Luego de la marcha en la casa de Aníbal Lotocki el día de la muerte de Silvina Luna, la Asociación Argentina de Actores y Actrices se congregó hoy para pedir justicia por la muerte de la artista y demás “víctimas de una medicina inescrupulosa”.
“Hoy la situación de Lotocki no es la misma que cuando fue condenado. El engaño está muy presente. He notado mucho desinterés de la Justicia al principio, pero nunca noté una mano que aplaque la situación. Yo creo que Lotocki se cree su propia fantasía, no debe estar en eje”, indicó Burlando en el marco de esta reunión.
Además del abogado, el encuentro en la sala Olga Berg de la Asociación Argentina de Actores contó con la presencia de otras víctimas de mala praxis de Lotocki como Stefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Raphael Dufort. “Es increíble la cantidad de chicos y chicas que se están sumando en el chat y que perdieron la vergüenza, son personas que sufren como nosotros. Es una bomba lo que tenemos”, señaló Trenchi.
“Queremos escucharnos, queremos contenernos, necesitamos vernos y contarnos lo que nos pasó y nos pasa. Necesitamos este encuentro para avanzar hacia un contundente reclamo que despierte a la Justicia”, habían escrito los artistas en la convocatoria al encuentro.
Fernando Burlando pidió por una “Ley Silvina Luna”
Durante la reunión de la Asociación Argentina de Actores, Fernando Burlando remarcó la importancia de una “Ley Silvina Luna” que ampare a las personas que quedan desprotegidas frente a casos de mala praxis y permita regular la actividad de los cirujanos plásticos.
“La idea es que se genere un conocimiento obligatorio de los materiales. Cuando vos entras a un quirófano, ponés tu vida voluntariamente en las manos del profesional de la salud y ese tipo en ese momento y en ese lugar tiene poder nivel Dios. El marco da tranquilidad al médico y al paciente”, aseguró el letrado.
La propuesta no sería la primera ley de este tipo en América Latina. En Colombia, con impulso de Elizabeth Loaiza, se logró aprobar la Ley 2316 que estipula sanciones para quienes causen lesiones personales con sustancias inyectables no permitidas. La normativa tiene como objetivo proteger a las víctimas de biopolímeros en el país, garantizándoles tratamiento psicológico y físico que incluyen la eventual extracción de la sustancia en el cuerpo y la rehabilitación correspondiente.
A su vez, la ley establece una pena de entre 2 y 10 años de prisión para aquellos que apliquen el producto con multas de hasta $250 millones. Si el médico engaña al paciente o atiende a un menor de edad, se considerará un agravante para determinar el castigo.
ACM con información de agencias.