El Gobierno está negociando a dos bandas cuestiones que tienen que ver con las deudas del país. Por un lado, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores de esa cartera, Leonardo Madcur, llevan dos semanas instalados en Washington negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la modificación de las metas trimestrales de acumulación de reservas, dado que la sequía agravada por la crisis climática está impidiendo alcanzar los objetivos fijados de antemano. La Argentina necesita cumplir esas metas para recibir los desembolsos necesarios para pagar el préstamo récord que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018.
Por otra parte, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, negocia con los bancos privados, las aseguradoras y las empresas con inversiones financieras un canje para postergar los vencimientos de deuda doméstica en pesos del primer semestre hasta después de las elecciones primarias de agosto. Se trata del pasivo que Juntos por el Cambio calificó de “bomba”.
Después de la reunión del sábado pasado en India entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, en el Palacio de Hacienda habían prometido que este martes se oficializaba el cambio de metas. Pero ese día no ocurrió eso sino que, para desconcierto del Fondo, el Congreso sancionó la moratoria jubilatoria, lo que implica mayor déficit fiscal que el previsto en el programa económico pactado. En el Gobierno y también en fuentes de diálogo frecuente con el FMI descartan que este asunto suponga un obstáculo. De hecho, los futuros jubilados cobrarán sólo un 20% más que si hubieran accedido a la prevista pensión universal de adulto mayor (PUAM) y lo harán con las mismas restricciones que evitan que aquellas personas de altos ingresos y patrimonios puedan conseguir estos beneficios pensados para que los que no pudieron aportar o cuyos patrones no lo hicieron.
Por tanto, la discusión con el FMI estaría centrada en las nuevas metas de reservas, dado el impacto de la sequía en la futura cosecha de maíz y soja y por el efecto del cierre de exportaciones avícolas por la gripe aviar. En Economía, donde antes prometían un acuerdo para el martes, ahora juran que hoy se llegará a un pacto y que se anunciará formalmente el lunes. Veremos.
Mientras tanto, Setti está sondeando a los diversos tenedores de letras como Lecer y Ledes y demás títulos que vencen desde este mes hasta junio para ofrecerles un canje para patear pagos para después de los comicios, según fuentes bancarias. Casi el 60% de estos bonos está en manos de organismos públicos, entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y bancos como Nación y Provincia de Buenos Aires. Los bancos privados tienen un 25% y el resto es de aseguradoras y fondos comunes de inversión, en los que a su vez invierten grandes empresas. Setti quiere darles letras que venzan en agosto y noviembre próximo -las elecciones generales son en octubre- y en febrero de 2024. Habrá que ver si están atadas a la inflación o al dólar oficial, algo que asusta a los economistas de Juntos por el Cambio que sueñan con ser gobierno en diciembre próximo y que prevén arrancar la gestión con devaluación y, por tanto, más suba de precios al menos en el inicio. Fuentes bancarias se inclinan más por instrumentos que actualicen por CER, índice similar al inflacionario. Una vez que Setti consiga de palabra el apoyo del 70% para el canje, entonces lo anunciará. En la banca privada hay buena predisposición a participar. Saben que un descalabro de la deuda en pesos no les conviene porque están demasiado expuestos.
AR