El tema ya está hablado entre el presidente Alberto Fernández y el diputado Sergio Massa. Una vez que culmine el proceso de revisión de las grandes paritarias el Gobierno tomará en consideración la magnitud de los ajustes y definirá en base a eso una nueva actualización del piso a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias, que ya había sido elevado a fines de abril mediante una ley.
La nueva suba, que según fuentes al tanto de la discusión se definirá en agosto, está alineada con el objetivo de aumentar el poder adquisitivo de los hogares y estimular el consumo. Para eso, se busca que la escalada de la inflación y la consecuente renegociación de los salarios no licúe las modificaciones en el tributo que se instrumentaron hace apenas meses.
“El objetivo es que la cantidad de beneficiados por la ley no se altere”, resumen. Concretamente, se apunta a conservar por fuera del tributo las alrededor de 1,2 millones de personas que fueron eximidas cuando se elevó el mínimo no imponible a los $150.000 mensuales brutos para trabajadores activos y a ocho haberes mínimos para jubilados y pensionados. En otras palabras, mantener el porcentaje de contribuyentes que paga el impuesto entre el 8% y 10%.
Esta vez la modificación se realizaría mediante un decreto, opción que quedó habilitada por la ley. Todavía no está definido de cuánto será el aumento, pero el equipo a cargo de los cálculos estima que el nuevo piso se ubicará entre los $170.000 y $185.000 mensuales brutos.
La ley señala que los parámetros de Ganancias deben ajustarse todos los eneros por el coeficiente que surja de la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que fue de 24,10% entre enero y junio de este año. Sin embargo, en el Gobierno confirmaron a elDiarioAR que esta vez, y de manera excepcional, “buscarán un número” que refleje el aumento de las paritarias y de la inflación por encima de lo trazado en el presupuesto 2021, que se tomó de insumo para diseñar la modificación original.
La norma publicada en el Boletín Oficial el 21 de abril lo permite. Dice: “facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar, durante el año fiscal 2021, los montos previstos” en la modificación. Es decir, traza el objetivo pero no la metodología. “Aunque no dijera eso, cualquier beneficio suele aceptarse aún cuando no respete el 'principio de legalidad'. Si la medida baja los impuestos, nadie se va a quejar de cómo lo hagan”, anticipó el tributarista Ezequiel Passarelli, de SCI Consultores.
Las revisiones que tengan una fecha posterior al ajuste por decreto (hay citas entre empleadores y sindicatos pautadas hasta diciembre) sí quedarán atadas a la actualización reglamentaria de enero próximo, basada en el Ripte.
“Lo del aumento basado en un ‘promedio de la revisión de las paritarias’ no es más que la justificación discursiva para la medida, pero no tiene ningún sustento técnico”, opinó Luis Campos, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la CTA Autónoma. ¿Van a hacer un promedio ponderado? ¿Qué sentido tiene promediar la revisión de bancarios (14%) con la de camioneros (la tienen prevista para el año que viene) cuando en los hechos ambos sectores negociaron aumentos similares, de 43% y 45% respectivamente?“, añadió.
Iván Sasovsky, titular de Sasovsky y Asociados, coincidió con Campos en que la búsqueda de un “promedio de revisiones” tiene inconvenientes. “Los cierres paritarios fueron muy dispares y hacerlo de esa manera pondrá nuevamente en la necesidad de desdoblar el mínimo no imponible por industria, como se hizo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con los trabajadores patagónicos del petróleo”, opinó. En el Gobierno descartaron esta opción.
Según Sasovsky, si el mínimo se ajustara por inflación debería escalar entre los $180.000 y $200.000 mensuales.
El contador calcula que si el mínimo se ajustara por inflación debería escalar entre los $180.000 y $200.000 mensuales. “Otro tema es cómo se financia lo no recaudado por este impuesto y la informalidad de los nuevos empleos que se generan”, apuntó.
Las revisiones de las paritarias fueron acordadas por la mayoría de los sindicatos a comienzos del año, cuando aceptaron aumentos alineados con el pronóstico oficial de inflación, de 29%. Transcurrido medio año la suba de precios acumula más del 25% y los trabajadores de distintas actividades hicieron uso de esas cláusulas para volver a negociar y consiguieron aumentos por encima del 40%, con algunos casos incluso en el orden del 50%.
El Gobierno también revisará el Salario Mínimo, Vital y Móvil en septiembre, tal como lo había acordado el Consejo en abril. Ya por decreto se adelantaron las cuotas (que se terminarán de liquidar en septiembre de este año y no en febrero de 2022 como se acordó inicialmente) y en el noveno mes del año la cartera que conduce Claudio Moroni volverá a convocar a los 32 actores de la mesa para definir la actualización del 35% acordado inicialmente. El salario mínimo es la principal referencia para los trabajadores informales e independientes, y su actualización está ligada también a los haberes jubilatorios y las prestaciones sociales.
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