El Gobierno anticipó un aumento del 50% en el monto de la Tarjeta Alimentar a partir del pago de febrero. La tarjeta, que puede ser utilizada sólo para la compra de alimentos, alcanza a 1,5 millones de familias, conformadas sobre todo por madres con hijos menores de 6 años. Con el aumento, cada carga de la tarjeta -que se concreta el tercer viernes de cada mes- implica un desembolso de $10.000 millones, que serán financiados parcialmente por un préstamo especial de US$300 millones que aportó el Banco de Desarrollo de América latina (CAF), idéntico al otorgado por la misma entidad en 2020. De esta forma, las madres con un hijo menor, que cobraban $4.000, ahora percibirán $6.000 por mes y el monto para quienes tienen dos o más hijos pasará de $6.000 a $9.000 mensuales.
Con el aumento de las tarjetas, el Gobierno apunta a sostener el poder de compra de las familias y alentar a una alimentación de mejor calidad. Según datos oficiales, en abril de 2020 el 62% del dinero de la tarjeta era destinado a leche, carne y frutas y verduras, pero en julio ese porcentaje cayó, junto con los ingresos de las familias por efecto de la pandemia, al 40%. Con las ayudas excepcionales de diciembre -que totalizaron $63.000 millones- el número mejoró, pero a fin de año apenas rondaba el 55%. La carne, las frutas y las verduras fueron justamente los productos alimenticios que mayor aumento tuvieron a lo largo de 2020.
Para Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social a cargo de la iniciativa, marzo es “el mes más duro para el bolsillo de las familias”. “En enero y febrero las familias gastan un poco más, hay un poco menos de changas en la medida que hay menos actividad y empiezan las clases, lo que implica un costo adicional”, explicó el funcionario a elDiarioAR. Esta situación se combina con un aumento en el precio de los alimentos, que en los últimos meses se dispararon por encima del promedio general de la inflación e impactaron con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos. Para Arroyo, “el precio de los alimentos es el problema más grave”.
“En un barrio si uno quita el tema del trabajo y del coronavirus los dos problemas más graves son el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias: la plata no alcanza, las familias se endeudan y lo más pobres se endeudan al 200% de interés anual, en la financiera de la esquina”, apuntó Arroyo. Para el funcionario, en los barrios populares se ve una reactivación de la actividad económica impulsada por los rubros de la construcción y la industria textil, pero que se ve desdibujada por los efectos de la inflación. “Hoy en el barrio el que se mueve engancha alguna changa, pero no rinde tanto la plata por el costo de los alimentos”, resumió.
En paralelo a las acciones de la Secretaría de Comercio -que comanda los programas de Precios Máximos y Precios Cuidados-, el ministerio que conduce Arroyo impulsa una serie de iniciativas puntuales tendientes a quitarle tensión a los precios de algunos insumos básicos. Entre ellas se cuenta la puesta en funcionamiento de una máquina desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que se utiliza para envasar en sachets y pasteurizar la leche producida por pequeños productores, que luego son vendidas en barrios humildes a menos de $40 el litro. Según señaló Arroyo, actualmente se trabaja con 13 unidades productivas, que producen 1500 litros de leche al mes y se buscará triplicar el el volumen en los próximos meses. Hay un programa similar en marcha con el pan: el Gobierno solventa, mediante el plan Potenciar Trabajo, el empleo en panaderías de barrios populares y otorga subsidios y créditos para el acopio de materia prima, lo que permite vender el pan a $70 el kilo en esos lugares.
Según la lógica del Ministerio, gran parte del costo de los alimentos radica en la intermediación, por lo que se puede obtener un precio más barato al generar que los pequeños productores coloquen sus productos directamente en las ferias y góndolas. En el mismo sentido, en el marco de la Mesa contra el Hambre -que funciona dividida en tres grupos de trabajo- se trabaja para generar sinergias entre pequeños productores. La intención es que, bajo el paraguas de una “marca colectiva”, puedan ubicar sus productos en las góndolas, con la ayuda de la reciente Ley de Góndolas, que obliga a las grandes superficies a diversificar sus proveedores.
Por otro lado, el Gobierno sostiene un plan para incentivar la producción de guardapolvos y útiles escolares en cooperativas, que el Ministerio de Desarrollo Social compra y reparte luego entre las familias de menores recursos.
Arroyo detalló que la intención no es sólo aumentar las transferencias directas a las familias más necesitadas, sino estimular la actividad. Lo que él resume con la fórmula “combinar derechos y trabajo”. “Por ejemplo, estamos construyendo o remodelando 800 jardines de infantes y eso es respetar el derecho a la primera infancia, pero además de eso es un gran plan de trabajo: moviliza a un montón de gente en la construcción y a maestras jardineras”, apuntó.
El ministro aseguró que se está “evaluando ampliar” el programa Potenciar Trabajo, que hoy engloba a 820.000 personas que reciben la mitad de un salario mínimo por cuatro horas de trabajo diarias. Si trabajan más, el empleador -ya sea público o privado- debe complementar ese salario.
DT