Así no se puede seguir. El Banco Central tiene virtualmente cero dólares en sus reservas de libre disponibilidad. Tuvo que vender dólares los meses de mayor estacionalidad y en las últimas dos semanas lo único que vimos fue que apenas dejó de vender. La lógica detrás de esto es que una brecha de 120% vuelve rentable cualquier acceso a los dólares oficiales (hay alguien que está comprando a $140 algo que en otro mercado se vende a $300). Por eso la economía así no puede seguir funcionando.
Las medidas que intentan atacar esta escasez relativa de dólares son transitorias, muy costosas y difíciles de sostener en el tiempo: un tipo de cambio diferencial para el “soja” implicaría que el BCRA compre a un dólar más alto (¿200?) del que vende ($140). Por cada dólar vendido estaría perdiendo $60, con importaciones mensuales en torno a los US$6.000 millones, la pérdida patrimonial ascendería a $360.000 millones en un mes. Lógico: las reservas son el problema crítico de estos días y el Gobierno tomó nota de esto. El problema es que, mientras se sigue demorando, la oferta de dólares no aparece y el Gobierno tiene que endurecer el cepo de facto.
Pero se siguen sin atacar los problemas de fondo: la brecha cambiaria y el atraso cambiario (dos caras de la misma moneda). El tipo de cambio real -que mide la competitividad del país con el resto de nuestros vecinos- se atrasó un 25% en el último año y medio, mientras que la brecha se ubica cómodamente en 120% desde hace unos meses (luego de haber registrado picos de 160% en pleno recambio ministerial).
Esto generó que el Gobierno pierda, desde que comenzó la gestión, unos US$35.000 millones y deje las reservas virtualmente en cero:
- Heredó US$13.000 millones en 2019,
- Ingresaron US$13.000 millones del agro (suba de los commodities mediante) los últimos dos años
- El FMI nos giró US$9.000 millones, primero como parte de un programa de apoyo mundial para la salida de la pandemia y luego como un refuerzo adicional al momento de cerrar el nuevo acuerdo con la administración actual.
De todo esto, no se pudo retener ni un dólar. De hecho, se perdieron todos. El problema de Argentina, entonces, no es generar dólares, sino retenerlos.
Desde ya que las soluciones a este problema no son gratuitas (de ser así, el Gobierno ya las hubiera tomado): el problema no es el remedio en sí mismo, sino la enfermedad que no se frenó en su momento de incubación. El Gobierno deliberadamente dejó correr el tipo de cambio bien por detrás de la inflación con un objetivo meramente electoral, pero no funcionó: la inflación fue de 50% en 2021 y el tipo de cambio apenas se movió 25%.
También imprimió cerca de 3% del PBI para financiar más gasto en la previa a las elecciones que aceleraron, junto con un impacto marginal del conflicto entre Rusia y Ucrania, la inflación del verano de este año.
A esta aceleración en la inflación se le sumó una suba preventiva de firmas ante la incertidumbre cambiaria: un cepo híper estricto del Gobierno provocó una suba de precios que elevó la inflación del 5% crucero en la que veníamos, a 7% en los últimos dos meses (en promedio). Es decir, en términos anualizados, la inflación pasó de subir al 80% anualizado a hacerlo al 125%. Puesto de otra manera, en 2021 pasamos del treinta y pico al cincuenta y pico de inflación, y en 2022 pasamos del cincuenta y pico al noventa y pico (con suerte). Todo esto sin haber movido el tipo de cambio ni las tarifas.
En resumen, la economía quedó con muchos pesos y pocos dólares. Y ahora la solución de fondo es, lógicamente, antipática. Recuperar el 25% de atraso cambiario en términos reales implicaría una inflación de dos dígitos en los meses posteriores (cerrando en tres dígitos por primera vez desde la salida de la hiperinflación de 1989), una pobreza que podría ubicarse cómodamente arriba del 45% y una escalada en la tensión social -ya difícil frente a la restricción presupuestaria de un fisco que no puede aumentar el gasto sin recurrir a una mayor emisión-.
A diferencia de 2013, año en que el BCRA movió el tipo de cambio oficial de $6 a $8, hoy Argentina tiene una inflación casi 5 veces superior (de 20% a casi 100%), un 3% de las reservas de aquel entonces y falta un año para las elecciones (en aquel momento faltaban dos), tres factores cruciales que juegan en el timing político de la decisión.
Por eso el problema arroja soluciones antipáticas para la política: con un Banco Central sin reservas, cualquier intento de corrección cambiaria podría percibirse como el primero de varios escalones, forzando un tipo de cambio “exageradamente” alto en el arranque para frenar la sangría de reservas, lo que aceleraría aún más la inflación, la pobreza y el deterioro del contexto socio-económico.
El problema es que llegamos a un punto de no retorno, donde el cepo ya tiene rendimientos casi nulos (las importaciones no pueden ir a cero). Por eso el Gobierno ensayaría un mix de tres medidas:
- Una aceleración del tipo de cambio, que acelera en segunda vuelta la inflación y siempre termina quedando por debajo (sin recuperar nunca la competitividad perdida durante el año pasado),
- Un endurecimiento del cepo por el lado de los servicios (especialmente fletes), mientras el turismo se lleva la misma cantidad de dólares que en mayo de 2018 (previo al arranque de la crisis cambiaria),
- Y un tipo de cambio diferencial, pero al revés de lo que se suele conocer: alto para comprar, barato para vender. Esta es la única manera con la que el Gobierno espera juntar los dólares para pasar la etapa de baja estacionalidad en la oferta de dólares.
Como en el casino, el Gobierno está haciendo un “all-in” para no devaluar. El problema es que si la situación no mejora en las próximas cuatro semanas (el Banco Central no puede comprar dólares de forma persistente en buenas cantidades), las reservas no crecerán y las medidas en el tablero de decisión serán muchísimo más acotadas.
Si se logra resolver lo cambiario, todavía queda lo fiscal -donde el Gobierno no logra bajar la inercia del déficit en torno al 3,2% del PBI-, lo monetario -todavía la tasa viaja por detrás de la inflación, pero una tasa real positiva amenaza la sostenibilidad de sus pasivos- y lo financiero -hoy los vencimientos en pesos no son un problema, pero el año que viene vencen 0,5% del PBI con privados entre mayo y septiembre (plena transición presidencial)-.
Hoy Argentina necesita un plan de estabilización. Pero lo que tenemos parece ser una hoja de ruta para llegar a fines de 2023 sin una disrupción significativa en la macroeconomía. La suerte está echada.