El centro está que arde. Y no me refiero al centro político, en tiempos en que al Gobierno lo corren por derecha e izquierda. Ni a la Corea del Centro, que no existe, como tampoco existe una Corea del Norte parecida al kirchnerismo ni una Corea del Sur similar al PRO. El que arde es el centro de Buenos Aires, arde en las oficinas de los bancos, los fondos comunes de inversión y los agentes de liquidación (ALYC) por un mercado financiero local y global en derrumbe por una inflación no vista en décadas y el riesgo de remediarla con recesión. Pero también arde en el pavimento de la 9 de Julio por las cada vez más masivas marchas de la Unidad Piquetera, que más allá de la anécdota del caos de tránsito interpelan por la amenaza del hambre, que golpea al mundo y también a los conurbanos de uno de los graneros del planeta, la Argentina. Por eso, mejor no vayan al centro.
Hace un mes, en la City porteña, repoblada de a poco después de la pandemia, comenzaron a desconfiar de los bonos CER (en pesos, ajustables por inflación) con los que el ministro de Economía, Martín Guzmán, venía empapelando el mercado doméstico para financiar el creciente déficit fiscal provocado por la guerra de Ucrania, en lugar de abusar de costearlo con la maquinita de imprimir billetes del Banco Central. En mayo, muchas empresas vendieron sus títulos ajustados por inflación, con los que se cubrían de las subas de precios, porque debían pagar vencimientos de impuestos. Entonces también comenzó a circular el rumor de que dos de los economistas de Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza y Luciano Laspina, habrían confesado en reuniones privadas que si las encuestas aciertan y vuelven al poder en 2023, reestructurarían la deuda en pesos, como hicieron en 2019. Lacunza desmintió el pasado viernes la versión, pero aclaró que no puede predecir a un año y medio de un hipotético regreso al gobierno qué haría con los títulos públicos. El comentario del ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri sobrevino después de que la semana pasada se derrumbaran los bonos CER.
Esa semana había comenzado con un zoom de Anker Latinoamérica, consultora económica y financiera de Luis Caputo, en la que el ex ministro de Finanzas de Macri calculó ante sus clientes que el próximo gobierno asumirá el poder en diciembre de 2023 con una deuda de corto plazo de un billón de pesos. “El incentivo a un reperfilamiento es altísimo”, analizó Caputo, en compañía de su socio Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas de Cambiemos. Pero no fue un comentario en su rol de consejero actual de Macri, que no descarta una eventual candidatura presidencial, sino como analista del mercado. De todos modos, tronó en los corrillos de la City. Luego sobrevino el miércoles 8 de junio fatídico en el que Energía Argentina SA (como rebautizaron a Ieasa, que a su vez antes se llamaba Enarsa) necesitaba pagar importaciones de gas y gasoil y entonces esa empresa estatal que preside el cristinista Agustín Gerez le pidió fondos a Guzmán, pero él la mandó a desarmar posiciones en el Fondo Renta Fija T+1 de los fondos comunes de inversión Pellegrini del Banco Nación. Ese fondo sólo tiene 2,3% de bonos CER. Invierte sobre todo en letras del Tesoro. Ese día justo salió a vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que encabeza el massista Lisandro Cleri en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que dirige la camporista Fernanda Raverta. Al día siguiente, la Anses y el Banco Central comenzaron a comprar para revertir la caída de los títulos, pero ya era tarde.
Los fondos privados habían iniciado una corrida contra los títulos en pesos, que en el mercado se preveía recién para fin de año. La mayoría de los títulos, en manos de bancos, aseguradoras y otros inversores institucionales, no puede lanzarse a los dólares financieros por el cepo, pero una inmensa minoría de empresas e individuos sí recurrió al contado con liquidación (CCL) y al Mercado Electrónico de Pagos (MEP), que mueven en conjunto unos US$ 60 millones diarios. Es así que los dólares financieros siguieron subiendo hasta alcanzar los $ 241 y 233, respectivamente. Los inversores institucionales recurrieron al plazo fijo, prefirieron un rendimiento seguro del 4% que uno del 6% con riesgo de reperfilamiento, pero este martes la codicia pudo más y algunos volvieron a comprar bonos CER, que después de su fuerte caída de la semana pasada ofrecían rendimientos muy atractivos. Además, Guzmán ofreció altas tasas de interés en la colocación de bonos del lunes pasado y se prevé que siga así en la de fin de mes, cuando vencen más de $ 500.000 millones. Seguramente, se renueve la deuda por otra de más corto plazo y así sucederá con el correr de los meses hasta que en un momento sólo los más atrevidos se animarán a aceptar títulos que venzan en el próximo gobierno. Para septiembre se teme una fuerte acumulación de vencimientos.
Por estos días, los inversores llaman a los fondos comunes porque quieren irse al dólar o al plazo fijo, cuya tasa de interés subió fuerte este jueves el Central para contrarrestar la corrida contra el peso y la inflación. Los fondos tratan de tranquilizarlos, les prometen que la autoridad monetaria continuará interviniendo para rescatar el mercado de bonos en pesos. Buscan asegurarse fondeo para la próxima licitación de Economía el 30 de junio. También Guzmán prevé reunirse el próximo martes y miércoles con banqueros en un intento por llevarles tranquilidad y pedirles que lo sigan financiando.
“Juego terminado”
“Lo que vivíamos era como un esquema Ponzi”, describe Mauro Mazza, analista de Bull Market Brokers. “Había crecido mucho el volumen de bonos en pesos, pero empezaron a caer y cuando el Pellegrini llamó a las mesas de dinero, nadie los quería y salió a reventarlos. Veo que la situación se estabiliza porque es posible que logres mejores rendimientos, pero entraste en un proceso de hundimiento porque estamos todos en deuda CER. En el segundo semestre, el fondeo se te limitará porque el necesario ajuste fiscal es imposible por la política y porque faltarán dólares, ya habrá pasado la cosecha de soja, aunque al menos en septiembre afloja la importación de gas. A partir de octubre o noviembre ya no nos mandaremos más a deuda CER por más que el Gobierno diga que no va a defaultear. El año próximo nadie la va a querer renovar por el miedo a un potencial canje de las letras de corto plazo. Porque el próximo gobierno no va a arrancar como el de Macri, con 14.000 millones de dólares que le prestaron los bancos para abrir el cepo cambiario. Hay olor a juego terminado en cuanto al financiamiento y eso le va a pasar factura mes a mes a Guzmán”, pronostica Mazza. El analista compara la situación con la que vivieron Macri y Caputo en abril de 2018, cuando el mercado les dijo que ya se habían endeudado demasiado en dólares en los dos años y medio previos. Ahora los inversores les dicen a Alberto Fernández y su ministro de Economía que han tomado mucho endeudamiento en pesos, según el broker de Bull Markets.
Pero en los bancos nacionales y extranjeros disienten con esa visión porque, a diferencia de 2018, ahora hay cepo cambiario y los inversores institucionales carecen de oportunidades de salir del peso. “El mercado se va a acomodar solo porque tenés que elegir entre plazo fijo o cuentas a la vista con rendimiento negativo (debajo de la inflación) o instrumentos en pesos con tasas reales positivas”, dice el economista de una de las principales entidades del país. “La situación no es tan grave en el corto plazo. Sí hay debilidad en el financiamiento a mediano plazo por las dudas sobre cómo va a continuar en 2023 y 2024 y porque el plan del FMI (Fondo Monetario Internacional) implica reducción gradual del déficit, pero las previsiones de déficit están subiendo y eso se está financiando básicamente en pesos en el mercado doméstico”, continúa el economista, que reclamaba esta semana que el Gobierno demorara la segmentación de tarifas y la presentación del presupuesto 2022. No por nada, Guzmán se apuró este jueves a resolver ambas tareas pendientes: la quita de subsidios energéticos al 10% de la población más rica y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) donde establece ese y otros ajustes ocultos para que en el segundo semestre se ordenen las cuentas públicas descuajeringadas en el segundo trimestre. Es que la guerra de Ucrania encareció importaciones de energía y forzó un mayor gasto social para compensar una inflación, que ya tocó el 60%, el mayor nivel en 30 años.
Los mercados también le piden a Guzmán un ancla inflacionaria, pero en el equipo del ministro están dispuestos a renunciar antes que aplicar un plan de shock contra la suba de precios. En cambio, los inversores predicen que un gobierno de Juntos por el Cambio “necesitará” liberar el cepo y aplicar esa receta de choque, por lo que temen que habrá muchos pesos susceptibles de ser reestructurados en 2024. Son los mismos que ahora le reclaman al presidente del Central, Miguel Pesce, que acelere la depreciación del peso para alentar la acumulación de reservas, otra de las metas hasta ahora incumplidas del acuerdo con el FMI, junto con el ajuste fiscal.
“Hacer los deberes”
“El Gobierno va a emitir más, sin acompañar esto con una reducción más fuerte del déficit fiscal”, se muestra pesimista el economista de otro banco nacional. “Por eso, estimamos que va a haber más pesos al final del camino, esto implica que los objetivos del plan del FMI no se cumplan y que la convergencia fiscal va a tardar en venir. A mayor prima de riesgo, es lógico que el CCL suba. Haciendo números rápidos, estimamos que un CCL a 230 pesos sería un nivel consistente con la cantidad de pesos que estimamos, con lo que subas por encima de este nivel se explican por mayor riesgo percibido”, continúa el analista.
“El Gobierno va a tener que mostrar más deberes en lo fiscal porque por los problemas en la coalición de gobierno no se hizo nada”, opina el operador de una de las principales ALYC. “Esta caída de los bonos CER y la suba de los dólares financieros los tiene que despabilar. Quizás metan más cepo, pero eso hará subir el dólar libre. La suba de tasas de interés ayuda, pero marginalmente. El tema es que los inversores se quemaron con leche, es difícil que vuelvan al CER, quizás vayan más al plazo fijo, pero los pesos en manos de bancos son un riesgo de que el Gobierno los amenace para que acepten bonos y se empiecen a empeorar sus balances”, prosigue el broker.
Pero mientras los especuladores tribulan en las oficinas céntricas o desde la comodidad del home office, muy cerca de allí cada semana se repiten marchas piqueteras masivas. Una de las líderes de esas manifestaciones, Silvia Saravia, de Barrios de Pie Libres del Sur, atribuye la mayor convocatoria al malestar social por el aumento de los precios de los alimentos, porque los ingresos de las changas no alcanzan, porque el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se retrasa en el envío de comida a los merenderos populares y porque se resiste a dar de alta a más desempleados y trabajadores informales en el plan Potenciar Trabajo. “Hay bronca e incertidumbre y se canaliza a través de la movilización”, opina Saravia. Otra vez las organizaciones sociales evitan el estallido, pero la dificultad para comprar pan, leche y carne puede encender protestas violentas si algún día, quizá a fin de año, son alentadas por dirigentes políticos. Por ahora, la violencia se manifiesta en lo cotidiano, por ejemplo, entre alumnos de escuelas o entre vecinos. En los barrios pobres también preocupa el gas, pero no por las demoras en el gasoducto Néstor Kirchner, necesario para abastecer a la industria, reducir importaciones en invierno y exportar más en verano. Se quejan de que la garrafa está cara y pareciera que viene poco cargada. Desilusionados del Gobierno por la pobreza enquistada, algunos punteros y militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita o Somos Barrios de Pie se pasan a la Unidad Piquetera. Piden comenzar a rendir su contraprestación laboral de cuatro horas en organizaciones de ese frente opositor, pero Desarrollo Social les demora el pase y quedan en un limbo, cobrando pero sin cumplir su obligación, con el riesgo de que un día les pidan cuentas por no realizarla. Del otro lado, el gobierno de Axel Kicillof analiza si sanciona a agrupaciones como el Polo Obrero por cobrarles 2% del plan Potenciar Trabajo a sus integrantes para financiar sus estructuras. Refriegas de la izquierda en la disputa que desfila por el centro.
AR