En la primera audiencia pública virtual convocada por la Secretaría de Energía para tratar la actualización del precio del gas en boca de pozo la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, señaló las opciones para cubrir el costo de este insumo a fin de atender la demanda prioritaria, que comprende a los usuarios residenciales y determinados comercios. Según dijo, las alternativas son asignar partidas presupuestarias adicionales o aplicar aumentos tarifarios de entre 17% y 35%.
“En la actualidad entre el 55,7% y el 60% del costo total del gas natural es afrontado por Estado nacional”, precisó Videla. La funcionaria aclaró que el análisis oficial parte de los supuestos contemplados por un lado en el Presupuesto 2021, y por otro, en las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundidas por el Banco Central. Sobre esa base se busca definir la tarifa transitoria que regirá hasta tanto concluya el análisis de una nueva revisión tarifaria integral (RTI).
En el caso del gas, la funcionaria describió que “las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del precio del gas; que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera; o que se aplique una segmentación tarifaria real”.
La subsecretaria precisó que el costo fiscal total vigente del gas natural afrontado por el Estado nacional para 2021 es de entre $10.586 millones y $132.963 millones. Pero hacerse cargo de la totalidad del costo fiscal de no incrementar las tarifas requeriría partidas adicionales del Presupuesto, no previstas en la actualidad, que van desde $36.736 millones hasta $56.087 millones, según el escenario que se tome.
“La alternativa dos es una corrección tarifaria en las facturas finales, de 17% a 23% según las pautas fijadas en el Presupuesto, y de 26% a 35% de acuerdo con las estimaciones del REM”, puntualizó Videla.
La funcionaria recordó que la demanda prioritaria representa 14.254 miles de millones de metros cúbicos (MMm3 día), es decir, un 30% del total del sistema. 40% es lo que demanda la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (Cammesa) para transformar el gas en energía eléctrica en las centrales térmicas; otro 25% va la industria y un 5% se destina al GNC. Videla precisó además que la producción nacional representa el 82% de la oferta total, el gas boliviano, 10% y el GNL importado, 8%.
La alternativa dos es una corrección tarifaria en las facturas finales, de 17% a 23% según las pautas fijadas en el Presupuesto, y de 26% a 35% de acuerdo con las estimaciones del REM
Por otro lado, explicó que la factura incluye el costo del gas (que representa de 40% a 50%), el transporte y la distribución, a lo cual se añaden impuestos y tasas (nacionales, provinciales y locales, principalmente Ingresos Brutos e IVA) que suman un 30%.
“En los próximos diez días hábiles se emitirá informe final del proceso de audiencia pública sobre la tarifa de transición, y en 30 días hábiles, desde el Ejecutivo nacional se emitirá una resolución que informará qué haremos con esta porción del precio del gas para la demanda prioritaria”, concluyó Videla.
Este lunes se llevó a cabo la primera de las audiencias convocada por la Secretaría de Energía, con un total de 42 oradores inscriptos. En tanto, la segunda etapa de la revisión tarifaria se realizará mañana, a partir de las 9, en este caso convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en la que se analizará la evolución de las tarifas que se le reconocerán a las dos empresas de transporte de gas y a las 9 distribuidoras que abarcan todo el país.
En la primera audiencia, el eje estuvo puesto sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist), que representa aproximadamente el 40% de la factura, y el porcentaje de ese costo que el Estado nacional asumirá mediante subsidios y lo que deberán afrontar los usuarios, en el marco del Plan de Promoción del Gas Natural Argentino 2020-2024.
MT con información de Télam