Una nueva jornada de protesta por parte de los trabajadores del Sindicato Único de Peajes y Afines (SUTPA) se lleva adelante este viernes en las rutas de todo el país gestionadas por las empresas Corredores Viales, Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Autopistas de Buenos Aires. Además, hay una manifestación en Autopista Riccheri, a la altura del Mercado Central (Tapiales), sentido a Ezeiza, con las barreras levantadas y dos carriles reducidos, generando caos de tránsito y las quejas de automovilistas que van rumbo al Aeropuerto internacional.
Se trata de trabajadores que piden una definición sobre el futuro de Corredores Viales, ya que unos 500 de ellos podrían quedar desvinculados debido a que el martes pasado fue el último día de concesión de Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA) en Ruta 12, Ruta 14 y Puente Rosario Victoria.
De acuerdo al comunicado que el gremio difundió en redes sociales, “los usuarios y usuarias de las rutas argentinas conocen el fuerte deterioro de las condiciones de transitabilidad que se atraviesan. No se trata de un problema iniciado durante el actual mandato presidencial, pero es evidente que, al igual que sus predecesores, este gobierno no tiene un plan claro y realizable para la infraestructura vial argentina”.
Para SUTPA, “la crisis vial que atraviesa nuestro país no tiene la misma cobertura mediática que la crisis de inseguridad, pero se cobra vidas con mucha mayor velocidad: 12 por día. Un país de la extensión de la Argentina no puede darse el lujo de permitir que sus arterias viales permanezcan en condiciones de intransitabilidad por la improvisación de quienes tienen que planificar y ejecutar su gestión, mantenimiento, reparaciones y mejora”.
En el documento que difundió el gremio que conduce María Florencia Cañabate y del que Facundo Moyano es secretario adjunto, detallan que la infraestructura vial “está ”dividida en dos sistemas, uno gratuito para los usuarios, gestionado a través de Vialidad, y otro concesionado a empresas que recaudan una tarifa a quienes lo transitan“. Asimismo, explican que la principal empresa concesionaria de rutas y autopistas ”es de propiedad pública: Corredores Viales S.A. El gobierno asumió diciendo que iba a privatizarla, pero no solo no avanzó en tal sentido a casi un 30% de avance de su mandato, sino que su primer acto hacia el sistema tarifado es estatizar una concesión vial. Estamos hablando de Caminos del Río Uruguay, una concesionaria cuyo contrato vencía en abril, y para la cual el gobierno no organizó ningún proceso licitatorio que permitiera asignarla a otra empresa“, remarcan, al tiempo que denuncian que, con el vencimiento del contrato de Caminos del Río Uruguay, ”se perdieron 500 puestos correspondientes a trabajadores que no cobrarán su indemnización“.
Y agregan: “La degeneración fiscal no termina en la improvisada estatización. A pesar de contar con una empresa concesionaria de infraestructura vial, el Gobierno ha decidido darle la ruta del Mercosur a la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, gracias a que evidentemente el Presidente no está siendo debidamente informado de estos cambios, todos los argentinos deberán pagar con sus impuestos el mantenimiento (si es que lo hay) de la ruta del Mercosur. Esta improvisada estatización 'libertaria' saldrá carísima en dinero, pero también en el aumento del costo logístico, debido al previsible deterioro de la infraestructura”, recalca el comunicado de SUTPA.
Asimismo, en un mensaje a sus afiliados, el gremio que nuclea a los trabajadores del peaje, reafirman su compromiso “con los derechos de sus trabajadores, tanto como con el desarrollo de la infraestructura vial con servicios. El progreso tecnológico no solo ha traído más eficiencia en la recaudación, sino también mejoras que requieren trabajadores con mayor capacidad técnica. Incluso ante un Estado ausente o improvisado, siempre hemos trabajado para formar y capacitar a nuestros afiliados, para que estén preparados para el futuro. No permitamos que la improvisación nos lleve hacia un pasado que será costoso, tanto en dinero como en vidas”, concluye.
“Tienen que haber inversiones y se hacen con tarifas”
La secretaria general del Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines, Florencia Cañabate, se refirió este viernes al conflicto por la finalización del contrato de concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), que derivó en una protesta en la Autopista Riccheri al peligrar 500 puestos de trabajo.
Al respecto, explicó que la empresa dejó de hacer inversiones porque “no le recomponen la tarifa”.
La sindicalista pidió aplazar la discusión sobre la automatización de las cabinas como reclama el Gobierno para centrarse en lo urgente que son las inversiones en el sistema vial.
“Independientemente de la proyección utópica del Gobierno de que dentro de dos años y medio tiene que estar todo automatizado, tienen que haber inversiones y se hacen con tarifas. El sistema de concesiones viales se hace con tarifas”, indicó, en declaraciones a radio Splendid AM 990.
Para Cañabate, “no es casualidad que las tarifas más bajas del peaje sean las de Caminos del Río Uruguay”, equivalentes a “0,84 centavos por kilómetro recorrido”.
“Que un usuario de autopistas del oeste pague entre 700 y 900 pesos la tarifa de peaje, con lo que no comprás ni un alfajor, hace que el sistema se deteriore y se termine rompiendo”, analizó la líder gremial.
A su criterio, “es mejor resolver los problemas estructurales y luego ir a la automatización que es lo que todos queremos”. “Empezamos de atrás para adelante. No están invirtiendo porque no le recomponen la tarifa”, insistió.
En esta línea, la secretaria general del gremio afirmó que “este Gobierno sigue con la misma desaprensión de los gobiernos anteriores” respecto al estado de las rutas.
Sobre la situación en la que quedaron los trabajadores al finalizar la concesión, Cañabate aseguró que “hay posibilidades de recategorizarlos y que cumplan tareas en otros sectores”.
“La mala voluntad del gobierno nacional a través de Vialidad Nacional y la Secretaría de Transporte hizo que los trabajadores de Camino Del Rio Uruguay se queden sin trabajo, sin indemnización y sin continuidad laboral”, lamentó.
Según expresó, “es responsabilidad de Vialidad nacional de que los trabajadores estén incluidos en los pliegos”.
“Es la primera vez en 30 años que cuando se cambia de concesión privada los trabajadores no están incluidos. Falta la voluntad política”, reclamó.
Asimismo, Cañabate reiteró que el problema no es la automatización porque eso ya se ha discutido con otras empresas y “no se ha perdido ni un solo puesto de trabajo”.
“Hoy está en discusión la continuidad laboral por responsabilidad de Vialidad Nacional, que tiene el 49% de los corredores viales”, subrayó.
Este viernes se llevó a cabo una nueva jornada de protesta en reclamo por los trabajadores que piden una definición de Corredores Viales, ya que unos 500 de ellos podrían quedar desvinculados debido a que el martes pasado fue el último día de concesión de Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA) en Ruta 12, Ruta 14 y Puente Rosario Victoria.
Con información de agencias.
IG