Una vez desatada la guerra interna del Frente de Todos (FdT) porque un tercio de sus diputados y senadores votaron en contra o se abstuvieron ante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Alberto Fernández se alistó en otra guerra, esta vez contra la inflación, la que viene perdiendo en sus primeros dos años de gobierno, como la había perdido Mauricio Macri en tres de sus cuatro años de gestión. Y lo hizo en medio de una verdadera guerra, la de Ucrania, que mata tanto como otras que se libran por el mundo sin mayor difusión, pero impacta como ninguna en materia económica a todo el planeta. Por eso, el Fondo, cuyos directores -representantes de los países miembros- aprobarán quizás con advertencias este viernes el pacto con la Argentina, admitió esta semana que su cumplimiento puede verse afectado por el conflicto bélico. No mencionó que su ejecución también puede complicarse por la contienda entre el Presidente y Cristina Fernández de Kirchner, con sus disciplinadas filas apostadas en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Para que se arribe a una solución a la invasión rusa a Ucrania, hay que entender sus causas. También en la guerra contra la inflación argentina se deben comprender los orígenes del alza, que ya alcanza al 52% anual. Entre los economistas más o menos ortodoxos, las razones del salto del 4,7% el mes pasado son las siguientes:
- El impacto del inicio de la guerra el 24 de febrero, que de inmediato repercutió sobre la cotización del trigo y en los precios de algunos alimentos, aunque su efecto en el encarecimiento de la comida y la energía se siente aún más en marzo. El Relevamiento Semanal de Precios Minoristas, que elabora Eco Go, la consultora de Marina Dal Poggetto, señala que en febrero la semana que más se encarecieron los valores de alimentos y bebidas fue la primera, un 1,9%, y en la cuarta, sólo el 0,8%. En marzo, en tanto, la primera semana arrancó con un 0,3% y la segunda saltó otra vez al 1,9%.
- La emisión monetaria siempre repercute con demora de unos meses, y en este caso el fuerte financiamiento del Banco Central al déficit fiscal mayor del último cuatrimestre de 2021 está dejando sus huellas. El rojo coincidió con medidas pro consumo antes de las elecciones legislativas de noviembre, pero también con la recomposición de jubilaciones, pensiones y asignaciones que prevé la ley de movilidad previsional.
- La inercia inflacionaria después de ocho años de inflación alta, ya no moderada (alrededor del 25%) como entre 2007 y 2013.
- Los actores económicos que se anticiparon en remarcar ante el anunciado aumento de tarifas de luz y gas del 20% en marzo.
- El mayor ritmo de depreciación del peso oficial, después de que en 2021 el Central de Miguel Pesce ralentizara su suba.
- El fin del congelamiento de precios que había impuesto el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que lo reemplazó en enero por Precios Cuidados que actualizan al 2% promedio mensual en el primer trimestre de 2022.
- El regreso a los aumentos de las naftas y el gasoil en febrero, que después se repitió en marzo, en el contexto bélico internacional.
- La falta de un ministro de Economía fuerte, dadas las críticas del cristinismo que arrecian sobre Martín Guzmán.
El economista menos ortodoxo de la ortodoxa Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Fernando Navajas, observa el fenómeno: “Estamos en una inercia que bien medida, en la inflación núcleo, muestra una velocidad crucero de 4%, es preocupante sí, pero yo no veo aceleración. La inflación es más inercial que A) lo que quisiera el Gobierno y B) lo que quieran los que ven aceleración, algunos con más ganas que datos”. En el banco norteamericano JP Morgan, dos economistas, la argentina Lucila Barbeito y el uruguayo Diego Pereira, redactaron un informe titulado “Inflación desatada” en el que pronostican un 62% para fin de año.
En la heterodoxia económica, que también tiene sus matices, Nicolás Zeolla (Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, FIDE), Andrés Asiain (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, CESO) y Sergio Chouza (Consultora Sarandí e Instituto Patria) también buscan los principios que impulsan la suba de precios actual:
- Impacto de la guerra de Ucrania desde la última semana de febrero, pero incluso desde antes. “(Joe) Biden venía anticipando que se venía una invasión y los mercados se adelantan”, observa Chouza. “Y en marzo será peor”, agrega.
- El shock inflacionario que ya afectó a todo el mundo en 2021, tras la salida de la pandemia, y que continúa reverberando.
- La inercia inflacionaria, “que hace que los shocks externos se amplifiquen y por eso pegan más acá que en el resto de Latinoamérica”, según Zeolla.
- La leve aceleración de la depreciación del peso desde fines de 2021.
- Subas de los combustibles y los peajes del mes pasado.
Es importante analizar cómo cada uno identifica las causas para prever los remedios que intentarán ante la enfermedad de la inflación. Ante la demorada declaración de guerra de Fernández de este viernes, los titulares de los medios se centraron en que se reforzará el ya existente fideicomiso para subsidiar los alimentos derivados del trigo. Al día siguiente, se oficializó cómo se los subvencionará: con un aumento de las retenciones al aceite y la harina de soja del 31% al 33%. Habrá que ver si el campo, beneficiado por la suba internacional de las cotizaciones de granos, reacciona con un cese de comercialización en tiempos en que la inflación azota la mesa de los argentinos, no sólo al 40% más pobre sino también al 50% de clase media. O si, como dijo el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Agricultura, Jorge Solmi, cada vez las fotos de las protestas agrícolas muestran menos gente. “Hay que implementar un mecanismo de desacople del shock internacional, que va a tender a moderarse en el mediano plazo; moderar el movimiento del dólar, apreciarte un poco, y ejecutar una canasta cuidada que te permita moderar el efecto en los de menores ingresos”, propone Zeolla, de FIDE. Del otro lado, en la reciente Expoagro el diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy dijo que la solución era dejar que los precios suban ahora para que en la próxima cosecha se eleve la producción y desciendan los valores. Es la misma receta del libertario Javier Milei, que atrajo público como ningún otro político en esa feria y que este viernes participó de una asamblea de productores en alerta por la suba de retenciones. Como advirtieron intelectuales albertistas y kirchneristas en su carta pidiendo la unidad del FdT, el riesgo de su fracaso es el regreso de la derecha, con su pegadizo discurso antiimpuestos que niega todo lo que el Estado hace bien, más allá de las repudiables erogaciones improcedentes. A la par de una inflación que carcome sueldos, cada vez más gente se anota en el sorteo de la dieta de diputado de Milei, que tampoco es el único que la dona. Carlos Heller, también presidente del Banco Credicoop, la destina a hospitales y los del Frente de Izquierda cobran como un maestro y el resto lo usan para el financiamiento partidario.
Programa
Pero más allá de las retenciones y el fideicomiso, en su discurso Fernández también habló de cómo el programa económico con el FMI ayudará a combatir la inflación, según su parecer. “Con el acuerdo, tenemos más instrumentos”, sostienen en el equipo de Guzmán, que alguna vez se definió como el más ortodoxo de los heterodoxos o el más heterodoxo de los ortodoxos. “Vamos a consolidar nuestras reservas del Banco Central. Vamos a promover la inversión y la producción nacional. Vamos a mejorar el financiamiento de las políticas públicas. Vamos a profundizar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para contener los precios y mejorar los ingresos”, sintetizó el jefe de Estado su plan contra la inflación. En septiembre pasado, Cristina Kirchner acusó al ministro de Economía de ajustador y lo presionó a un mayor gasto financiado con emisión. Ahora, en cambio, Guzmán se ha comprometido con el Fondo a tres metas por las que será evaluado cada tres meses: bajar el déficit fiscal, financiarlo con menos maquinita de imprimir billetes -a eso se refirió Fernández de manera implícita, quizás para evitar la crítica heterodoxa, cuando habló de “mejorar el financiamiento de las políticas públicas”- y acumular reservas.
Para reducir el rojo de las cuentas públicas, el ministro se encontrará con más choques como el que protagonizó esta semana con el secretario de Energía, Darío Martínez. Por las dudas, el camporista Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas, destacó esta semana que en el primer bimestre del año consiguió un beneficio operativo de US$ 14 millones, mientras en el Congreso resonaban las críticas opositoras al déficit final que presenta la empresa. Mientras, Guzmán analiza cuándo y cuánto subir los boletos de tren y colectivo y se prepara enfrentar una eventual resistencia de los interventores de los entes nacionales reguladores del gas (Enargas), Federico Bernal, y de la electricidad (ENRE), Soledad Manin, a convocar en abril a otra audiencia pública para subir otro 20% las tarifas al 60% de hogares de clase media, tal como se comprometió con el FMI.
Un integrante del Gobierno muy cercano al Presidente considera que, tras la división del FdT por el acuerdo con el FMI, debe restaurarse la convivencia en la coalición, pero si el cristinismo tiene voluntad de romperla, los albertistas tienen que prepararse para gestionar en soledad, con alianzas ocasionales en el Congreso con el peronismo de Juan Schiaretti, Roberto Lavagna y Florencio Randazzo y con los partidos provinciales que gobiernan Misiones, Salta, Río Negro, Neuquén y Chubut. “Nunca vi una oposición tan férrea dentro de un gobierno y que se aferren a los cargos. Gozan de los beneficios del poder del gobierno que ellos critican. Lo que no podés permitir es que esos jugadores te jueguen en contra, que vayan para atrás. Si lo hacen, hay que reemplazarlos. No podemos jugar a la política sino atender la situación económica y social de la gente, llamar a empresarios y sindicalistas. No importa que Alberto esté cansado. No importa que los 'progres' albertistas del Gobierno piensen que está todo bien”, opina el referente cercano al jefe de Estado. Analistas como Artemio López advierten de que la fractura del FdT ya se dio antes, en las urnas de 2021, cuando 4 millones de argentinos que lo habían votado en 2019 dejaron de hacerlo. Ante una situación alarmante, quizás no sea la solución más adecuada la del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de no negociar con las organizaciones sociales opositoras que cortan las calles o quitarle el plan Potenciar Trabajo al que comete el delito de apedrear el despacho de la vicepresidenta o a un policía, más allá de que cumpla o no la media jornada laboral que es requisito para acceder a ese subsidio. Mientras, pasó casi desapercibido el ataque de anónimos que este 6 de marzo con palos y piedras destrozaron los vidrios de la sede de la Universidad Popular de Barrios de Pie, en el Abasto, donde se capacitan los que reciben ese plan. La organización denunció una zona liberada por la Policía de la Ciudad.
Pero volviendo a la economía, para financiar el déficit con otras fuentes distintas al Banco Central, en el Gobierno admiten que el FMI “pide ir al taco” financiándose en el pequeño mercado local de capitales, pero esperan seguir ampliándolo, como vienen haciéndolo hasta hora, en parte gracias a que hay pesos encerrados por el cepo cambiario, en parte por la suba de tasas de interés, y confían en lograr lograr el objetivo de conseguir allí un 2% del PBI, el doble que el financiamiento monetario, siempre y cuando la macroeconomía acompañe. En el Ejecutivo, a su vez pretenden que el Estado tampoco le quite todo el crédito al sector privado sino que también fluya hacia allí y hacia proyectos de infraestructura, como el gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá aprovechar el gas enterrado en Vaca Muerta, pero que no llegará a tiempo para este invierno, en plena crisis energética mundial, sino, con suerte, en el de 2023. También se busca más financiamiento multilateral, como el que logró el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, del Banco Mundial y de la Corporación Andina de Fomento (CAF), o el canciller Santiago Cafiero, de los fondos de desarrollo de Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes y Qatar, más allá de su mala pronunciación en inglés. A su vez, habrá que mejorar la recaudación tributaria. El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, no sólo está viajando al interior persiguiendo estafas con criptomonedas, sino que mantiene contactos con sus pares de Brasil, México y Uruguay para idear regulaciones contra la evasión y el lavado de dinero mediante criptoactivos, sin tampoco dañar al sector en sí.
Por último, para acumular reservas, se corre el riesgo de frenar importaciones necesarias para la producción, como advierten desde el cristinismo hasta los empresarios industriales. También será necesario seguir subiendo el dólar oficial y acotando la brecha con el paralelo. El contado con liquidación, que llegó a $ 233 a fines de enero, antes del anunciado del acuerdo con el FMI, ahora cotiza a 201, un nivel más moderado, pero aún alto.
Parte de toda esta receta oficial contra la inflación surge de la cabeza del secretario de Política Económica, Fernando Morra, que publicó en 2014 su tesis de maestría en Economía que se llama “Moderando inflaciones moderadas” y que evaluó 108 experiencias de 76 países que redujeron sus índices de precios. En promedio, se tomaron cuatro años, pero Chile demoró 14; Colombia y España, 11; México, ocho e Italia, siete. Morra analizó qué hicieron Chile y Colombia para lograrlo. Para empezar, partieron de un déficit fiscal no tan alto (lo que no sucede en la Argentina), de unas tarifas de servicios públicos elevadas (eso ocurría en 2019, pero ya no en 2022) y de un peso depreciado (en nuestro caso aún lo es, pese a la apreciación de 2021). Deliberadamente buscaron disminuir la inflación en forma gradual, no rápida. Reemplazaron el financiamiento del Banco Central por el del mercado, como pretende Guzmán. Mantuvieron tipos de cambio altos, y para ello evitaron el ingreso de capitales especulativos mediante controles. También trabajaron para evitar el traslado de la suba del dólar a los precios. No definieron metas de inflación explícitas, a diferencia de lo que sugiere la ortodoxia. Sostuvieron tasas de interés elevadas, como ahora busca Pesce. Los salarios fueron ganándole año a año, pero poco a poco a la inflación. Y para todo ello se empeñaron en ganar la confianza de los actores económicos, es decir, inversores y sindicalistas. Este el capítulo quizás más difícil de alcanzar para el gobierno actual. “Va a ser muy complicado”, sostiene el dueño de una de las grandes fortunas argentinas. “Muy complicado todo”, dice casi calcado la mano derecha de otro multimillonario. “El acuerdo con el FMI nos reinserta en el mundo, pero debilitó la figura del Presidente. Y la guerra contra la inflación es una lucha actual que enfrentan con armas de pasado. No solucionan el problema de fondo, que es el tamaño del Estado”, opina otro empresario de peso, en línea con el discurso que los intelectuales oficialistas quieren que vuelva a convertirse en hechos en 2023.
AR