“No tengo a donde ir”: vence el decreto antidesalojos y miles de familias se enfrentan al riesgo de quedarse en la calle

Mónica Cardoso tiene 61 años y hace seis vive en una casa que alquila en José C. Paz junto a su marido, su padre, su hija y dos nietos menores. En marzo de 2020, apenas un par de días antes de que se inicie la emergencia sanitaria en el país, la propietaria de la casa pasó a cobrar los últimos $7.500 de alquiler y le anticipó que le pediría $85.000 para renovar el contrato, en lo que ella interpretó como una invitación a dejar la vivienda. Pero luego se desató la pandemia, se dispuso la cuarentena y casi en simultáneo el decreto 320/20, que obligó a prorrogar los contratos, congelar alquileres y suspender los desalojos por falta de pago. Así pasaron los meses, sin que la dueña pasara a cobrar ni diera señales de ningún tipo, hasta que hace algunas semanas recibió una carta anticipándole que será desalojada. Hoy vence el decreto que la protegía y desde hace días no duerme preguntándose qué va a hacer, a dónde va a ir. 

“Acá hay personas discapacitadas: mi esposo, que está postrado porque tuvo un ACV y mi padre, de 89 años, que es ciego. Además, dos criaturas. ¿Me van a sacar a la calle? ¿Voy a poner la cama de mi esposo en la vereda? Yo no me quiero quedar con la casa; quiero conseguir algo que pueda pagar”, dice Cardoso, que en las últimas semanas recorrió el barrio en búsqueda de un lugar al que mudarse pero en todos le pidieron no menos de $70.000 u $80.000 para ingresar, un dinero que no tiene ni puede conseguir. 

Como ella, miles de familias argentinas se retrasaron con el alquiler durante la pandemia y se encuentran en una situación de riesgo habitacional que se acrecentará con el vencimiento del decreto 320/20. Lo que parece una instancia burocrática es, para muchas personas, una fecha que se espera hace semanas con terror, en la que el riesgo de quedarse en la calle se vuelve una amenaza concreta.

De acuerdo con estimaciones de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) alrededor de 8 millones de personas alquilan en la Argentina y, en promedio, destinan el 40% de sus ingresos para cubrir los gastos de alquiler. Según los resultados de una encuesta del  Centro de Estudios Legales y Sociales  (CELS) y el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín en el Área Metropolitana de Buenos Aires, durante la cuarentena el 66,6% de los hogares inquilinos tuvo menos ingresos y el 42,3% acumuló deudas de alquiler.

Por parte del Gobierno, en la última prórroga del decreto se concedió extender de 6 a 12 las cuotas en las que se puede pagar la deuda pero no habilitar algún subsidio para ayudar a cancelarlas, como sugirió el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina. “Esto es una sábana corta; piden al Estado que sea un barril sin fondo y es imposible”, argumentó en diálogo con este medio Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, y aseguró que el Gobierno ya destina recursos de asistencia social directa “a un montón de situaciones”.

La familia de Mónica Cardoso vive con la jubilación de su marido y con las ayudas sociales que recibe su hija por ser madre a cargo de dos niños. Tiene un contrato de alquiler que está a nombre de su hijo porque era el único que tenía un trabajo formal y recibo de sueldo al momento de firmar. “Los alquileres están en las nubes para entrar y además no puedo buscar por inmobiliaria porque solo tengo un recibo de sueldo de jubilado, no tengo garante”, dice Cardoso.

Nancy Fernández, también vecina de José C. Paz, está en una situación parecida. Vive con su hija de 15 años, que está embarazada, y su yerno en un departamento que nunca dejó de pagar, aun cuando perdió gran parte de sus ingresos durante la pandemia porque cerró el club de barrio en el que cocina y limpia. Se mantuvo a flote vendiendo productos por catálogo y útiles escolares que acopió el año pasado. 

A fin del año pasado venció su contrato pero fue renovado automáticamente, tal como establecía el DNU. Sin embargo, estas prórrogas se sostienen sólo mientras esté vigente el decreto, por lo que a partir de hoy miles de contratos caerán automáticamente. En el caso de Fernández, el propietario de su vivienda le comunicó que tiene que irse porque decidió vender el inmueble.   

Fernández salió a buscar un nuevo lugar en el que vivir pero no encontró nada, y hace algunas semanas su locatario le cortó el agua, el gas y la electricidad para apurarla. “Yo no tengo donde ir, no tengo para comparar. Estoy buscando otro alquiler, pero no consigo porque sale muy caro y me quedé sin uno de mis trabajos. Caminé por todos lados y por menos de $100.000 no te dejan entrar, aunque sea una habitación”, narra. 

Frente a este escenario, el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat declaró que los desalojos serán “contenidos” a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que deberá implementar instancias obligatorias de mediación, y que solo se podrá realizar un desalojo sobre aquellos contratos de locación inscriptos en el registro de AFIP. Según explicaron en ACIJ, ambas medidas son incompatibles con la nueva Ley Nacional de Alquileres, donde se dispone que las mediaciones no son obligatorias y, al mismo tiempo, que los únicos contratos que deben inscribirse en AFIP son aquellos firmados luego de junio de 2020.

Por otro lado, y como única medida frente a esta problemática hasta el momento, el Ministerio creó un “protocolo de riesgo temprano de desalojo” destinado a asistir casos concretos de familias inquilinas expuestas a quedarse en la calle. Sin embargo, este protocolo no está reglamentado todavía y deja afuera a los alquileres informales que, según Ana Fernández Borsot, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, representan alrededor del 70% del total. “Además la ‘alerta temprana’ que propone el Gobierno ya fue: ya estamos recibiendo órdenes de desalojo”, señaló.

Efectivamente, los desalojos concretados por vía judicial —y tal vez contenidos por las medidas oficiales— serán sólo la cara prolija de un proceso mucho más amplio y profundo. En la informalidad, los métodos de desalojo y los tiempos en los que se realizan responden a sus propias lógicas. “No sólo se realizaron ya desalojos en hoteles, pensiones, villas y asentamientos, sino también en las recuperaciones de tierra como Guernica que estaban habitados en muchos casos por mujeres solas, que sufren violencia de género y que recurrieron a eso como última opción antes que la calle”, argumenta Gigi Krein, de Consejerías de Viviendas, una organización que tiene un teléfono de emergencias habitacionales que hace semanas no para de sonar. 

Oscar Leguizamón tiene 43 años y vive hace 21 en el mismo hotel del barrio San Cristóbal; nunca pudo cumplir con los requisitos que le exigen para ingresar a un alquiler formal. Durante la pandemia se mantuvo con su trabajo como repartidor de Rappi y logró pasar con rigurosidad los $13.000 de alquiler por su pieza. “El dueño no respetó el DNU; nos puso aumentos cada seis meses, cobró al día y ahora quiere desalojarnos para aumentar más y meter a gente nueva, porque a nosotros no nos puede aumentar más”, explica. 

Aunque no tiene deudas pendientes, Leguizamón ya sabe que luego del 31 lo obligarán a irse. A un amigo suyo ya le pasó, en otro hotel de la zona, y está seguro que los dos días que estuvo buscando alquiler no comió. “Acá todos vivimos al día y no tenemos ningún plan b. Nosotros más allá de ir a trabajar todos los días para pagarle el alquiler no podemos hacer”, dice. 

A Gabriela Zorrilla, que vive con su hijo de tres años en un hotel de Balvanera, también le avisaron que a partir del 31 tendrá que buscar otro lugar en donde vivir. Su situación es todavía más precaria porque acumula una deuda de casi un año con el dueño del lugar, que la movió a una habitación más pequeña pero le permitió quedarse hasta el 31 de marzo, respetando un plazo que para el segmento informal es sólo simbólico. Zorrilla habla desde su pieza de hotel y relata lo que ve alrededor: apenas una mesa, la heladera, el placard y la cama. El baño y la cocina son compartidos. 

Hasta 2019 trabajaba como acompañante gerontológica, estudiaba enfermería y vivía en un departamento. Luego se separó, perdió contacto con el padre de su hijo y perdió también sus ingresos el día antes del inicio formal de la cuarentena, cuando la despidieron del geriátrico en el que trabajaba. Recibe un subsidio habitacional del Gobierno de la Ciudad de $6.000, que sólo le alcanza para cubrir la mitad del alquiler en el hotel. “El dueño me dijo que tenía que sacar un préstamo y pagar toda la deuda, pero ¿cómo lo voy a hacer? Primero tengo que conseguir un trabajo y después puedo sacar el préstamo”, piensa.

Según cuenta, las empresas pagan $70 la hora por el trabajo de acompañante de adultos mayores, lo que no le alcanza ni siquiera para pagarle la hora a la niñera que cuida a su hijo mientras ella no está. Sólo puede tomar “particulares”, a los que les cobra $200 la hora y le da la mitad a la niñera. La pandemia también la obligó a abandonar sus estudios de enfermería, que pasaron a ser virtuales y ella no tiene computadora; apenas un teléfono que le regaló un vecino. 

“Ya el dueño me viene diciendo que el 31 me echan a la calle y la verdad es que no sé qué puede pasar. Fui a Entre Ríos y Pavón (al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad) a ver si me pueden pagar algo más de subsidio habitacional, pero no sé”. La angustia de Zorrilla es parecida a la de tantos otros. “No tengo a donde ir, literalmente. Mi familia está en Misiones, no tengo amigos que me puedan ayudar y no consigo un alquiler por $6.000”.   

DT