El Gobierno sigue apelando a recetas conocidas para moderar la inflación: atraso cambiario, tarifas congeladas, restricciones a las exportaciones y controles de precios. El tipo de cambio oficial ralentizó en un 50% su ritmo de avance diario en lo que va del año, la brecha se recortó a la mitad desde su pico de octubre y las paritarias de los principales sindicatos están cerrando en torno a la pauta oficial del 30%. Sin embargo, el registro de inflación de marzo fue el más alto desde septiembre de 2019 y el de abril estará más cerca de 4% que de 3%. La inflación no cede, a la vez que se siguen sumando desequilibrios macroeconómicos que auguran inflación futura. ¿Hasta cuándo es sostenible? ¿Las nuevas medidas lograrán moderar finalmente la inflación?
La economía argentina viene incubando inflación desde hace un largo tiempo. Una buena parte ya empezó a hacerse efectiva en los últimos meses y otra muy grande permanece reprimida y se materializará tarde o temprano. Es decir que las recientes decisiones de política económica no lograron desacelerar la inflación mensual de los últimos meses porque una buena parte ya estaba gestada. Por ejemplo, la educación, tras aumentar 20% en todo 2020 pegó un salto de 28,5% sólo en el mes de marzo. Del mismo modo, como resultado de la suspensión total o parcial de algunas actividades por efecto de la pandemia, el año pasado los precios de los bienes aumentaron 43%, mientras que la suba en servicios fue de prácticamente la mitad, un 22%. En la medida en que la actividad fue volviendo a su “nueva normalidad”, en especial en el primer trimestre de este año, los precios de todos estos servicios comenzaron a ajustar muy rápido.
El desbalance monetario del año pasado también contribuyó a incubar parte de la inflación del primer trimestre. Se imprimieron muchísimos pesos para financiar IFE, ATP y hacer frente a los distintos gastos derivados de la crisis de la pandemia, que no tuvieron un traslado inmediato a precios. Pero en la medida en que empezó a aflojar la demanda de pesos, este desbalance tuvo un fuerte impacto sobre los mercados de dólar financiero. La brecha en niveles récord de octubre generó una gran incertidumbre sobre los costos y tiempos de reposición de stocks, y todo esto se volcó en la remarcación de precios que pagamos hoy.
Las tarifas congeladas son la forma más fácil y directa de ver parte de la inflación que aún permanece reprimida. En los últimos dos años, los precios regulados subieron un 69%, mientras que la inflación general lo hizo 112%. El objetivo de avanzar en el proceso de consolidación fiscal significaba que los subsidios no iban a crecer en términos del PBI este año, pero lo más probable es que a pesar de los aumentos que se están barajando para lo que resta del año, finalmente las tarifas se incrementen por debajo de la inflación. Dentro de la coalición de gobierno hay posiciones encontradas acerca de qué camino debe seguir la política tarifaria, y las controversias se basan en que las subas de tarifas de servicios públicos tienen un impacto inmediato sobre los precios, pero a su vez, tienen como contrapartida un aumento en los subsidios y mayores necesidades de financiamiento que pueden igualmente tener su correlato en la inflación (aunque con menor inmediatez). Si las tarifas no se ajustan, la inflación reprimida por esta vía seguirá incrementándose en 2021, dejando una gran olla a presión a destapar en el futuro.
También hay inflación reprimida por el lado monetario. Este año, en el mejor de los casos el Central deberá emitir el equivalente al 3,5% del PBI para financiar al Tesoro y otro tanto para pagar los intereses de sus pasivos remunerados. Si bien parte de esta emisión será esterilizada y otro tanto será absorbida por la demanda, el excedente de pesos buscará otros canales como por ejemplo el cambiario, con su posterior traslado a precios. Y si el Banco Central sigue sosteniendo tasas de interés muy por debajo de la inflación, y Finanzas tampoco convalida tasas más altas en las próximas licitaciones, el apetito por los pesos va a seguir cediendo.
En este escenario, y tras la publicación del mal dato de inflación de marzo, el Gobierno definió fijar precios de insumos industriales y restringir las exportaciones de carne, entre otras medidas. Incluso hay rumores sobre una posible intervención discrecional en la operatoria del Mercado de Liniers. La apuesta con estas nuevas medidas es sostener los desequilibrios que vienen por el lado de la inflación reprimida durante un tiempo más, a la vez que se aplacan otras nuevas fuentes posibles de inflación. La pregunta es si estos mecanismos servirán para fijar expectativas y generar previsibilidad en el mediano plazo, lo que también contribuiría a que la inflación reprimida se vaya materializando muy gradualmente. La respuesta pareciera ser que muy poco.
El razonamiento detrás de las nuevas medidas que restringen exportaciones es que éstas dificultan el abastecimiento del mercado interno, llevando a un incremento en los precios locales. Con mayor oferta doméstica, los precios ceden, siendo estas medidas exitosas en un primer momento. Pero miremos la situación por el lado de las empresas: ¿cuántas estarán dispuestas a invertir en tecnología o aumentar su productividad con un mercado restringido? ¿La sobreoferta en el corto plazo no podría mutar luego en una reducción y consumo de los stocks existentes? ¿Por qué una empresa aumentaría su producción si luego debe enfrentar dificultades para colocar sus productos? Y con menor oferta en el mercado local, los precios recuperarían lo perdido. En definitiva, estas nuevas medidas sólo contienen la inflación en el corto plazo y los precios, eventualmente, se deberán corregir. O bien, se incrementarán las distorsiones y se seguirá incubando inflación futura, con empresas menos competitivas y debilitadas. Otra fuente de inflación reprimida.
Volvamos entonces a nuestra pregunta inicial: ¿servirán de algo los esfuerzos del Gobierno en materia de precios? La respuesta simplista es que las medidas pueden dar resultados en el corto plazo. La magnitud del desacelere inflacionario estará dado por cuánto de la inflación que viene incubándose hace tiempo termina efectivizándose en los próximos meses. La respuesta un poco más compleja es que la inflación estructural no baja con este tipo de medidas. Tienen efecto sobre los precios, por ejemplo, a través de un aumento de la oferta doméstica o el congelamiento de tarifas reguladas, pero chocan con los objetivos de mediano plazo, como el de aumentar la productividad o avanzar hacia la consolidación fiscal. Como venimos repitiendo los economistas hace rato, la Argentina debe transitar el camino más largo para lograr resultados duraderos: el de un plan consistente e integral que aporte certidumbre fiscal, cambiaria y monetaria.
LG