Dos dragadoras, la belga DEME y la danesa Rohde Nielsen, presentaron formalmente reclamos contra la licitación que abrió el gobierno de Javier Milei para la hidrovía del río Paraná, que va desde la confluencia con el Paraguay hasta la desembocadura en el de la Plata, 1.000 kilómetros después. DEME y Rohde Nielsen argumentaron lo que vienen advirtiendo desde un inicio fuentes empresariales en elDiarioAR: que la subasta está supuestamente hecha a medida para que la belga Jan de Nul siga con el negocio que mantiene desde hace casi 30 años.
DEME, que a mediados de este año había ofrecido el mismo servicio que Jan de Nul pero a menor precio, esta vez impugnó los pliegos de la licitación al denunciar un presunto “direccionamiento” que favorece al operador actual mediante “la inclusión de requisitos técnicos, económicos y operativos restrictivos e irrazonables”. “Estos requisitos limitan la competencia y afectan la transparencia, igualdad y concurrencia del proceso licitatorio”, expuso DEME.
Entre los condicionantes técnicos “restrictivos”, se menciona que se exige “experiencia específica exigida sólo cumplible por el actual contratista, requisito de equipos propios que excluye prácticas comunes de leasing y volúmenes mínimos de dragado desproporcionados respecto a las necesidades reales”. Entre los criterios económicos considerados “arbitrarios”, DEME indica “ratios financieros excesivos que sobrevaloran solvencia y limitan la participación y ”garantías económicas que benefician al actual contratista“.
La empresa belga, además, alerta sobre “falta de transparencia”. “Ausencia de parámetros objetivos para evaluar propuestas metodológicas. Restricciones injustificadas como la exclusión de uniones transitorias de empresas y requisitos geográficos específicos”, apunta. Pronostica un impacto negativo para los usuarios de la hidrovía, que son los exportadores del 80% de las ventas externas de la Argentina, así como el 80% de los de Paraguay, otros de Brasil y Bolivia, y los importadores: “Incremento de costos logísticos para usuarios finales. Potencial afectación al comercio exterior de Argentina”.
Por estos motivos, DEME pidió la modificación de los pliegos “para garantizar un proceso competitivo, igualitario y transparente” y exigió la suspensión de la licitación mientras se resuelve el reclamo.
Rohde Nielsen también impugnó los pliegos de bases y condiciones y las especificaciones técnicas aprobados para la licitación. Apunta a una “restricción a la concurrencia de oferentes y competencia, favoreciendo a una empresa en particular, Jan De Nul”. Lo justifica así: “Requisitos técnicos y antecedentes específicos que otros potenciales oferentes no pueden cumplir razonablemente. Un sistema de puntaje que otorga mayor importancia a factores subjetivos y antecedentes específicos que benefician exclusivamente a la empresa mencionada. Se identifica un perjuicio para los usuarios finales de la vía navegable troncal debido a los mayores costos logísticos derivados de esta estructura de licitación”.
Rohde Nielsen denuncia “establecimiento de condiciones arbitrarias e irrazonables en los requisitos técnicos y económicos” y un “sistema de evaluación de ofertas basado en criterios que priorizan antecedentes específicos en detrimento del menor precio ofertado, afectando la igualdad de condiciones”. La firma dinamarquesa pidió la nulidad de los pliegos de bases y condiciones, la suspensión de todos los plazos asociados a la licitación hasta que se resuelva el reclamo.
En los pliegos también se prohibieron las empresas estatales, lo que dejó afuera a la china CCCC, una de las cinco grandes del mundo, junto con Jan de Nul, DEME y las neerlandesas Boskalis y Van Oord. La empresa asiática quedó en el camino tras la presión de Estados Unidos contra la posibilidad de que una firma de ese origen controle una vía de relevancia geoestratégica, por donde también navega la droga proveniente de Paraguay, Bolivia y Perú rumbo a Europa y otros destinos. Ya este año, el gobierno de Milei otorgó a Jan de Nul un aumento del peaje en dólares del 43% para compensar deudas de la gestión pasada, lo que provocó quejas de los exportadores.
AR