Entre las múltiples asociaciones posibles, el mundo de la obra pública remite a un puñado de empresas contratistas del Estado, a grandes obras de infraestructura y, muy probablemente, a causas de corrupción. Pensar su relación con las brechas de género y edad demanda un ejercicio más forzado, aunque a la luz de los datos resulte un enfoque evidente y necesario.
Incorporar esta mirada al Ministerio de Obras Públicas es una de las tareas de Roxana Mazzola, directora de Transparencia y una rara avis dentro de la cartera que conduce Gabriel Katopodis. La trayectoria de Mazzola, que es politóloga y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magister en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, se relaciona al estudio de las políticas sociales e incluso ha escrito un libro sobre la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el país.
La funcionaria asegura que si bien en los últimos años la Argentina “avanzó mucho en considerar la niñez y la perspectiva de género dentro de las políticas de seguridad social”, no hizo lo mismo en lo que respecta a acceso a la infraestructura, donde también se manifiestan las brechas. Los datos muestran, por ejemplo, que la proporción de hogares sin agua corriente es mayor en aquellos donde viven menores de edad y que, entre quienes están en esa situación, las mujeres son las principales encargadas de acarrear los baldes de agua hasta sus casas.
“Se requiere una mirada que no sea retórica, sino de recursos que se tienen que poner en función de esto”, dice Mazzola, y asegura que este año el ministerio le asignará un mínimo de 8,5% de su inversión a centros de desarrollo infantil, centros de atención mujeres que son víctimas de violencia y estructuras vinculadas a la salud.
La corrupción en la obra pública es tal vez el estigma más grande de la gestión kirchnerista. Su llegada a este área de Transparencia, desde un lugar atípico, ¿tiene que ver con revertir esto?
Históricamente la obra pública estuvo revestida de un halo de desconfianza de la ciudadanía. Una marca muy fuerte que quiso poner el ministro Katopodis y el Presidente fue que en obra pública haya una ejecución más fuerte después de la desinversión de los últimos años por parte de la gestión de Cambiemos —se bajó de 2,5 puntos del PBI en inversión en infraestructura a 1%; nosotros volvimos a elevarlo a 2%— y esté acompañada de una política de acceso a la información pública y de transparencia. Por eso se constituyó un área institucional a cargo del tema, para que no quede librado al funcionario de turno. Necesitamos generar confianza en la ciudadanía y el modo de hacerlo no es decir “soy transparente” sino mostrarlo con hechos. Entre otras cosas, se hizo el mapa de inversiones, que es una página web a la que puede ingresar cualquier ciudadano y ver toda la obras y todos los proyectos en ejecución, con su nivel de avance y presupuesto. Queremos que sea un ministerio vidriado y no una caja negra.
¿Cree que el de los contratistas de obra pública es un mercado competitivo o está excesivamente concentrado?
El problema de la cartelización excede a la obra pública, es un problema que tiene la economía argentina en general, que tiene una fuerte concentración oligopólica en muchísimos rubros y sectores. La obra pública es parte de ese marco. Se está trabajando con políticas de transparencia para ver cómo se avanza con procesos de apertura para los oferentes. Hay que mirar tanto las empresas como trabajar en un plan de transformación al interior del ministerio para que todo el proceso de gestión esté en sistema y no sea información que tienen solo algunos funcionarios.
Queremos que sea un ministerio vidriado y no una caja negra
Uno se alarma cuando ve que la pobreza por ingresos es de 42% (y en los niños y niñas se eleva a 57%), pero si se piensa en una medición multidimensional este número es todavía más alto y aparece la centralidad de la infraestructura. Hay familias que pueden comprar la canasta básica pero no tienen cloacas, agua corriente o viven hacinados.
Sí, y la pandemia del Covid expuso esto de manera cruda. Ya veníamos de unos últimos años de fuerte rezago a nivel económico y la pandemia amplificó las desigualdades. Y cuando hablamos de desigualdades no son sólo monetarias sino en las oportunidades de vida que tienen unos sectores de la población y en otros. En el caso de la obra pública, esto es nodal. Nosotros tenemos dentro del área de Transparencia tres grandes líneas de trabajo. Una de ella es un programa de monitoreo y evaluación de políticas que busca introducir diferentes herramientas que apoyen con evidencia los procesos de toma de decisión. Uno de los ejes que abordamos ahí es la cuestión de brecha de infraestructura y cómo se alinean los objetivos con la perspectiva de género e impacto en la niñez.
¿Cómo se ven esas brechas en el diagnóstico?
Por ejemplo, 1 de cada 10 familias en la Argentina no tiene acceso al agua y solo un tercio de la población tiene acceso a desagües cloacales. Esto se mantiene desde hace una década más o menos y cuando vas a hogares con niños y niñas menores de 17 años eso es todavía peor, lo mismo cuando vas a ver zonas rurales. En la media de los hogares urbanos el déficit de acceso al agua es del 10% y en los hogares con niños del 14%. Por otro lado, cuando no tenés agua las cargadoras históricas de agua son las mujeres o las niñas, no es que se reparte por igual el llenar y transportar baldes de agua. Esto requiere políticas diferenciales que consideren esas brechas, que no son sólo territoriales, sino que también son brecha de género o de edad y la obra pública no puede ser ciega a eso, porque implicaría mantener mantener esas desigualdades.
Una de cada diez familias en la Argentina no tiene acceso al agua y solo un tercio de la población tiene acceso a desagües cloacales
De hecho, estas brechas se advierten si se mira de cerca casi cualquier problemática. Un censo oficial en la toma de Guernica mostró que gran parte de las personas que estaban ahí eran mujeres solas con hijos.
Sí, y se requiere una mirada que no sea retórica, sino de recursos que se tienen que poner en función de esto. Nosotros establecimos en el ministerio un Fondo de Infraestructura de Cuidados que define que un mínimo del 8,5% del presupuesto del ministerio tiene que estar destinado a los centros de desarrollo infantil, a centros de atención a las mujeres que son víctimas de violencia y a cuestiones de salud.
Pienso en cómo replicaría esta mirada en otros aspectos; si más mujeres tienen acceso a lugares en donde dejar a sus hijos e hijas, más mujeres pueden salir a trabajar y mejorar sus ingresos.
Tenés un impacto en las oportunidades para trabajar, para poder terminar estudios y también para reconocer que el cuidado no debe ser una función privada que cada familia resuelve como puede sino una responsabilidad pública. Insisto en que esto no puede ser retórico; tienen que tener partidas presupuestarias asignadas con este criterio como fue en su momento la Ley de Financiamiento Educativo, que estableció un piso de inversión del que no se puede bajar. Si querés ver cambios más estructurales en las brechas de género y estructurales que afectan la empresa multidimensional en la niñez, tenés que asignar recursos.
DT