“¿Sabes lo que pasa con lo que festejan ellos?”, se pregunta y responde Hilda, una jubilada de 69 años, “con el riesgo país bajo y el superávit fiscal yo no puedo comer. A mi no me cambia nada”.
Mientras el presidente Javier Milei y su gabinete celebran sus logros macroeconómicos a un año de su gestión, los y las jubiladas volvieron a salir a la calle: todos los miércoles a las 16 dan la vuelta al Congreso de la Nación enfrentando a la lluvia, la policía, el frío, el calor, “y después hacemos el semaforazo”, cuenta Rubén, uno de los fundadores de la agrupación más conocida –Jubilados Insurgentes–, a elDiarioAR. La vuelta al Congreso no es inocente, se encarga de resaltar Rubén. Es un símbolo, un homenaje a las vueltas de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo: “Nosotros damos solo una, porque el Congreso es más grande”, se ríe.
Jubilados Insurgentes nació ese diciembre de 2017 en el que Mauricio Macri envió la reforma previsional al Congreso. Después de algunos meses de lucha, la asistencia no fue siempre perfecta, pero el ajuste de este año los encendió. “En agosto del 2023 éramos 17 dando vueltas a la plaza. Después de la represión llegamos a ser 60”, asegura. Son decenas de jubilados que todos los miércoles preparan carteles que gritan, en fibrón, en cartones o cartulinas: “Las canas no se manchan” “Milei: tu casta gasta más de lo que nos estás robando”. “Con Milei la patria no tiene remedio. Los jubilados tampoco”. “Robar a los jubilados es un crimen social”. Y dan una vuelta más.
Viejos y pobres
“La pobreza dentro de los jubilados es sólo el 11%. Es mucho, pero si lo comparás con la pobreza general del país, ni hablar de los más chicos, es menor”, aseguró el Ministro de Economía Luis Caputo en una entrevista televisiva el jueves pasado. Los números no corroboran sus argumentos para justificar el último batacazo del gobierno al sacar los medicamentos gratis del PAMI.
Es que para el tercer trimestre de 2024, la pobreza alcanzó al 21% de los mayores de sesenta años, y la indigencia al 3,3% de ellos, de acuerdo a datos que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica le brindó a elDiarioAR. Si bien es verdad que el guarismo es mucho menor que el promedio general (de 49,9% y 12,3%, respectivamente), es la franja etárea que más aumentó proporcionalmente la pobreza que el resto de la población en el último año.
En 2024, la indigencia más que se duplicó en adultos mayores de 60 años, pasando del 1,3% al 3,3%. La vertiginosidad del salto no se compara con el resto de los grupos de edad, ni con el aumento general. En tanto en 2023, la pobreza de la población mayor de 60 años alcanzaba el 16,7%, es decir que creció 25,7% en sólo un año, más del doble que el crecimiento de la pobreza general (11,6%).
“Hoy sobrevivimos, no vivimos”, le pone cara a esos números Norma en una de las manifestaciones “Yo no tengo por qué pedirle una limosna a mis hijos, trabajé 38 años y no debería pedirle a mis hijos, pero compro dos kilos de carne y dos kilos de pan y se me acaba la plata. No llego, no llego”.
Vocación fiscal
En los balances de ganadores y perdedores que diferentes centros de estudios y consultoras elaboraron a propósito del primer aniversario de gobierno de Javier Milei, los jubilados quedan del lado del haber: “Las jubilaciones, los salarios públicos y los programas sociales representan prácticamente el 50% del ajuste”, asegura el del think tank Fundar, que focaliza en el ingreso de los sectores populares.
La vocación fiscal del plan de gobierno atacó con especial énfasis los ingresos familiares dependientes del Estado nacional. En el desempeño de las jubilaciones se evidenciaron dos trayectorias negativas diferenciadas: “tienen una gran disparidad entre quienes cobran la mínima y las medias y altas”, aseguró Joan Manuel Vezzato, investigador de Trabajo e Ingresos de Fundar, durante la presentación del informe.
“Las jubilaciones que perciben el monto mínimo (47% del total) transitaban hasta el cambio de gobierno por un sendero de empate frente a la aceleración inflacionaria”, asegura el informe. Este segmento actualizaba de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente (relacionada con la evolución de los salarios imponibles y de la recaudación), que presentaba un serio rezago frente a la aceleración inflacionaria. Sin embargo, estos ingresos se complementaban con un bono compensatorio otorgado de manera discrecional por el Poder Ejecutivo que permitió conservar el poder adquisitivo de los haberes mínimos. Con el cambio de gestión este instrumento adicional fue actualizado una única vez y desde entonces quedó congelado en la suma de $70.000.
La nueva fórmula, vigente desde abril de 2024, estableció aumentos mensuales según el último dato de inflación disponible ( con dos meses de rezago), y un aumento extraordinario del 12,5% a modo de recomposición por la inflación de enero que había sido de 20,6%. “En este sentido, si bien la modificación permitió una actualización respecto a la inflación pasada que logró una rápida recuperación del poder adquisitivo, el congelamiento del bono impidió que esa recuperación llegue a los niveles previos al salto devaluatorio”, continúa el informe que calcula que en promedio la caída de la jubilación mínima entre diciembre y septiembre comparado con el mismo período del año anterior fue del 16,1%.
El resto de las jubilaciones, sin estar afectadas por el congelamiento del bono y regidas únicamente por la fórmula de movilidad, tuvieron una recuperación más acelerada. Sin embargo, la caída de este segmento fue mucho más abrupta, llegando al 24,5% (diciembre 2023 a septiembre 2024 vs. el año anterior).“Esto se debe a que el proceso de deterioro en este segmento comenzó antes en el marco de la aceleración inflacionaria. Sin compensaciones como en el caso de la jubilación mínima, la caída frente a la aceleración inflacionaria tras la devaluación de diciembre fue mucho más abrupta”, continúa el informe.
Sin remedio
Pero los bolsillos de los jubilados no fueron solo atacados por el cambio de la fórmula previsional y el congelamiento del bono. La semana pasada un jubilado se roció con combustible con la idea de prenderse fuego en una oficina del PAMI de Córdoba. Es que desde hace nueve días los afiliados del PAMI que cobren más de 1,5 haberes mínimos (es decir, $390.000), o sean dueños de bienes de lujo no cuentan más el acceso al programa “Medicamentos Gratis” que garantizaba para los afiliados a PAMI la cobertura del 100% en medicamentos de un amplio Vademécum.
Para poder recibir el beneficio, además, deben realizar una serie de trámites que implican la presentación de recetas y posterior aprobación. “Un certificado de pobreza”, lamenta Cristina ante un móvil de televisión que cubrió las colas de los adultos mayores para informarse sobre cómo aplicar al programa de beneficios, “se sabe que una forma de ajustar para los gobierno es sumar trámites que entorpezcan el acceso”, continúa enojada. “Nos toman como rehenes. Primero nos matan de hambre, ahora nos quieren matar sin remedios. Tener que elegir que remedio comprar o no en una farmacia es un genocidio”, sentencia una compañera de fila.
“El sector de los jubilados aparece como el más castigado por la política económica actual tanto en sus ingresos como en sus gastos, lo cual repercute en una mayor pobreza y mayor desigualdad”, concluye el último informe de coyuntura de la consultora Vectorial, que marca que al interior del segmento jubilados también empeoró la distribución del ingreso. “Mientras que en junio de 2023 cobraba la mínima (o menos) el 40% de los jubilados y pensionados, esa proporción trepó al 47% en junio del 2024, la última estadística disponible de ANSES”.
Hacia adelante, el panorama no parece mejorar: ni con el ejecutivo manejando el presupuesto a discreción, ni con el vencimiento de la ley de moratoria previsional que vence el próximo 25 de marzo y que el gobierno aseguró que no extenderá hasta fines de abril del 2025. Por el mercado laboral –con casi 50% de trabajadores informales– Argentina cuenta con una gran cultura previsional. Actualmente el sistema previsional está compuesto de 7,1 millones de jubilaciones y pensiones. De ese total, el 60,2% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una moratoria. El 90,4% de estos beneficios cobra un haber mínimo o menos.
En un país que celebra superávit fiscal mientras los mayores eligen entre comer o medicarse, el ajuste no es solo una medida económica, es una condena. Sus vueltas al Congreso son más que un reclamo: son un recordatorio de que la lucha no se jubila, y que la esperanza se encuentra en la resistencia.
NR/MG