En un clima tenso por los planes de reforma del sistema de salud, lo sindicatos recibieron un gesto de parte del Gobierno. A través de la resolución 163/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, otorgó nuevamente un “apoyo financiero de excepción” para las obras sociales que hayan sufrido una caída en la recaudación durante el mes de diciembre de 2020, con relación a marzo del mismo año.
Según detalla el texto de la Superintendencia de Servicios de Salud, el objetivo de la ayuda es “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de Covid-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios.”
El monto del apoyo financiero para cada obra social será el resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones durante marzo de 2020 y la recaudación percibida durante el último mes. Según se precisa en el anexo de la norma, la diferencia total a cubrir entre todas las obras sociales es de $227 millones.
El dinero se repartirá entre 46 obras sociales, que experimentaron caídas en su recaudación de mayor y menor magnitud. Por caso, la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén tuvo una baja de 61,1% entre diciembre y marzo, seguida por la de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada, que cayó 55,6%. Del mismo modo, la obra social de Conductores de Remises y Autos al Instante registró una baja de 41,6%. En el otro extremo, la obra social de los trabajadores de Televisión, Actividad Minera, Enseñanza Privada y Luz y Fuerza sufrieron depresiones en sus cajas menores al 2% en diciembre.
No es la primera vez que el Gobierno gira dinero a las obras sociales para sostener su actividad en medio de la pandemia. En septiembre pasado, con el mismo argumento y la misma forma de cálculo (sólo que comparando agosto contra marzo de 2020), les otorgó $500 millones. También anunció medidas de este tipo en junio, momento en que no se incluyó el anexo con el monto, y en mayo del año pasado, por $1.200 millones. El dinero saldrá también esta vez del Fondo de Emergencia y Asistencia, creado en 2016 justamente para financiar “la asistencia en casos de epidemias o emergencias”.
La ayuda llega en un momento en que los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la necesidad de avanzar con una reforma del sistema de salud para volverlo más eficiente pusieron en alerta a los sindicatos, a cargo del subsistema de las obras sociales.
El universo de las obras sociales -que cuenta con aproximadamente 27,6 millones de afiliados y cubre al 62% de la población- está compuesto por alrededor de 300 entidades, pero sólo 20 dan cobertura al 50% de los afiliados, y las brechas de recursos disponibles entre obras sociales de altos y bajos ingresos es de 5 a 1.
En diálogo con elDiarioAR, Jorge Sola, secretario gremial del Sindicato del Seguro y vocero de la CGT, dijo que no considera que “en lo que concierne al sistema de obras sociales hubiera que hacer modificaciones de fondo”. “Creemos que todas las deficiencias que pudiera tener encuentran soluciones dentro del mismo sistema, de la misma ley, de la misma estructura. Para cada problema tenemos una solución, que ya hemos expresado con todos los gobiernos desde hace casi 15 años”, apuntó.
Incentivos fiscales para el sector salud y promesas de inversión
El Gobierno anunció ayer que dará una serie de incentivos fiscales para el desarrollo del sector de la salud en el marco de la primera reunión de la Mesa de Economía del Conocimiento para la Salud del Acuerdo Económico y Social.
Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Salud, Ginés González García dieron detalles sobre el Programa Nacional PRODUCIR+ SALUD, a través del cual se destinarán $350 millones para potenciar investigaciones y desarrollos de instituciones del sistema científico y tecnológico local.
El programa consiste en una serie de medidas acordadas entre las carteras de Desarrollo Productivo y Salud que apuntan al desarrollo del sector como por ejemplo un cupo fiscal por $350 millones para la promoción local de biosimilares y otros medicamentos basados en actividades de I&D local y un proyecto de Ley de Promoción de la Nanobiotecnología para la Salud que incluya la creación de un Centro Público Privado para maduración y escalado bajo normas GMP de nuevos desarrollos.
Además, anticiparon que se creará la Plataforma Argentina para Ensayos Clínicos, se dará impulso a un plan de producción nacional de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAS) y se promocionará la producción nacional de cannabis de uso medicinal.
Por otra parte, en esta mesa sectorial, las autoridades de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) ratificaron inversiones por US$ 300 millones para 2021 de sus empresas asociadas. Y adelantaron que, a partir de la puesta en marcha del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, tienen como objetivo fomentar inversiones mayores del sector en investigación clínica.
Por su parte, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) anunció inversiones de sus laboratorios nacionales asociados (Richmond, Bagó, entre otros) por $12.740 millones para el bienio 2021/22 (aproximadamente más de US$ 130 millones).
Con información de Télam
DT