Esta semana comenzó la negociación entre los técnicos del gobierno de Alberto Fernández y del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington del programa económico de los próximos años. El ministro de Economía, Martín Guzmán, defiende que el déficit fiscal primario (antes del pago de la deuda) baje en forma gradual y para empezar que descienda del 4% del PBI en 2021 (sin contar el aporte por única vez de las grandes fortunas) al 3,3% previsto en el proyecto de presupuesto 2022, que el lunes próximo defenderá ante el Congreso. Esa reducción se basaría en el aumento de tarifas y la reducción de subsidios de acuerdo con una segmentación de usuarios por sus ingresos, y a la finalización de las ayudas para enfrentar la pandemia. El FMI pide más ajuste, ¿pero es posible sin seguir afectando a los pobres y la clase media, que vienen padeciendo cuatro años de crisis? ¿Cómo se puede distribuir la carga sobre los que más tienen? Para pensar al respecto, elDiarioAR consultó a economistas de centros de estudios, universidades y consultoras, uno de los cuales bromeó que la respuesta sería “la fórmula de la felicidad peronista”.
Javier Alvaredo, de la consultora ACM, está a favor de que las tarifas -que no sólo incluyen las de energía sino también las de transporte público- incorporen “criterios de progresividad de manera explícita, aunque esto es mucho más difícil de hacer que de decir”. No es fácil identificar los usuarios por ingresos. Alvaredo agrega que, “para que sea progresivo, la convergencia fiscal debe ser creíble y modificar positivamente las expectativas, de modo tal que el empleo en el sector privado traccione”.
Su colega consultor, Fabio Rodríguez, de M&R, arranca reflexionando que “a priori a nivel macro es casi un oxímoron un acuerdo con el FMI sin ajuste”. Por tanto, advierte de que “habrá menos déficit; ergo menos impulso del sector público a la demanda; más devaluación; más aumento de tarifas y, probablemente, más tasa de interés”. Frente a esas exigencias, Rodríguez propone “evitar una devaluación brusca que impacta en los precios y perjudica a los asalariados; incrementar las tarifas bien segmentadas para que sean progresivas, pero hacerlo bien no parece fácil; seguir ajustando el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y si tenés que balancear la pérdida fiscal, volver con impuestos a los grandes patrimonios; y, por supuesto, que no se frene actividad, ya que los ingresos y el empleo de la clase media se vincula a ella y no tienen instrumentos, como la clase alta, para esquivar el freno y amortiguarlo con ahorro”.
Juan Manuel Telechea, del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, opina que, para lograr que el ajuste sobre el FMI sea lo más progresivo posible habría que recortar los gastos más regresivos e incrementar la participación de los impuestos más progresivos“. Por tanto, este economista de la fundación ligada a la seccional porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sugiere ”el recorte de los subsidios energéticos, que actualmente representan 2,5% del PBI, y el aumento de los impuestos a las ganancias y/o a los bienes personales“. Se podrían subir las alícuotas de ambos gravámenes para los que más ganan o tienen. ”Es importante destacar que el año que viene el fisco no contaría con el ingreso extraordinario del aporte a la riqueza, presente en 2021, por aproximadamente 0,5% del PBI“, advierte Telechea.
En la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), la misma donde se desempeñaba Mercedes Marcó del Pont, el economista Nicolás Zeolla señala, en primer lugar, que un ajuste progresivo requiere “sentarse y negociar porque no se va a dar solo”. En segundo término, recuerda que “no es sólo importante el ajuste, sino que la pregunta más importante para el FMI es cómo se financia”. Tercero, “el crecimiento favorece la consolidación fiscal, en la medida que los recursos crezcan más rápido que los gastos”. Por último, “avanzar con la demorada segmentación de tarifaria, como figura en el presupuesto 2022, es lo correcto”.
En el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), su director, Andrés Asiain, aclara primero que se opone al “ajuste que pide el FMI” y después sugiere una “reforma tributaria”. Otro economista del CESO, Nicolás Pertierra, recomienda fundamentalmente dos medidas. La primera, mejorar los controles y las fiscalizaciones para combatir la evasión tributaria y la elusión (uso de subterfugios legales para no pagar impuestos) y pone como ejemplo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que conduce Marcó del Pont, logró recaudar $ 10.000 millones de aquellas grandes fortunas que no habían presentado la declaración jurada del aporte extraordinario, es decir, un 5% más de lo que había recolectado inicialmente. En segundo lugar, la segmentación de tarifas, de modo que los aumentos mayores alcancen al 10% o, como máximo, al 20% de la población de más altos ingresos y que el resto de los usuarios mantenga un “acompañamiento significativo” de los subsidios. Una tercera vía consistiría en elevar las retenciones dentro de los márgenes permitidos por la ley del 12% al 15% para el trigo y el maíz, según Pertierra. “Pero me concentraría en las primeras dos”, insiste.
En la Universidad del Salvador, el profesor Juan Miguel Massot sugiere apostar por la equidad distributiva más por el lado del gasto que por el de impuestos y por cuestiones estructurales de largo plazo. “El asunto es que, para que sea vía gasto, habría que trabajar mucho la eficiencia del gasto público en educación, salud y seguridad, gastos en los que la clase media ha tenido que migrar de los servicios públicos a los privados por calidad y disponibilidad. Es una tema a largo plazo muy relevante que espero se trabaje seriamente alguna vez y que puede ser parte del programa, pero su impacto no es a corto plazo. La clase media duplica gastos en esa materia porque paga impuestos para financiar los servicios públicos, pero debe contratar los privados. Desde el lado de los impuestos podría trabajarse el tema de impuestos inmobiliarios, que son provinciales y que en muchas partes del país no están bien ni legislados ni administrados. Es también una reforma importante, pero a mediano y largo plazo. Algunas soluciones que circulan, como segmentación de tarifas, están centradas en resolver los atrasos tarifarios, principalmente en el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires), y afectará más a la clase media que a los de mayores ingresos, dada la estructura de gasto de las familias. Si nos centramos en impuestos y con efecto a corto plazo, deberían corregirse el mínimo no imponible y la escala de Ganancias así como las de monotributo y autónomos. Esto puede ser un gran alivio y tener un efecto redistribución a corto plazo, pero seguro tiene costo fiscal y el FMI posiblemente no lo apruebe. Allí hay una deuda pendiente con la clase media, que lleva unos 15 años y que sólo empeora. También hay un aplastamiento de la pirámide de jubilaciones y pensiones, que afecta a los beneficiarios que no perciben la mínima”, señala Massot.
Su colega Enrique Dentice, de la Universidad de San Martín, considera que el ajuste progresivo constituye “una verdadera obra de ingeniería dentro del esquema de impuestos, fundamentalmente, por la alta posibilidad de evadir y, sobre todo, de eludir”. “El ajuste siempre tiene una característica contractiva y siempre lo va a pagar el más débil porque es el único que no puede evadir durante toda la cadena de impuestos”, apunta Dentice.
En un reciente estudio de la consultora Analytica, que preside Ricardo Delgado, se advierte que “el nuevo acuerdo con el FMI incluirá, como requisito principal, un sendero de reducción del déficit primario que contendrá recortes del gasto público”. “Cómo hacerlo en un contexto de 40% de pobreza supone tomar decisiones que contemplen tres requisitos básicos: a) consenso político, b) mejora relativa de la situación de los sectores vulnerables y c) racionalidad económica. En el tránsito hacia esa reducción en el gasto público existen escasas opciones que cumplen con estos tres requisitos. La segmentación de las tarifas de servicios públicos es una de ellas. Hacer recaer la carga del ajuste entre las familias de mayores ingresos maximiza el ahorro en subsidios económicos, minimiza el impacto sobre los precios y mantiene el poder de compra de los sectores más rezagados”, propone Analytica. En concreto, recomienda que la mitad de la población con menos ingresos no tenga ningún aumento de tarifas y que la otra mitad paguen un alza promedio del 155%, pero distribuido de manera equitativa para que pese sobre todo en el 10% más rico, que pasaría a abonar 220% más. “El costo de la segmentación es inferior a recortar otras partidas de gasto, como la asistencia social, las jubilaciones o la obra pública”, analiza la consultora de Delgado.
Por tanto, la segmentación de tarifas, el aumento del impuesto a los patrimonios, la actualización del mínimo no imponible de Ganancias, la lucha contra la evasión y la elusión tributarias -lo que debería incluir desde las sociedades offshore hasta las criptomonedas- y el evitar otra recesión -la economía argentina se contrajo en 2012, 2014, 2016, 2018, 2019 y 2020- constituyen los remedios más sugeridos para que el indeseado ajuste sea mejor digerido por la mayoría de la sociedad.
AR