El Icrict, un consorcio internacional de economistas que estudia el impacto de los paraísos fiscales y medidas de tributación internacional, presentó ayer, martes, un documento en el que plantea la creación de un Registro Global de Activos (GAR, en sus siglas en inglés) para poder tener una identificación de los beneficiarios reales de los activos en cualquier territorio del mundo, evitando el ocultamiento de la riqueza. Este grupo de expertos, entre los que se encuentran el premio Nobel Joseph Stiglitz o Thomas Piketty, ha publicado esta propuesta días antes de la reunión de ministros de finanzas del G20 para reclamar un compromiso internacional para tener un mayor control sobre la “riqueza extraterritorial”.
“El Registro Global de Activos es un registro global exhaustivo que vincula todos los tipos de activos, empresas y otros vehículos legales utilizados para poseer activos, con las personas que realmente los poseen o controlan -o se benefician de ellos-, los llamados ”propietarios efectivos“ (que pueden ser diferentes de los propietarios legales)”. Así resume el documento presentado por el Icrict este martes la propuesta, que consiste en evitar que muchos de estos activos se pierdan entre una maraña de sociedades e intermediarios y tributen de manera efectiva. El consorcio vincula este planteo a los casos conocidos como los Panama Papers o los Pandora Papers, donde la filtración de archivos de bufetes de abogados revelaban operaciones millonarias de personalidades públicas en paraísos fiscales.
“Un Registro Global de Activos debería incluir, además de los bienes inmuebles, las cuentas bancarias, las cajas de seguridad, los fideicomisos y otros tipos de acuerdos legales utilizados para poseer activos, otros tipos importantes de riqueza como, los criptoactivos, obras y colecciones de arte, joyas, yates, aviones y otros artículos de lujo”, explica el documento presentado. Los responsables del consorcio, que colaboran con otros organismos como Oxfam, plantean que todos estos escándalos de filtración de activos han constatado fallos “sistémicos” en el sistema financiero que permiten que más del 10% del PIB mundial se oculte en paraísos fiscales, complicando su tributación efectiva. “Los verdaderos propietarios de esta riqueza son indetectables debido a prácticas sofisticadas establecidas en jurisdicciones específicas alrededor del mundo que permiten, además, ocultar la ubicación de los distintos tipos de activos que estos tienen o, en algunos casos, incluso su propia existencia”, aseguran, culpando de ello a “banqueros, contables y abogados”.
El consorcio asegura que este registro permitiría que las sanciones sobre los oligarcas rusos, en pleno conflicto en Ucrania, fueran efectivas, ante la falta en ocasiones de identificación de multitud de activos. “Sin información completa sobre los activos de oligarcas rusos, las sanciones de occidente no pueden ser bien dirigidas, y esta incapacidad socava el estado de derecho internacional”, apunta el informe. En este consorcio también participan otros conocidos economistas como Gabriel Zucman, que dirige el observatorio europeo EU Tax, o José Antonio Ocampo, exministro de finanzas colombiano.
Por todo ello, el Icrict señala que se trataría de una “herramienta vital” contra los flujos financieros “ilícitos” al poner fin a “la impunidad por ocultar y utilizar las ganancias del delito y por retirar los ingresos y beneficios ilegítimos”. También serviría, señalan, para “medir y comprender la desigualdad de la riqueza, facilitaría debates públicos y políticos y apoyaría una fiscalidad adecuada”. De ahí, el llamamiento “urgente” para la creación del registro. “Es técnicamente sencillo, eficiente en cuanto a los ingresos y políticamente muy poderoso”.
Dicho registro también sería una herramienta vital contra los flujos financieros ilícitos, al poner fin a la impunidad, por ocultar y utilizar las ganancias del delito, y por retirar los ingresos y beneficios legítimos de la economía en la que surgen para la recaudación fiscal. Además, un Registro Global de Activos permitiría medir y comprender la desigualdad de la riqueza, facilitaría debates públicos y políticos bien informados sobre el grado de desigualdad deseado y apoyaría una fiscalidad adecuada para reducir las consecuencias negativas de la desigualdad, incluso mediante la imposición a la riqueza extraterritorial. En consecuencia, la ICRICT hace un llamamiento urgente a la creación de un Registro Global de Activos. Es técnicamente sencillo, eficiente en cuanto a los ingresos y políticamente muy poderoso.
El consorcio señala que ya existen ciertos registros nacionales y algunas iniciativas a nivel europeo que están encaminados a esta identificación del propietario real de los activos. Si bien, lamentan que dejan fuera a algunos activos y no hay coherencia entre los registros de distintos países o incluso dentro de los propios territorios. Para lograr un “potente núcleo” de la información necesaria, el consorcio anima a los gobiernos a una serie de actuaciones que mejoren estos registros. Entre ellos se encuentra “introducir requisito de titularidad real para las empresas, los fideicomisos y todo tipo de vehículos legales”, también sobre los inmuebles. También proponen conectar los registros a nivel nacional y ampliar los de titularidad real a todos los tipos de vehículos legales. Todo ello, proponen, deberá ser centralizado en un único Registro Nacional de Activos. La unión de estos registros nacionales podrían concluir en un Registro Europeo de Activos permanente, encargado de recopilar y relacionar toda la información. El objetivo final sería, que esos registros regionales confluyeran en el Registro Global de Activos, vinculando la información a nivel mundial.
“Mientras el sistema financiero mundial permita que se refugien los flujos financieros ilícitos, la pobreza y la desigualdad seguirán creciendo. Debemos actuar ahora para eliminar los paraísos fiscales que amenazan el futuro de muchos en beneficio de unos pocos”, señala el informe. “No más excusas, no más pandemias, no más guerras para justificar la falta de acción. Debemos actuar ahora para preservar la democracia, acabar con la espiral de desigualdad y reconstruir el contrato social”, concluye.
DL