Alberto Fernández había prometido tras la derrota electoral de hace dos semanas que a principios de diciembre próximo el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaría ante el Congreso un programa económico plurianual consensuado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Diciembre comienza en tres días y por eso desde aquel discurso presidencial Guzmán ha comenzado a negociar por primera vez casi en dos años de gestión los números concretos de un acuerdo. Sus días transcurren en conversaciones secretas contrarreloj y por videoconferencia con la subdirectora gerenta del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, la norteamericana Julie Kozack. Las diferencias entre ambos, que trascienden a través de terceros que conversan con ellos, han hundido las acciones y los títulos públicos, con la consiguiente disparada del riesgo país a 1.872 puntos básicos, cerca de los 2.000 puntos que superaba hasta septiembre de 2020, antes de la renegociación de la deuda con los bonistas. Tampoco ayuda a la Argentina el temor mundial a un rebrote del coronavirus con la variante ómicron.
Los inversores financieros se desprenden de los títulos argentinos porque temen que el Gobierno de Fernández fracase en su diálogo con el FMI e incumpla en marzo próximo con el vencimiento del préstamo récord que el organismo le otorgó al gobierno de Mauricio Macri. Ese “atraso” (no se llama default en el caso de las deudas con el Fondo) complicaría el financiamiento previsto en el proyecto de presupuesto 2022 por parte de otros organismos multilaterales, como los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID), y del mercado local de capitales. También podría ampliar la brecha cambiaria: en la actualidad, el dólar oficial está a $ 105,75 (el viernes, tras las restricciones a la venta en cuotas de pasajes al exterior, el Banco Central retomó el ritmo de depreciación del peso de 2020, cuando subía la divisa al ritmo de la inflación y no buscaba usarla como ancla contra la suba de precios, como hizo durante casi todo 2021), mientras el contado con liquidación cotiza a 212,08 (aflojó un poco después de tocar este miércoles los 219,64).
La discusión entre Guzmán y Kozack se centra en dos aspectos fundamentales: el déficit fiscal primario (antes del pago de la deuda) y la brecha cambiaria. El FMI no tendría problemas con la reducción gradual que plantea el ministro para llegar al equilibrio recién en 2026 -en lugar de buscarlo de inmediato como quiso Macri en 2018-, pero objeta que se lo financie con emisión monetaria, con su consiguiente impacto en la inflación. Descree que la Argentina pueda conseguir más crédito de organismos multilaterales y de los mercados de capitales (el interno es pequeño y el externo está cerrado desde 2018, cuando entró en crisis el gobierno anterior). Por eso, el organismo termina pidiendo más ajuste que el deseado por Guzmán. Aunque está más convencido que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la necesidad de caminar al déficit cero, el ministro comparte con ella la visión de que un recorte del gasto resultaría recesivo, abortaría la fuerte reactivación económica actual -que por ahora consiste en recuperar el nivel prepandémico, es decir, volver al nivel mediocre en que la dejó Macri- y, por tanto, afectaría los ingresos tributarios y el resultado fiscal pretendido.
El déficit primario de 2021 iba a ser del 4,5% del PBI, según el presupuesto de este año. En septiembre pasado, el Gobierno rebajó la meta al 4%, de acuerdo con lo expresado en el proyecto de presupuesto. Este viernes la volvió a disminuir, al 3,5%, pero gracias al aporte extraordinario de las grandes fortunas. Si no, hubiese sido 4%. En el proyecto de 2022 se habla de disminuirlo el año próximo a 3,3%, lo que para el FMI resulta poco, dado las dificultades para financiarlo. Para llegar al rojo cero en 2026, habría que recortarlo más de 0,8 puntos porcentuales por año: es decir, a 2,5 en 2023, a 1,7 en 2024 (ya en el próximo gobierno) y a 0,9 en 2025. Demasiado gradualismo y escaso crédito, razonan en el organismo, que tantas veces se ha equivocado en las políticas que ha recetado a los países en crisis.
Con una baja de 0,7 puntos porcentuales del déficit el año próximo no alcanza, según el FMI. En el Gobierno se pusieron de acuerdo Guzmán y Cristina Kirchner para comenzar la segmentación de tarifas de energía a comienzos de 2022. Habrá que ver si resuelven los problemas técnicos para identificar los ingresos de los usuarios y les quitan de una vez todas las subvenciones al 10% más ricos, a los cuales les caería un tarifazo de tres dígitos. El 40% de pobres quedaría resguardado. ¿Y qué sucedería con el 50% de clase media, que incluye desde votantes kirchneristas hasta antikirchneristas, desde los que viajan al exterior y compran dólares hasta los que penden de un hilo para salvarse de la pobreza? El secretario de Energía, Darío Martínez, prometió subirlas por debajo del alza salarial. En bancos internacionales, economistas con vínculos en el FMI reconocen que resultan inviables políticamente aumentos que superen el 100% con una inflación que prevén casi en el 50%, pero sostienen que deberían ser del 20% en términos reales (ajustado por el índice de precios al consumidor, IPC) durante varios años y que eso redundaría en un ahorro anual de 0,5 puntos porcentuales del PBI.
El FMI no suele ser explícito en qué debe ajustarse. En general, presiona sobre un objetivo de déficit y que cada gobierno se arregle como pueda. Aunque a veces opina sobre las alternativas que los países les presentan. En el Gobierno aspiran a bajar el rojo con más recaudación tributaria por un mayor crecimiento de la economía. Si ómicron no nos azota, se podría mejorar en 2022 el desempeño del mal segundo trimestre de 2021, afectado por la segunda ola del Covid-19. En el Ejecutivo admiten una poda de subsidios de energía. También están en discusión las subvenciones al transporte público. Tanto en unas ayudas como en otras, el más favorecido es el tercio de argentinos que viven en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Pero en el Frente de Todos, no sólo en el cristinismo sino también en el albertismo, ven difícil de digerir por sus propios cuerpos un ajuste en otras áreas. Sí se podría ahorrar hasta 0,5 puntos porcentuales del PBI con la previsible finalización de los subsidios Repro (la sigla de Reconversión Productiva), con los que el Estado asistió a empleados y trabajadores independientes de sectores afectados por la pandemia en 2021. Pero en el oficialismo se resisten a la propuesta -que nadie admite en público- de licuar el gasto público con una inflación tan o más alta que la de de este año. El mercado prevén que el IPC cierre 2021 en 50%. El proyecto de presupuesto de 2022 de Guzmán prevé bajarla al 33% -meta que en el FMI consideran imposible de lograr- y calcula los gastos en general suben levemente (36,8%) por encima de ese nivel. Si la inflación, en cambio, fuese del 50%, ese 36,8% implicaría un ajuste real. Pero no todas las erogaciones son técnicamente factibles de recortar así.
El principal gasto público nacional radica en jubilaciones, pensiones y asignaciones, que sufrieron recortes entre 2018 y 2020 y que en 2021 recién le ganarían a la inflación con el aumento trimestral que toca ahora en diciembre. Estas prestaciones se actualizan automáticamente por la recaudación tributaria y por el salario. O sea que el gobierno peronista debería atrasar los sueldos públicos y privados para ajustar la partida de Seguridad Social. No parece dispuesto de ninguna manera. No lo aceptaría ni el cristinismo ni tampoco el albertismo aliado con la CGT de Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.
Algunos bancos internacionales sugieren recortar entonces la obra pública, un tema sensible para Guzmán, empresarios y obreros de la construcción y la economía en general. Son los mismos bancos que defendían los proyectos público-privados (PPP), que Macri impulsó en las rutas y quedaron en Pampa y la vía. En el presupuesto 2022, la inversión estatal sube mucho, un 61,8%. Quizá no lo haga tanto. En el albertismo advierten que no aceptarán que se toque el presupuesto universitario, otra caja importante del Estado.
Otra opción consiste en elevar la carga tributaria a los ricos. No otro aporte extraordinario, pero Guzmán se refirió esta semana a una economía mundial que ha enriquecido a los millonarios y empobrecidos a los que menos tienen. El FMI no objetaría un alza del impuesto a los bienes personales, pero sí Juntos por el Cambio en el Congreso. Quizás en la oposición sea más digerible un incremento de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35% al 45%, como sugirió sin éxito Alfonso Prat-Gay cuando era ministro de Hacienda de Macri en 2016.
En una reciente conferencia organizada por elDiarioaAR y la consultora Llorente & Cuenca, la economista Paula Szenkman, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), recomendaba otros mecanismos de ajuste del gasto público: revisar los regímenes especiales de jubilación e incentivar en las provincias el empleo privado para que el público deje de suponer una suerte de seguro de desempleo. Un ejemplo de esto último quedó patente este viernes en Sierra Grande, el pueblo rionegrino que surgió con su mina de hierro en la dictadura militar que gobernaba en 1972, se derrumbó con su cierre en los tiempos de Carlos Menem en 1992, intentó resucitar con una inversión china que trajo Néstor Kirchner en 2006 y volvió a dejar de operar en 2016 con Macri. En una visita para reconfirmar la inversión de US$ 8.400 millones en hidrógeno verde que viene motorizando el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, él, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y la CEO de la empresa austrialiana Fortescue, Julie Shuttleworth, escucharon en el abandonado puerto de Punta Colorada la ilusión de los obreros de la zona de conseguir trabajo. En un acto al lado del mar del que extraerán el agua para obtener el hidrógeno, una empleada municipal admitía esperanzas y a la vez escepticismo después de tantas promesas incumplidas y advertía que en el gobierno local trabajan 600 personas en lugar de las 150 requeridas. No pedía echarlos sino la creación de empleo privado.
En el gobierno nacional, el albertismo también admiten que tener 1,3 millones de personas en el plan Potenciar Trabajo es demasiado. Pero tampoco quieren dejarlos sin nada sino reconvertir parte de ellos en empleados del sector privado. Ese anhelo declamado por ahora siempre se ha frustrado. Esta vez lo intenta el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en diálogo con empresarios de la construcción, la hotelería, la gastronomía y la industria. Claro que esa reconversión no implicaría inicialmente una reducción de gasto porque se lo usaría para incentivar la contratación.
Habrá que ver cómo cierran las cuentas. A Guzmán le gustaría que la pandemia pase, que se acaben los Repro y la economía se recupere de la segunda ola para que crezca la recaudación y que se recorten los subsidios a la energía y el transporte de quienes pueden pagar más. Pero en el FMI advierten de que con eso no alcanza y entonces comienza la danza de opciones de más ajustes, que van desde la licuación de todos los gastos sobre la base de la inflación hasta la obra pública o una mayor carga tributaria a los ricos. Y ahí no termina la discusión.
Al organismo también le preocupa cómo se recorta la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Con tanta diferencia se desalienta que los exportadores de bienes y servicios liquiden parte o todas sus ventas al exterior en el mercado oficial, con lo que el Banco Central no puede recomponer las reservas. Y allí radica la obsesión del FMI: en esos recursos que servirán para repagarle la deuda. Ese crédito que le dio a Macri para ayudarlo en su reelección, aunque después lo terminó hundiendo, según reconoció el presidente del BID y ex asesor de Donald Trump, Mauricio Claver-Carone. Ese que no hay programa del Fondo que no implique ajuste. Pero volvamos a la brecha cambiaria. Con ella, los exportadores de bienes subfacturan para cambiar menos dólares en la plaza oficial y el resto lo consiguen en cuentas del exterior o cada vez más en criptomonedas, sin control de los fiscos. Los que exportan servicios, como los informáticos, directamente cobran todo offshore y acá la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni se entera. Con los tipos de cambio tan disociados, el Banco Central pierde reservas y el Estado, ingresos tributarios. La solución pasará por acercarlos, ¿pero cómo? Quizá este viernes el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, haya comenzado por volver a subir el oficial al ritmo de la inflación, pero además habrá que bajar el paralelo. Para esta última misión, el equipo económico apuesta al acuerdo con el FMI. “Por todos los medios”, como dijo el devaluado jefe de Gabinete, Juan Manzur, ante poderosos empresarios este jueves. Pero sin impedir el desarrollo, aclaró Manzur. Parece tan difícil como intentar hacer dieta en diciembre.
AR