“Después de alentar a la selección vamos por la comida, las herramientas y por un salario que le gane a la inflación”. Así fue la convocatoria a la movilización que las organizaciones que integran la Unidad Piquetera iniciarán este martes a las 13 frente al Ministerio de Desarrollo Social. El reclamo llega incluso cuando el Gobierno realizó en las últimas horas dos maniobras para intentar aplacar los ánimos: definió un aumento en el monto de la Tarjeta Alimentar y buscará sellar esta tarde una nueva suba del salario mínimo.
Ayer a última hora la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció un aumento del 40% en el monto de la Tarjeta Alimentar, destinada a titulares de la Asignación Universal por Hijo, mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación, personas con discapacidad y titulares de pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos e hijas.
Con esta suba el monto se eleva a $12.500 para quienes tienen un solo hijo o hija a cargo, mujeres embarazadas y personas con discapacidad; a $19.000 para quienes tienen dos menores a cargo y a $25.000 para quienes tienen tres o más. Esta ayuda alcanza a 2,4 millones de familias, más de la mitad con un solo hijo (55,9%). En total, el refuerzo alimentario impacta en más de 4 millones de niños, niñas y bebés.
“Esta ministra cree en la inversión pública, es por eso que aumentamos el monto de la prestación alimentaria, que pasa de $27.616 millones a $38.519 millones, lo que significa un incremento de casi $11.000 millones en el presupuesto destinado directamente a las infancias y un incremento del 90% al programa en lo que va del año”, argumentó Tolosa Paz.
De todos modos, la decisión oficial llega poco después de que se conociera un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que muestra que entre julio y octubre hubo una reducción del 16,2% en los gastos primarios comparado con el mismo período del año anterior, lo que “contrasta con el comportamiento expansivo del primer semestre (+12,5%)”.
Según el reporte, firmado por Pablo Barousse, María Laura Cafarelli y Julieta Olivieri, el Ejecutivo ajustó en diez meses un 12,4% el gasto corriente interanual en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y 7,9% en las políticas alimentarias. Por otro lado, los subsidios a la energía se mantienen constantes y aumentan 11,7% las compensaciones al transporte. Pese a que se reducen algunos planes destinados a los sectores más vulnerables, sube el gasto en otros, como las becas Progresar (+65,4%) o el Potenciar Trabajo (34,1%).
En las organizaciones sociales denuncian que las entregas de alimentos a los espacios comunitarios sigue siendo deficiente y que se acumulan los meses de demora en la llegada de herramientas para quienes realizan tareas en el marco del Potenciar Trabajo, un programa que esta gestión ya anunció que no expandirá más.
Según anticiparon en una comunicación oficial, luego de manifestarse frente al ministerio de Desarrollo Social, los miembros de Unidad Piquetera se movilizarán al Ministerio de Trabajo, donde está programada para las 16 una nueva reunión plenaria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
“El salario mínimo de $57.900 no llega a la mitad de la canasta de pobreza ($139.738), y ni siquiera alcanza a la de indigencia, que supera los $62.000. Condena a millones de trabajadores y trabajadoras con trabajo registrado y por convenio, a jubilados y jubiladas, y a beneficiarios de programas sociales a la pobreza e indigencia”, argumentaron.
El salario mínimo es actualmente de $57.900, luego de haberse acordado un aumento de 45% en marzo y otro de 21% en agosto, con cuotas y revisiones que se adelantaron respecto de la diagramación oficial por la aceleración inflacionaria que caracterizó al 2022.
La suba del salario está retrasada respecto del aumento de los precios, sobre todo si se concentra la atención en lo que sucedió con los alimentos. La Canasta Básica Alimentaria aumentó 100,8% entre octubre de 2021 y el mismo mes de 2022, más de 12 puntos porcentuales por encima de la inflación general, que fue de 88% para el mismo período.
La de este martes será la primera negociación de este tipo encabezada por la ministra de Trabajo Kelly Olmos, quien se encontrará con representantes de tres centrales obreras y dirigentes de las cámaras empresarias. El resultado será determinante no solo para los trabajadores y empleadores que toman al salario mínimo como referencia, sino también para la prestación por desempleo y para la determinación del monto de algunos programas sociales. El pago mensual del Potenciar Trabajo, por ejemplo, es el equivalente a la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil y se actualiza atado a él.
En los últimos años se procuró seguir la inflación y no recomponer el poder de compra del ingreso mínimo y se subestimó el proceso inflacionario
Un informe del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la CTA de los Trabajadores, publicado en la previa de la discusión, asegura que el poder adquisitivo del salario mínimo tuvo una tendencia decreciente desde 2011. “En 2021-22 las negociaciones no lograron recomponer el poder adquisitivo y solo evitaron una nueva caída. En términos reales, se mantuvo el bajo valor de 2020. Se procuró seguir la inflación y no recomponer el poder de compra de ese ingreso mínimo y se subestimó el proceso inflacionario”, apunta.
Según el documento, este año el resultado promedio fue una baja del 1,6% y, considerando el salario de octubre, una interanual del 9,3%“. En este marco, propone que ante ”la imposibilidad de anticipar la inflación“ se realicen ”revisiones trimestrales“, porque solo para no perder poder adquisitivo ”serían necesarios en diciembre $63.856 en relación con ese mes del año anterior y $69.197 para recuperar el de diciembre de 2019, cuando se fue Cambiemos“. Además, la CTA puntualiza que para alcanzar el valor que tenía en el año 2015 el haber mínimo debería ascender a $90.000.
DT/MG