Pese a la persistencia del sueño de la casa propia, alquilar es la única manera que gran parte de los argentinos y argentinas tiene actualmente para acceder a una vivienda. Dentro del gran universo de inquilinos e inquilinas hay situaciones muy heterogéneas, pero las mujeres y los jóvenes se llevan la peor parte.
“En un contexto de incertidumbre económica y precariedad laboral, el peso creciente del alquiler en la economía de los hogares, el riesgo de que se interrumpan los ingresos y la posibilidad de un desalojo hacen que alquilar sea una situación habitacional cada vez más frágil”, señala un informe conjunto del Centro de Estudio Legales y Sociales y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (Idaes-Unsam).
Ambas instituciones realizaron una encuesta telefónica a hogares inquilinos del área metropolitana de Buenos Aires y sobre esa base elaboraron el Índice de Vulnerabilidad Inquilina (IVI). Este instrumento contempla un conjunto de 12 variables que van de la calidad de la vivienda al grado de dificultad para pagar el alquiler, pasando por factores como si el contrato es escrito o de palabra, si se arrastran deudas o se identifica un mayor riesgo de desalojo.
De acuerdo con este indicador, “los hogares cuyo sostén económico es una mujer o una persona trans-travesti o no binarie se encuentran en mayor proporción en una situación de alta vulnerabilidad que aquellos hogares cuyo sostén económico es un varón”. La mayor dificultad de esta población para acceder un trabajo formal hace que en general esté más endeudada, la proporción de ingresos que destine a pagar el alquiler sea mayor y el tipo de vivienda que alquile sea más precario.
Concretamente, en el caso de los hogares sostenidos por mujeres y personas trans-travesti o no binaries la alta vulnerabilidad llega al 34% y 38%, respectivamente, mientras que en aquellos hogares que son sostenidos por un varón, la alta vulnerabilidad se reduce al 26%.
Esta situación se agrava en los hogares con menores u otras personas que requieren cuidados. De acuerdo con el informe, quienes sostienen económicamente estos hogares tienen una posición más débil para negociar condiciones laborales; al tener personas a cargo, no pueden asumir el riesgo de tener interrupciones en sus ingresos. En contextos como los del aislamiento social por la pandemia, cuando las redes e instituciones de cuidado se vieron interrumpidas, debieron permanecer en sus hogares, lo que afectó aún más sus ingresos. Además, en general tienen mayores dificultades para alquilar, ya que con frecuencia les locadores no aceptan a familias con menores (en hoteles familiares es casi imposible), por lo que en esa relación también tienen una posición más débil y consiguen peores condiciones.
El 35% de los hogares inquilinos con niños, niñas u otras personas que requieren cuidados tienen alta vulnerabilidad, pero si el hogar está sostenido por una mujer llega al 40%. El contraste es muy marcado con los hogares inquilinos en los que no hay personas que requieren cuidados: en ese sector la alta vulnerabilidad se reduce al 15%.
En cuanto a las diferencias por edad, la franja etaria de entre 16 y 29 años registra el mayor nivel de vulnerabilidad: 33%. Esta proporción desciende a medida que crece la edad del sostén de hogar. Los más jóvenes tienen mayor tendencia a alquilar solamente una habitación, y a alquilar “de palabra”. Además, tienen menor estabilidad habitacional, según detalla el estudio.
Les inquilinos de villas y asentamientos también concentran altos niveles de vulnerabilidad. En esta población la alta vulnerabilidad alcanza el 44%, contra el 26% de quienes lo hacen en el resto de la ciudad. Además, el alquiler en estos barrios populares necesariamente es de palabra, por lo que quedan excluidos de los mecanismos de protección previstos, orientados generalmente a quienes alquilan con contrato escrito.
En total, el 54% de los hogares inquilinos encuestados respondió que no tiene un contrato de alquiler escrito. Entre ellos, el 43% está en una situación de vulnerabilidad alta, mientras que entre quienes cuentan con contrato escrito solo un 14% registra ese nivel de riesgo habitacional.
DT