Hay algunos datos que, aunque parecen ser neutrales e impactar de manera homogénea en todos los habitantes de la Argentina, no lo son. Así como en los hechos la inflación golpea a las familias según su nivel de ingreso y la composición de sus consumos, el presupuesto nacional —ese gran documento que el ministro de Economía presenta cada septiembre en el Congreso— también tiene un efecto distinto sobre varones y mujeres de acuerdo a la estructuración de sus gastos. Por ejemplo, que se destine más o menos presupuesto a la construcción de espacios de cuidado o que se centre la reactivación en sectores altamente masculinizados como la construcción y la industria, generan consecuencias en la organización general de la sociedad.
El presupuesto 2022 es el segundo en la historia de la Argentina que sigue la práctica de etiquetar los gastos que ayudan a disminuir las brechas de género, que se marcan con la sigla PPG (Presupuesto con Perspectiva de Género). Aunque sea novedoso en el país, es una metodología tiene más de 25 años en el mundo y contribuye a “transversalizar” la perspectiva al interior de la Administración Pública, como explica a elDiarioAR la economista Micaela Fernández Erlauer, integrante de la organización Economía Feminita.
No todas las políticas destinadas a mujeres reciben la etiqueta, ni tampoco sólo aquellas que aluden directamente a cuestiones de género —como por ejemplo, los programas de asistencia, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBIQ+—. Quedan bajo esta etiqueta políticas como la Tarjeta Alimentar, las moratorias previsionales o incluso la construcción de aulas.
En el presupuesto 2022, que será defendido por el ministro Martín Guzmán la semana próxima, las políticas para la inclusión social con perspectiva de género y diversidad representan un total de $2.058.923 millones; 3,4% del producto estimado para el próximo año. Si bien implica un aumento del 62% nominal en comparación con el presupuesto de 2021 (17 puntos porcentuales reales, si se toma una inflación estimada de 45%), tiene la misma incidencia en términos del porcentaje del producto total: 3,4%.
“En términos reales va a crecer, pero como el porcentaje del producto se mantiene no podemos afirmar que se están haciendo mayores esfuerzos, a priori, en reducir las brechas de desigualdad”, señaló Fernández Erlauer.
¿Cómo está compuesto el gasto etiquetado en el presupuesto 2022? El 76% está bajo la órbita de la Anses, que instrumenta las moratorias que han permitido a muchas mujeres acceder a un haber jubilatorio sin tener los aportes necesarios por haberle dedicado gran parte de sus vidas a las tareas domésticas y de cuidado. Las mujeres representan el 74% del total de las personas beneficiarias. La Anses también gestiona las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo, que priorizan a las mujeres, y también las pensiones a madres de siete o más hijos.
La segunda cartera con más peso en el gasto etiquetado es el Ministerio de Desarrollo Social (20% del total), a cargo de la Tarjeta Alimentar. Si bien es una política dirigida a niños y niñas de hasta 14 años de edad y con discapacidad sin límite de edad que se encuentren en situación de vulnerabilidad, es considerada una política con perspectiva de género dado que el 96% de quienes perciben el cobro en las familias son titulares mujeres, quienes aún están mayoritariamente a cargo de las tareas de crianza y de cuidado en los hogares más vulnerables. El programa Potenciar Trabajo también contribuye a mejorar la situación de las mujeres, que representan el 67% del total de titulares activos, y genera un ingreso equivalente a la mitad del salario mínimo para, por ejemplo, las trabajadoras de comedores comunitarios.
Dentro del presupuesto del Ministerio de Educación (2% del presupuesto etiquetado) se contemplan las políticas de construcción de jardines de infantes; lugares de cuidado y educación que alivianan la carga de cuidado que recae sobre todo en las mujeres. Además, el ministerio ahora a cargo de Jaime Perczyk tiene a cargo la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todo el territorio nacional.
"En el Estado hacer política pública significa conseguir partida presupuestaria. Feminismo sin recursos es activismo y disputa por construcción de sentido, sin desmerecer lo segundo"
En materia de inversión de obra pública (0,6%), se contemplan obras destinadas a fortalecer la “Infraestructura de Cuidados”: centros de desarrollo infantil, atención primaria de la salud, centros de atención de la mujer, pero también servicios esenciales para el bienestar como agua, cloacas y caminos. El presidente Alberto Fernández se comprometió a avanzar con un “Sistema Integral de Cuidados”, que sin embargo no aparece mencionado en el presupuesto 2022.
El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad representa el 0,5% del presupuesto etiquetado, con distintas políticas contra la violencia por razones de género. Desde la órbita del Ministerio de Salud (0,3% del presupuesto etiquetado) se llevan a cabo acciones en materia de salud sexual y reproductiva, que incluye programas de procreación responsable y la distribución de preservativos y métodos anticonceptivos. También acciones para la identidad de género, dentro de las que sobresale la provisión de tratamientos hormonales.
Por su parte, en el Ministerio de Desarrollo Productivo se incluyen iniciativas para asignar créditos a empresas lideradas por mujeres para capital de trabajo e inversión productiva. Hay otros organismos que incluyen acciones que contribuyen a la reducción de brechas: desde iniciativas vinculadas al rescate y el acompañamiento a víctimas de trata en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a capacitaciones al interior de las fuerzas de seguridad y de defensa.
Si bien se trata de una tarea transversal del Gobierno, el presupuesto con perspectiva de género está impulsado por la Dirección de Economía, Igualdad y Género, a cargo de Mercedes D’Alessandro. La funcionaria prefiere no hablar sobre el presupuesto antes de que Guzmán defienda el documento en el Congreso, pero en una entrevista previa con elDiarioAR dijo que la discusión por la asignación de recursos es de las más difíciles para el feminismo dentro del Estado. Algo que, sin embargo, es absolutamente central. “En el Estado hacer política pública significa conseguir partida presupuestaria. Feminismo sin recursos es activismo y disputa por construcción de sentido, sin desmerecer lo segundo”, resumió D’Alessandro en un acto público.
Más allá del presupuesto etiquetado, también tienen impacto los ejes en base a los que se proyecta el crecimiento del país. La Argentina destina gran parte de sus recursos y financiamiento a áreas relacionadas con la obra pública, la energía, la industria, exportaciones y tecnología; todas ramas donde las mujeres son minoría. Según datos del Indec, la construcción está compuesta en un 97,4% por varones, en la industria manufacturera son 71,1% y, en las actividades primarias, el 80,6%. En energía las mujeres son el 3,3%, en transporte, almacenamiento y comunicaciones representan el 11,4% y en tecnología alcanzan el 32,3%. En cambio son mayoría en otros sectores menos productivos y estratégicos como el servicio doméstico (98,7%), la enseñanza (76,2%) y los servicios sociales y de salud (73,7%).
DT