La elevada inflación que ha venido registrando el país en los últimos años, acelerada nuevamente en los últimos meses, ha vuelto a poner en primer plano la discusión sobre la moneda nacional. Esta cuestión ha sido abordada por representantes de todo el espectro político-ideológico, desde los renovados planteos dolarizadores de Javier Milei y otros referentes de la derecha autóctona hasta la crítica al bi-monetarismo realizada por Cristina Fernández de Kirchner.
En el fondo, las causas de la debilidad del peso argentino deben buscarse en la recurrente escasez de dólares que suele enfrentar el país de manera cíclica. Este problema estructural no puede ser resuelto sencillamente con un nuevo instrumento monetario. Sin duda se necesitan cambios estructurales profundos por parte de un Estado que responda a una lógica distinta a la que han venido imponiendo hasta ahora los sectores dominantes, los cuales han demostrado una y otra vez no estar dispuestos a modificar sustancialmente el patrón de acumulación vigente en la Argentina.
No obstante, ello no supone que no se puede hacer nada intermedio para aliviar parcialmente los efectos de la escasez crónica de divisas. La solución no puede ser la de reemplazar el peso por el dólar ya que esto, además de ser muy difícil de realizar, terminaría agravando muchos de los problemas actuales que tiene la economía sin resolver la cuestión de fondo. Tampoco parece ser la solución poner en circulación ambas monedas ofreciendo al consumidor la posibilidad de elegir cuál usar, como sugirió la actual vicepresidenta.
Una propuesta para combatir la “fuga doméstica”
Si bien no se puede eliminar el bi-monetarismo por decreto de un día para otro, es posible tomar algunas medidas transitorias que suavicen algunos de los efectos más nocivos que genera la virtual dolarización de la economía argentina e ir regenerando paulatinamente confianza en la moneda nacional.
Una de estas medidas podría ser el lanzamiento de un instrumento de ahorro en pesos vinculado al valor de dólar que esté fuera de la actividad especulativa. En este sentido, los bonos dólar-linked existentes no son de fácil acceso para cualquier ciudadano de a pie (requiere conocer la operatoria con bonos) y además se trata de un instrumento sujeto a variaciones en su cotización, con lo cual si un tenedor de dicho título necesita desprenderse del mismo para usar el dinero en un momento “bajista”, puede enfrentarse a pérdidas de capital significativas.
Una cuenta bancaria en pesos con un rendimiento ajustado al valor del dólar sería una opción más accesible y sin este tipo de riesgos. Sería algo similar a los actuales plazos fijos UVA pero en lugar de ajustarse por inflación se ajustaría por el tipo de cambio. Esta cuenta, que sería por orden y cuenta del Banco Central, debería dar un interés bajo, similar al de los actuales UVA, pero superior al que suelen otorgar entidades bancarias por depósitos a plazo en dólares. La creación de una cuenta de este tipo permitiría ahorrar en pesos manteniendo el poder adquisitivo de los mismos en relación a la divisa norteamericana, lo cual podría ser especialmente atractivo para inversores poco sofisticados o adversos al riesgo, como la mayoría de los pequeños ahorristas.
El objetivo principal de un instrumento de este tipo sería reducir la demanda de divisas para atesoramiento que conforman lo que podríamos denominar la “fuga doméstica”, es decir, los dólares que tienen como destino “el colchón” o una caja de seguridad. Ello podría aliviar la presión sobre los tipos de cambio paralelos (dólar blue, dólar bolsa) al contraer su demanda, lo cual a su vez permitiría aplacar las presiones inflacionarias resultantes de la suba estos dólares.
Para que una medida de este tipo logre mayor efectividad debería limitarse lo más posible las transacciones inmobiliarias en dólares, poniendo algún tipo de gravamen o requisito que desaliente la operatoria en esta moneda mientras que, paralelamente, se habilita sin restricciones la opción de realizar transferencias directas entre estas cuentas dólar-linked. El vendedor de un inmueble, por ejemplo, podría optar por mantener depositados los pesos en una cuenta de este tipo (ajustados por el valor de dólar) o bien utilizarlos para otra transacción inmobiliaria o de cualquier otro tipo, evitando así correr riesgos de perder dinero en caso de algún movimiento en el tipo de cambio. Por supuesto que el que quisiera también podría retirar los pesos de esta cuenta bancaria para gastarlos en otra cosa o para cambiarlos por dólares, pero cabe señalar que mientras que la indexación de los pesos en la cuenta se haría al dólar oficial, la adquisición de los billetes o la transferencia de divisas deberían hacerse al tipo de cambio financiero (más caro).
El problema de la brecha cambiaria
Obviamente una medida de este tipo sólo tendría sentido en tanto se sostengan las restricciones cuantitativas a la adquisición de divisas para atesoramiento y no tienda a ampliarse la brecha cambiaria (de lo contrario se eliminan incentivos a mantener los pesos atados al dólar oficial). Además, como se sabe, una brecha muy amplia entre el dólar oficial y los paralelos frena o entorpece el ingreso de divisas por distintas vías (inversiones extranjeras, venta de servicios al exterior, turismo, subfacturación de exportaciones), alienta su salida (sobrefacturación de importaciones, pago de servicios y honorarios al exterior, etc.) y genera mayores presiones inflacionarias ante la expectativa de devaluación.
Frente a esta situación una posible medida sería eliminar el anticipo de ganancias del 35% o 45% para la adquisición y transacciones en moneda extranjera (dependiendo si se trata del “dólar ahorro” o “dólar tarjera”) y dejar vigente solo el impuesto PAIS (del 30%). Ello podría contribuir a reducir la brecha sin eliminarla por completo, ya que se le bajaría el piso a la misma, aunque ello no necesariamente debería implicar un abaratamiento sustancial del “dólar solidario” ya que simultáneamente se podría devaluar moderadamente el tipo de cambio oficial (no más de un 15/20%), mejorando así la competitividad de la producción industrial. Cabe señalar que la eliminación de la retención a cuenta de ganancias no generaría una pérdida fiscal significativa ya que se trata de un anticipo, es decir, el mismo se termina devolviendo (aunque ciertamente depreciado por efecto de la inflación), y además se trata de un beneficio usufructuado casi exclusivamente por sectores con altos ingresos.
Se argumentará que el aumento del tipo de cambio oficial tendría un impacto inflacionario, ya que la variación en la cotización del dólar impactará en los precios de las importaciones y de los bienes exportables. En primer lugar, cabe recordar que se trataría de una devaluación puntual y acotada (y así habría que comunicarlo); de todos modos, para evitar el aumento del precio de los alimentos deberían simultáneamente incrementarse las retenciones a las exportaciones agropecuarias y agroindustriales. En lo que respecta a las importaciones, el impacto no debiera ser mayor al que están teniendo las actuales medidas que restringen el acceso a los dólares oficiales; como se sabe, están se han venido trasladando a precios los mayores costos de importar al valor del dólar financiero y/o del costo en el que deben incurrir las firmas para financiar sus compras externas.
Es importante señalar nuevamente que la adopción de medidas de este tipo no solucionaría las causas estructurales que conducen a los recurrentes estrangulamientos externos que sufre la economía argentina –las cuales están asociadas mayormente a una estructura productiva desequilibrada y a la incapacidad de incrementar sustantivamente la reinversión del excedente generado en la economía-, pero sí podrían contribuir a reducir la fuga de capitales, al menos parcialmente. Que el dólar quede restringido a las transacciones internacionales –como sucede en la mayor parte de los países latinoamericanos, por ejemplo- es un paso insuficiente pero imprescindible para iniciar un camino que conduzca a una menor dependencia y un mayor desarrollo.