Amnistía Internacional exigió este martes “memoria, verdad, justicia y reparación integral ante los crímenes del pasado que permanecen impunes” a Uruguay, donde este martes se conmemoró el cincuentenario del comienzo de la dictadura cívico-militar que vivió el país entre 1973 y 1985.
“Uruguay: A 50 años del Golpe de Estado, la demanda por memoria, verdad y justicia permanece vigente ante los crímenes del pasado que siguen impunes”, indica un comunicado. Asimismo, recuerda al Estado que “debe comprometerse con brindar garantías de no repetición”.
“Amnistía Internacional exige que las autoridades adopten de inmediato todas las medidas necesarias para llevar ante la Justicia a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, sin importar la fecha en que fueron cometidos”, remarca el texto.
De acuerdo con esto, añade que “resulta preocupante” el proyecto de ley sobre prisión domiciliaria, que fue ingresado al Parlamento y que se encuentra a estudio.
“Según diversas estimaciones, el beneficio alcanzaría a casi 200 personas, incluyendo más de 20 condenados por crímenes de lesa humanidad que se encuentran cumpliendo sus penas en el centro penitenciario Domingo Arena. De ellos, un 80 % aproximadamente está recluido desde hace menos de dos años”, puntualiza el informe.
Y agrega -citando palabras de Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay- que, de aprobarse el mencionado proyecto, el país suramericano “estaría incumpliendo con sus compromisos internacionales, dado que no se ajusta plenamente a las Convenciones y Pactos Internacionales de derechos humanos de los que Uruguay es Estado parte”.
“Amnistía Internacional recuerda al Estado uruguayo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, en la que Uruguay es un Estado parte”, destaca.
Sobre el final, añade que es “fundamental” que el Estado establezca medidas “que den garantías de no repetición”, involucrando a la sociedad para que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad no vuelvan a cometerse en el país.
EFE.
IG