pensar en hacer algo más”, cuenta. Florencia se anotó en la carrera de Derecho de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y en 2019 se recibió de abogada. Mientras avanzaba en la carrera pasó de trabajar en limpieza a administración, luego fue asesora de Asistencia a la Víctima y hace dos años trabaja en el área jurídica de Inadi.
“A mí me dieron ese trabajo de limpieza y mirá todo lo que pude hacer. Entonces ¿qué faltaba acá? Oportunidades. Que la gente entendiera que somos seres humanos y merecemos los mismos derechos que cualquier persona”, dice Florencia desde su casa en Parque Chacabuco, donde por estos días trabaja en modalidad remota y espera la oportunidad de presentarse a audiciones para incursionar en el mundo artístico.
Según la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Travesti Trans, las personas que integran el colectivo travesti trans tienen una expectativa de vida de entre 35 y 40 años. Son alrededor de 40 años menos que la media de la población, lo que se explica por “la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, comenzando por su exclusión estructural del mercado laboral formal”.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, 70% de las personas travestis y mujeres trans se dedica al trabajo sexual o está en situación de prostitución y el porcentaje es más elevado entre las más jóvenes. Casi el 90% de quienes tienen entre 18 y 29 años vive de la prostitución y el 75% se inició en la actividad cuando todavía era menor de edad. La encuesta revela, además, que el 87,2% elegiría dejar la prostitución si tuviera acceso a un empleo.
“Yo no me quiero morir sin conocer lo que es el privilegio de estar sentada trabajando en un laburo formal, ese confort”. Eso fue lo que pensó Cecilia González cuando decidió terminar el secundario y estar preparada para lo que, confiaba, iba a ser una sociedad más abierta a las disidencia. Para ese entonces había pasado más de veinte años en la prostitución, una ocupación con la que sostuvo su hogar —y festejó cumpleaños y pagó viajes de egresados de sus hermanos— desde los 16 años.
La transición de Cecilia sucedió temprano, cuando tenía 14 años, y su familia la acompañó. Cuando se iba a trabajar su mamá la abrazaba fuerte y le decía “Cuidate, hija”. Los domingos su casa se abría a todas las compañeras que quisieran ir a compartir lo poco o mucho que tuvieran en la mesa. Era la “casa travesti” de Mar del Plata, recuerda. Aún así, con el respaldo de su núcleo afectivo, Cecilia no encontró ninguna posibilidad de inserción laboral formal, ningún modelo al que mirar.
Dejó la prostitución —algo que ella no considera un trabajo y no desea para otras personas— a los 37 años, cuando su pareja consiguió un mejor salario y pudo hacerse cargo económicamente del hogar que compartían. “Primero me puse a hacer un montón de emprendimientos sola, que se me cayeron todos. Si le das a elegir a cualquier persona si comprarle pan casero a una trava o a una mamá soltera y... ya sabemos cuál va a ser el resultado”.
Después estudió organización de eventos, curso que terminó con el mejor promedio de su clase. “Fue otra frustración porque veía que le salía trabajo a todos mis compañeros o que quedaban después de una pasantía y a mí nunca me elegían”. Cecilia recuerda que las entrevistas laborales a las que iba eran siempre “en tono de burla” y ella en el fondo sabía que estaba perdiendo el tiempo. “Ya en la fila se me reían, me empezaban a violentar el resto de las personas que iban a buscar el mismo laburo que yo”, cuenta.
Después de años de militancia por los derechos LGBTI+ y trabajo comunitario, en julio de 2020 ingresó a la Dirección de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense por la ley de cupo laboral trans, que en la provincia fue sancionada en 2015 y reglamentada en diciembre de 2019. “Soy una mera empleada administrativa, pero muy orgullosa de poder serlo. A los 45 años me asombro de lo que no tuve nunca”, dice desde su casa en Mar del Plata. Una de esas cosas que nunca tuvo y la asombran es una obra social.
Sus vecinos le preguntan de qué trabaja, dice que los descoloca ver a una travesti que no sale de noche, que no es esa figura monumental parada en las sombras de una esquina. “Cuando les respondo se sorprenden y hay un acercamiento.. como que me hace más humana”, explica. Y si bien la hace sentir bien, le parece injusto: “Hay tantas pibas que están en situación de prostitución que son buenas personas y se merecen el mismo respeto que cualquier trabajadora del Estado”.
Lourdes Arias es pedagoga y enfermera y llegó a dedo a Buenos Aires desde Santa María, Catamarca. “Salí con un bolso super chiquito, huyendo de una sociedad muy machista y conservadora”, reconstruye. Sin embargo, le pasó lo mismo que a Florencia y a tantas otras mujeres trans que emigran a la capital con la ilusión de conseguir un trabajo. Instalada en una pensión de San Telmo empezó a peregrinar sin suerte con su currículum.
“Todo me llevaba a pensar que para las mujeres trans la única forma de vivir era la prostitución. Lamentablemente tuve que hacerlo y es algo para lo que no estaba preparada. Fue un golpazo que hoy en día estoy tratando de superar”, cuenta. Pudo dejar la prostitución “de a poco”, en la medida que empezó a participar de organizaciones sociales que le ofrecieron algunas puertas de salida: un trabajo en una cooperativa de arte trans con la que hacían obras de teatro a la gorra, horas de docencia en el bachillerato popular travesti trans Mocha Celis.
Hace poco más de un año ingresó, por la ley de cupo, al Programa de Diversidad Sexual del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “Claro que te mejora la calidad de vida. Puedo acceder a una obra social, alquilar algo mejor. Me casé, estoy construyendo mi casita en Catamarca y es la primera vez que puedo decir que tengo independencia económica, que es algo que me ayuda un montón a la autoestima”, dice Lourdes.
Florencia, Cecilia y Lourdes aclaran que su situación es una excepción, que el empleo formal al que accedieron todavía se vive como un privilegio, cuando debería ser un derecho. La situación general del colectivo es otra y en lo que va del año 40 personas travesti trans fueron asesinadas. Por eso la marcha del Orgullo llevó este año el lema de “basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios”.
“Más allá del cupo, a muchas compañeras les va a costar ingresar porque el tejido social está dañado hace años. Es todo un proceso repararlo y adaptarse a horarios, órdenes de un jefe, a cumplir con el trabajo. Muchas compañeras no terminaron primaria o secundaria. Hay una camada nueva que está ingresando a la universidad, pero son las menos”, dice Lourdes. También hay casos de travestis y trans que acceden a un trabajo pero son recibidas por entornos hostiles que las someten a nuevas situaciones de discriminación.
Para Quimey Ramos, activista de la comunidad travesti trans y trabajadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), todo trabajo requiere un período de adaptación y más en esos casos en que se incorporan personas a las que se siempre les fue negado un empleo registrado y tienen que aprender de cero a lidiar con la burocracia de la formalidad: horarios, trámites, cuentas bancarias. “La adaptación tiene que ser comprensiva para que la persona logre mantener ese trabajo —señala—. Porque una internaliza lo que sistemáticamente escucha del exterior, que es que no corresponde que estés ahí y es probable que ante las frustraciones o el fracaso quieras salir”.
DTC