En la campaña electoral de 2023, la entonces secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, preguntó en una recorrida por el conurbano a quién iban a votar los vecinos de una villa que ella estaba urbanizando y le respondieron por Javier Milei. “Lo que ustedes están haciendo es lo que deben hacer, no los vamos a votar por eso”, contestó uno, cansado de la inflación. Tenía razón. Pero después llegó el economista libertario a la Casa Rosada y paralizó las obras de la Secretaría de Vivienda, incluidas de las de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.
Y este 23 de enero en un webinar de la Universidad de Princeton el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció que se eliminaba directamente la Secretaría de Vivienda porque el gobierno nacional sólo debía contribuir en esa política reduciéndose y asegurando estabilidad económica y, por tanto, era una de las áreas de las que debía apartarse para dejarlas en manos del mercado, las provincias o los municipios. La noticia se conoció porque el mayor multimillonario del mundo y futuro secretario de Eficiencia Gubernamental de EE UU, Elon Musk, tuiteó ese tramo de la exposición en su red X.
“No aplaudas a un gobierno por hacer obras con tu dinero, es como aplaudir al cajero ATM, por darte tu dinero”, tuiteó cinco días después el asesor presidencial Santiago Caputo. Ya nadie aplaudirá por viviendas hechas por la Nación, como en los 80 años previos. Habrá que encomendarse a los gobernadores e intendentes, también bajo ajuste, o al mercado, que ofrece por ahora créditos hipotecarios para la clase media alta.
En Estados Unidos hay un Departamento (Ministerio) de Vivienda y Desarrollo Urbano. En Alemania, un Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbanístico y Construcción. En Reino Unido, uno de Vivienda, Comunidades y Gobiernos Locales. En Francia, uno de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda. En Canadá, uno de Vivienda, Infraestructura y Comunidades. Son cinco de las siete potencias desarrolladas del G7, países con mucho mercado, pero también con gobiernos nacionales que definen políticas de vivienda social, ya sean que las ejecuten por mano propia o a través de jurisdicciones estaduales o locales. Hay naciones ricas como Países Bajos, Austria y Dinamarca donde más de las 20% de las viviendas son sociales.
No por nada, a tono con estos tiempos violentos, el exministro de Economía Martín Guzmán dejó la moderación y calificó por X la idea de Sturzenegger de “tremenda estupidez”: “¿El mercado le va a resolver el problema de la vivienda a un pibe de 5 años que crece en condiciones de hacinamiento?”. Consultada por elDiarioAR, la exministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, María Migliore, que cambió villas en barrios como con la Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita, también critica a Sturzenegger: “La Secretaría de Vivienda tenía un modelo de intervención que era inescalable y había que cambiarlo, pero el mercado solo no va a resolver el tema”.
En la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que dirige Rodolfo Aguiar, se preguntan cuál será el próximo organismo que despedirá personal después de que en diciembre el Ministerio de Justicia echara a 2.400 empleados y en enero, el de Salud, a 1.400. “Sobran a patadas empleados públicos por todos lados. No hay que parar de echarlos y a la calle. Son un robo a la gente de laburo que paga impuestos”, escribió en X el diputado José Luis Espert, el mismo que también quiere erradicar la industria automotriz argentina: “Habría que importar todos los autos”.
En Salud hay mesas de negociación por sector, desde el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) hasta el hospital de salud mental Bonaparte, pero no progresan. Ya hace un mes, antes de la nueva ola de cesantías, había habido rajes en el PAMI, diálogo con ATE para suspenderlos, pero después el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, llamó al jefe de la obra social de los jubilados, Esteban Leguízamo, para amenazarlo con volarlo del cargo si había reincorporaciones.
En ATE temen despidos en organismos descentralizados, incluida la Autoridad Matanza Riachuelo (Acumar). Lo que sorprende es que la motosierra de Milei no toca a los camporistas instalados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ni a los massistas ubicados en la Secretaría de Transporte, así como tampoco jamás el Presidente denunció en la Justicia al exsecretario de Comercio Matías Tombolini por las supuestas coimas para importar que él vociferó en el Congreso. ¿Pactos tras las bambalinas?
El próximo martes, ATE se reunirá para definir el primer paro nacional de 2025: en 2024 ya hubo un día y medio de huelga por mes, pero eso no evitó los 37.000 despidos ni el atraso salarial. Sin embargo, especulan con que el rechazo social al discurso de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos contra el colectivo LGBT, el feminismo y los inmigrantes, con la marcha de este sábado, pueda replegar el ímpetu envalentonado del Presidente que venció por ahora la inflación y entonces se confían para ir por todo.
La diatriba en Suiza del jefe de Estado, principal aliado latinoamericano de Donald Trump, está en sintonía con la ideología que el regresado inquilino de la Casa Blanca quiere imponer en el mundo en su segundo mandato. Y las empresas reaccionan aquí y en el resto del planeta. Muchas compañías habían implementado en los últimos años programas y publicidades sobre diversidad e inclusión de mujeres, LGBT y otras minorías y ahora están a la deriva preguntándose qué hacer con ellos ante un discurso antiwoke que se expande como un huracán por las redes sociales. Por caso, Disney anunció en diciembre pasado que retiraba un personaje trans de una futura serie.
Dos por uno
Para el establishment local y mundial, a Milei se lo considera una “rockstar”, un modelo para otros países que pretenden ajustar el Estado y desregular el mercado. Grandes empresarios de aquí y de afuera se desviven por juntarse con él o ir a escucharlo a sus conferencias, aunque no todos están haciendo negocios al mismo ritmo. Están por un lado los que aprovechan lo que ellos llaman el “happy hour” del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que dura dos años, 2024 y 2025, y por tanto anticipa decisiones, así como quien se adelante a ir al bar para tomarse dos birras al precio de una.
A pesar de que Trump ya anunció que apostará fuerte a extraer petróleo y gas en EE UU, sin importarle la crisis climática, y que eso impacta a la baja de las cotizaciones mundiales de ambos hidrocarburos y retrasa aunque no desarticula el giro hacia los autos eléctricos, las apuestas en la Argentina por Vaca Muerta, el litio y el cobre buscan aprovechar la ventana que les ofrece el RIGI. El precio del oro blanco también lleva desde 2023 en baja y sin perspectivas de repunte. Pero el presidente de YPF, Horacio Marín, cerró una gira por India para conseguir contratos de exportación de gas natural licuado (GNL), mientras la australiana Galan, la británica Rio Tinto y la surcoreana Posco ya presentaron proyectos de litio en el RIGI y se especula con que los sigan pronto la francesa Eramet y Tecpetrol (grupo Techint). En cobre, en cambio, las mineras y el Gobierno insisten con modificar la ley de protección de glaciares para que se concreten en el periodo del RIGI las iniciativas para extraer el material clave para los cables de los autos eléctricos. Inversores energéticos y mineros destacan no sólo el happy hour sino la estabilización macroeconómica lograda con un brutal ajuste con apoyo popular, aunque quieren esperar a que ese respaldo se confirme en las urnas.
Gracias a la política energética de los anteriores tres gobiernos, de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, la Argentina pasó del déficit comercial en la materia en 2022 al superávit en 2024 y se espera que ese saldo positivo llegue a US$8.300 millones en 2025. Sin embargo, consultores calculan que con la apreciación actual del peso –una de las bases para bajar la inflación junto con la motosierra– la balanza comercial del total de bienes quedaría este año con un rojo de 1.500 millones, a lo que hay que sumarles el déficit de servicios –incrementado por los viajes al exterior– y los pagos de intereses de la deuda.
Por eso, el ministro de Economía, Luis Caputo, necesita urgente el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y viajó de imprevisto a recibir su misión, pero el enviado, el venezolano Luis Cubeddu, se fue sin anuncios concretos y con la sola promesa de seguir conversando en las próximas semanas.
El tipo de cambio casi fijo es el motivo de discusión. Milei y Luis Caputo quieren liberarlo, pero sin saltos del dólar y la inflación. Hay US$10.000 millones de ganancias de multinacionales retenidas por el cepo desde 2019 esperando para ser giradas a sus casa matrices, según un relevamiento de la Fundación Capital, de Martín Redrado, que publicó el diario La Nación. No se descarta, sin embargo, que los US$11.000 millones del Fondo llegue entre marzo y mayo para liberar el control cambiario y que el alza de precios consiguiente impacte los primeros meses pero su estela no llegue a los comicios de octubre. Por eso, el Presidente y Santiago Caputo están obsesionados con eliminar las primarias de agosto, dado que para entonces sí continuaría el efecto de una eventual salida del cepo.
Las petroleras como YPF y Pan American Energy (PAE), dueña de la red Axion, niegan que por ahora vayan a despedir empleados por la norma que entró en vigencia esta semana y que permite el autodespacho de combustible. En Shell y Puma guardan silencio. No obstante, en algún momento comenzará el ajuste. En España, donde la carga de gasolina y gasóleo por mano propia comenzó en los 80, hay cuatro empleados por estación de servicio, frente a 12 en la Argentina. Algunos puestos de trabajo se compensarán con los que contraten en Vaca Muerta y sus exportaciones, pero ni la energía ni la minería pueden movilizar el empleo en todo el país. Se necesita del comercio, la industria y la construcción, tres sectores que siguen en crisis. En las empresas de estas áreas están obsesionados por ganar competitividad para sobrevivir a unos nuevos tiempos que les exigen un cambio de modelo de negocios, ya no basados en el proteccionismo y la alta inflación como antes. Está resignados a no esperar bajas tributarias ni devaluaciones del Gobierno. Es tiempo de echar empleados, pero no en todos los casos porque algunos necesitan contratar con la ilusión de repuntar. Sí de mantenerse firmes ante los gremios en la pauta salarial del 1% mensual que impuso el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para impedir traslados de aumentos a precios pero también para evitar que el sueldo en dólares suba tanto que se traduzca en despidos. Es tiempo también de invertir en robots e inteligencia artificial. Todo sea para ser más eficientes.
Los que también están preocupados por los costos son los usuarios de la Hidrovía del río Paraná, los exportadores, que reclamaron que se modifique el pliego de la licitación que cierra el 12 de febrero para que se ponga énfasis en el peaje. Las dragadoras DEME, de Bélgica, y Rohde Nielsen, de Dinamarca, apelarán la semana próxima, cuando termine la feria judicial, el fallo que durante las vacaciones de enero ratificó el proceso que ellas consideran a favor de la belga Jan de Nul, la que controla la Hidrovía desde 1995. Este cronista consultó a la embajada de Países Bajos por presuntas quejas al gobierno de Milei por la licitación, pero prefirieron no hacer comentarios. Es que la neerlandesa Boskalis está que brama y no se presentará a la contienda. En cambio, no se descarta que su compatriota Van Oord lo haga, aunque sin muchas chances de vencer a Jan de Nul. La dragadora actual necesita que al menos otro formule una oferta porque si no, Milei ha prometido que anulará la subasta. El Presidente suele hablar mucho de periodistas ensobrados, pero también los hubo, los hay y los habrá entre funcionarios y empresarios.
AR/MG