Está cada vez más que claro que la dueña de la mayor cantidad de votos en el Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pesa más en las definiciones económicas de este año electoral que el ministro de Economía, Martín Guzmán. Quedó plasmado cuando el joven y prestigioso investigador de la Universidad de Columbia, que se fortaleció en la gestión en 2020 domando la deuda con fondos de inversión y el dólar paralelo, debió aceptar que este año las tarifas de luz y gas no aumentaran más del 9%, que su subsecretario de Energía Eléctrica, el cristinista Federico Basualdo, permaneciera en su cargo o que el dólar se atrasase un poco respecto de la inflación, todas ideas sopladas por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al oído de CFK, aunque la desaceleración de la depreciación cambiaria también fue impulsada por integrantes del gabinete económico, como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, o el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Esta semana se sumó un nuevo round en la despareja disputa entre la vicepresidenta y Guzmán: sin avisarle nada por anticipado, le informó el miércoles a los empleados del Congreso que recibirían un aumento salarial del 40%, muy por encima del 35% que el ministro había terminado cediendo una semana antes a los que trabajan en el Ejecutivo. La también presidenta del Senado anunció el incremento en compañía de su par de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que de paso fortaleció así aún más el estrecho vínculo que está tejiendo con los gremios y sueña como presidenciable para 2023 frente a un Alberto Fernández desgastado y un kirchnerismo sin candidato que asegura la victoria. Hasta hace poco, Guzmán quería ofrecer un 32%, pero la inflación que no ha podido domar también lo ha debilitado tanto como el avance de la vicepresidenta. El ministro sigue en su puesto porque no hay quien tenga mejores contactos que él para solucionar los conflictos de las deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con ese Club de París que no es el Paris Saint Germain (PSG) pero también está lleno de potencias, los países ricos, excepto China. El 40% otorgado por CFK puso en guardia a los sindicatos que habían aceptado cinco puntos menos, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación del Trabajadores del Estado (ATE), y es la nueva pauta que asumirán todos los demás gremios que negocian con el sector privado, ya sea los que aún no han firmado su paritaria, como los camioneros de Pablo Moyano, quien pide 45% pero aceptaría menos, o los que tengan pendiente una revisión, como los bancarios de Sergio Palazzo, que había rubricado un 29% y ahora está apurado por renegociar.
A pesar de su defensa del orden fiscal, Guzmán también coincide con el objetivo de que este año los salarios le ganen a los precios, una meta cada vez más difícil de cumplir pero en la que no claudica. Guzmán es paciente y tenaz. Es verdad que ahora le ha aumentado mucho la recaudación, un 72% en mayo, por la reactivación económica, la inflación, los aumentos de los impuestos de bienes personales y a los autos y el impacto positivo del encarecimiento mundial de las materias primas (como soja, maíz o trigo) en lo recolectado por las retenciones. Además, ese 72% no incluye los ingresos extraordinarios del aporte solidario de las grandes fortunas. Pero en el Ministerio de Economía saben que la inflación primero impacta en los ingresos y después en el gasto. Por la ley de movilidad, las jubilaciones ajustan por salarios y recaudación, con lo que subirán fuerte en septiembre, mes de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO). Además, el ministro prevé que los sueldos de los estatales le terminen ganando a la inflación, con lo que habrá alguna revisión del 35%. Después de un primer trimestre en que el Estado ajustó el gasto donde más duele, en jubilaciones y salarios, Guzmán buscará remediarlo en lo que queda del año.
El Palacio de Hacienda también está gastando más compensar el impacto de una segunda ola de coronavirus que no contemplaba en el presupuesto: desde el subsidio al salario que supone el programa de Reconversión Productiva (Repro), que se amplió para incluir no sólo a empresas sino a autónomos y monotributistas, hasta la creación de las becas Progresar para jóvenes y la mayor cobertura de la tarjeta Alimentar y el plan Potenciar Trabajo, para quienes sobreviven en la economía popular. Por eso, si bien hay ingresos extra, también hay erogaciones extra, y Guzmán considera “bastante probable” que se cumpla el objetivo de déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del Presupuesto, del 4,5% del PBI, menor que el 6,5% de 2020.
En tiempos de crisis hay empresas que ganan y que pueden aportar más, según coinciden desde el gobierno de Alberto Fernández hasta el de Joe Biden. Esta semana, el Congreso sancionó la ley por la que las compañías grandes y medianas, que suponen el 10% del total, pagarán 35% del impuesto a las ganancias, en lugar del 30%, mientras que las pequeñas y microfirmas, que son el restante 90%, pasarán a abonar menos, un 25%. Ahora el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, trabaja en proyectos de leyes para rebajar impuestos a sectores de la economía que el Gobierno quiere impulsar, como el automotor, de hidrocaburos y el agroindustrial, más allá de la pelea por la suspensión de exportaciones bovinas por 30 días. Pero también coordina con la jefa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, el combate de la evasión fiscal, desde los activos no declarados en el exterior hasta el trabajo en negro y la subfacturación. La AFIP está reforzando los controles aduaneros para evitar la evasión en el comercio exterior e impulsa fiscalizaciones para controlar el cumplimiento del aporte solidario, Bienes Personales y los impuestos de sectores económicos considerados “esenciales” (que siguieron trabajando en las cuarentenas) y “no críticos” (los que no están en crisis).
Pero a Arias y Marcó del Pont, como a sus colegas de todo el mundo, les inquieta cómo captar las ganancias de los gigantes tecnológicos globales que son los grandes ganadores de la pandemia y que no tributan en los países donde venden sus servicios sino en paraísos fiscales donde pagan poco o nada de gravámenes, como Irlanda. Son las llamadas GAFA: Google, Apple, Facebook y Amazon. Aunque el concepto también incluye a otras grandes compañías que venden al mundo sus servicios de publicidad, entretenimiento y comercio electrónico. La Argentina y las demás potencias del G20 están preparando un acuerdo para la reunión de sus ministros de Economía el 9 y 10 de julio en Venecia por el que las GAFA deban compartir con todos los países del mundo el balance que presentan en los paraísos fiscales y que en él aclaren cuántos clientes tienen en cada jurisdicción, de modo tal de que cada una pueda aplicarle Ganancias en forma proporcional. Una vez que se concrete ese pacto, el equipo de Guzmán enviará un proyecto de ley al Congreso para adaptar la legislación local a la nueva norma internacional. Además, por impulso de Biden, los ministros de Economía del G7 (Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania) aprobaron este sábado en Londres una alícuota mundial mínima de Ganancias a las empresas del 15%, iniciativa que llevarán también al G20.
Donde también hay evasión es en la exportación de carne vacuna, pero las fiscalizaciones que ha emprendido el Gobierno en las últimas semanas contra exportadores truchos no solucionan el problema de los elevados precios internos. El miércoles por la noche, los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) visitaron a Fernández, Guzmán, Kulfas, el ministro de Agricultura, Luis Basterra -que por fin apareció en escena por esta discusión-, su par del Interior, Eduardo de Pedro, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz -que por orden superior planea subir el perfil del Consejo Económico y Social, que él organiza-. Se suponía que entre jueves y viernes debían llegar a un acuerdo para bajar los valores domésticos y liberar las exportaciones. No lo lograron por ahora. En las huestes de Basterra sostienen que hay que “cortar la vaca en dos, una se exporta y otra no”. La que quedaría para el mercado interno incluye el asado, el vacío, la cuadrada para las milanesas y el matambre.
Hasta en la Sociedad Rural Argentina (SRA) están de acuerdo con que esa sea la solución provisional para reabrir la exportación. Aunque el matarife Nicolás Pino ganó este lunes la interna de la SRA a Daniel Pelegrina gracias al apoyo del ex ministro de Agricultura macrista Luis Miguel Etchevehere, busca revertir la presunción de que la entidad se endurecerá con el Gobierno y demostrar que está a su disposición, que no quiere ser el “malo de la película”. También pretende sumar la Rural al CAA para que deje ser la única de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace fuera de ese colectivo de más de 60 organizaciones del sector. Considera que de ese modo la mesa que reúne a la SRA con CRA, Coninagro y la Federación Agraria podría imponer un delegado en las reuniones como la del pasado miércoles con el Presidente. En ese encuentro, el CAA fue representado por José Martins, de la Bolsa de Cereales; Alfredo Paseyro, de la Asociación de Semilleros Argentinos; Dardo Chiesa, de la Mesa de las Carnes, y Gustavo Idígoras, de las aceiteras y cerealeras. El Gobierno negocia una solución al conflicto vacuno con los grandes frigoríficos exportadores, no con la Mesa de Enlace. Con ellos está hablando de duplicar la cantidad de carne del acuerdo de precios actual, hasta alcanzar las 16.000 toneladas mensuales, el 10% del consumo total, pero con el agregado de que no se distribuyan sólo en los supermercados, a los que no llegan los más pobres sino el segmento social ABC1, sino que se distribuyan también en las carnicerías del segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires. Para ello, está siendo clave la cooperación del presidente de la Cámara de Matarifes, Leonardo Rafael. Su colega Pino, de la SRA, considera que un acuerdo así pondría en marcha otra vez el negocio exportador, primer paso para que con el tiempo intenten convencer al Gobierno de que a futuro también liberen las ventas externas de los cortes consumidos en el mercado interno. Pino aspira a explicar a los funcionarios que el aumento del precio del maíz beneficia a unos, pero también funde a los ganaderos que engordan a corral, en los feed lots.
Otra interna disputada se libró en la Unión Industrial Argentina (UIA), que a partir de este martes será presidida por el hasta ahora líder de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja. En TN, el presidente del estatal Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el textil José Ignacio de Mendiguren, bramó contra Funes de Rioja por ser abogado laboralista y no empresario industrial y se preguntó por qué lo excluyó del comité ejecutivo de la UIA y cuando él nunca fue a Comodoro Py y otros sí, en alusión implícita a uno de los dos vicepresidentes que Techint colocó en la entidad fabril, Luis Betnaza. Otros vices seguirán siendo de Arcor, Adrián Kaufmann Brea, y de Ledesma, Eduardo Nougués. Frente a De Mendiguren y otros dirigentes que protestan de que la UIA esté copada por las “corporaciones”, en estas últimas sostienen que el reciente cambio de Ganancias demostró que el concepto pymes no existe, que están las pequeñas y microempresas que emplean al 60% de los trabajadores privados y tributarán el 25%, y las grandes y medianas, que pagan el 70% de la masa salarial y abonarán 35% por el gravamen. Arremeten contra el candidato que rivalizó con Funes de Rioja, Miguel Ángel Rodríguez, que será secretario y que se presentaba como representante de las pymes: “Su empresa, Sinteplast, tiene plantas en cinco países, 1.300 empleados y factura 220 millones de dólares por año”. También cargan contra Carolina Castro, que seguirá como prosecretaria pese a que en estos meses llegó a sonar como presidenciable: “Su empresa (la autopartista Industrias Guidi) tributará el 35% y ella se quejaba del aporte solidario”.
Pero más allá de las internas, que no sólo cruzan al empresariado sino también al sindicalismo, al Gobierno y la oposición, crece el consenso de que por fin la vacunación se acelera y la reactivación no se pinchará. Pese a todo, la Argentina no sufre los estallidos sociales y la descomposición política de otros países latinoamericanos. En el gabinete económico incluso se ilusionan con que por fin comience el proceso de desinflación, con la “semiancla” cambiaria, pero sin que el peso pierda competitividad; con el bajo aumento de tarifas, la reducción del déficit fiscal y el robustecimiento de las reservas del Banco Central gracias al boom de materias primas, y siempre y cuando se renegocien los pagos al FMI y el Club de París.
AR