Cuba se ha colocado, otra vez, en el centro de la atención latinoamericana. La discusión sobre la naturaleza de su régimen político y el trato que dispensa a sus ciudadanos ha vuelto a concitar el interés público como consecuencia de las protestas populares que sacudieron a la isla caribeña desde el 11 de julio. Por su envergadura y extensión –muy considerables sobre todo si tenemos en cuenta cuán intolerante y represivo suele ser su gobierno–, la movilización ciudadana que ha alterado el aspecto de las calles de Cuba en las últimas dos semanas es sin duda la más importante desde las manifestaciones que tuvieron lugar en los años de pobreza y escasez que siguieron al colapso de la Unión Soviética en 1989 y, quizás, de toda la saga que se abrió tras el ingreso del Ejército Rebelde en La Habana, en el día de Año Nuevo de 1959. A más de seis décadas de distancia del momento en que Fidel Castro declaró el carácter socialista del que entonces era el país más próspero del Caribe, y al calor de un descontento que no cesa y que el régimen no parece capaz de contener, se abre un signo de interrogación sobre el destino del experimento político más exótico de la América Latina del siglo XX. El futuro del único Estado comunista del Continente se encuentra en entredicho.
Las fisuras del edificio político construido en la década de 1960 hoy están muy a la vista, pero ya hace muchas décadas que la Cuba comunista es una reliquia del pasado. Entre los pocos que se animan a celebrarla abiertamente fuera de la isla se destacan algunas figuras siempre dispuestas a proclamar su identificación con los intereses y la voluntad de las mayorías pero que, en verdad, están animados por visiones elitistas de la política. Son los que, invocando el nombre del pueblo cubano, defienden a sus gobernantes. La mayor parte del arco progresista latinoamericano, en cambio, prefiere mantenerse una actitud entre resignada y cómplice, cuyos rasgos ha retratado bien Claudia Hilb en Silencio, Cuba, un libro que, a más de diez años de publicado, sigue resultándole incómodo a los que invocan el tosco argumento del “bloqueo” para explicar las desgracias de la nación caribeña. El presidente Alberto Fernández es uno de los que hoy cultiva esta forma de la pereza intelectual y la miseria política.
El desencanto con la Cuba socialista tiene muchas causas. Una de ellas –aunque no necesariamente y no siempre la más relevante– es que desde hace tiempo que la conversación sobre los logros sociales de la Revolución (importantes en las décadas de 1960 y 1970) sólo invita a la nostalgia y la añoranza. En relación con esta cuestión, el problema de fondo es que la economía cubana nunca fue otra cosa que un cadáver viviente, cuyas penurias el embargo estadounidense acentuó pero no creó. Por supuesto, las instituciones económicas nacidas tras la Revolución son el principal responsable de este fracaso pero, también, su carta más poderosa, la que le permitió reclamar un trato preferencial de parte de la Unión Soviética. De hecho, la Cuba de Fidel Castro sólo pudo sostenerse en su primer treintenio de vida gracias al pulmotor que le ofreció Moscú, que llegó a pagar por su azúcar tres veces su valor de mercado.
Esa alianza se quebró hacia 1990, con el derrumbe de la Unión Soviética y el desmembramiento del bloque socialista, que dejaron al pequeño país caribeño a la deriva. La Cuba de Castro se vio obligada a ingresar al mundo pos-soviético abriendo sus puertas al turismo y degradando su nivel de vida y su horizonte igualitario, esto es, acentuando la brecha entre su nomenklatura y sus ciudadanos de a pie. La medida de las dificultades que enfrentó en esos años la ofrece el hecho de que entre 1990 y 1994 se produjo una contracción del producto superior al 35% (para poner un punto de comparación: una caída tres veces y media superior al que la Argentina sufrió en 2002 o 2020). En ese “Período Especial” signado por enormes privaciones, los cubanos pasaron de consumir 2.800 kilocalorías diarias a menos de 1.900.
El problema de fondo es que la economía cubana nunca fue otra cosa que un cadáver viviente, cuyas penurias el embargo estadounidense acentuó pero no creó.
El boom de las commodities de la primera década del nuevo siglo suscitó mucha preocupación entre los gobernantes de una isla que, incapaz de satisfacer la demanda de alimento de su población, importa dos tercios de la comida que consume. Pero esos temores se despejaron gracias al acercamiento a la Venezuela bolivariana que, súbitamente próspera gracias al alza de los precios del petróleo, le ofreció el salvavidas con el que consiguió seguir flotando. Subsidiada por el crudo venezolano, la economía cubana comenzó a recuperar terreno y, hacia, 2007, había alcanzado el nivel de actividad que tenía antes de que Gorbachov llegara al poder en Moscú.
La generosidad de la Revolución Bolivariana contribuyó a ralentizar el programa de apertura hacia el mercado que la elite dirigente cubana veía cada vez más necesario, pero esa primavera fue demasiado breve como para darle a la Cuba socialista un horizonte de progreso. Apenas pasada una década de la forja de la alianza entre Castro y Chávez, el fin de la bonanza petrolera y el colapso de la Venezuela de Maduro colocaron a la isla ante nuevas dificultades, luego agravadas por el endurecimiento del embargo estadounidense y, más recientemente, por la crisis del Covid. Desaparecido el magnánimo subsidio que le ofrecían sus socios petroleros, y ahora sin turismo y sin remesas de sus emigrados (provenientes, en su mayor parte, de ese casi 1,5 millón de cubanos que ha elegido el exilio en Estados Unidos), la vida de los isleños ha vuelto a hacerse tan dura y difícil como fue en los años que sucedieron a la ruptura con Moscú. Las preocupaciones de muchos cubanos otra vez están centradas en cuestiones tan elementales como qué pondrán sobre la mesa en el desayuno o la cena de mañana.
En este contexto dramático vuelven a escucharse las voces de protesta que, desde dentro y pero sobre todo desde fuera de la isla, denuncian al régimen que la gobierna, muchas veces sindicándolo como una dictadura. ¿Cuba es o no es una dictadura? ¿Vale la pena perder el tiempo en el análisis de la naturaleza del régimen? Desde mi punto de vista, esta discusión no es tan trivial como a veces se sugiere. Una vez que dejamos atrás las trampas y simplificaciones implícitas en los planteamientos binarios, explorar algunos de sus costados más relevantes nos permite alcanzar una mejor comprensión de los dilemas que hoy enfrenta la isla.
Para encuadrar el problema conviene comenzar dando un rodeo para referir brevemente qué lugar ocupa la dictadura como forma de gobierno en el mapa de las tradiciones político-institucionales de América Latina. Un incisivo ensayo de Tulio Halperin Donghi sobre “La dictadura latinoamericana como problema histórico” (1982) pone de relieve lo más importante. En ese texto, el gran historiador argentino parte de la constatación de que la dictadura constituyó una forma de gobierno muy frecuente en la historia latinoamericana del siglo XX. Sin embargo, Halperin Donghi observa que esta forma de dominación nunca logró dotarse de legitimidad propia. La dictadura siempre se presentó como una formula política transitoria, dirigida a restaurar las condiciones –usualmente de orden social o de desarrollo económico– que hicieran posible, más tarde o más temprano, el retorno a la democracia representativa.
A lo largo de su historia, América Latina no produjo ninguna fórmula constitucional capaz de impugnar el basamento liberal y representativo sobre el que se asentaba el orden político que la región forjó tras la era colonial. Soluciones políticas enemigas de la democracia representativa, como por ejemplo el fascismo, nunca conquistaron el corazón de las elites gobernantes o de los ciudadanos de a pie. De allí que incluso regímenes autoritarios asociados a nombres de dictadores prominentes como los de Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, o Gómez en Venezuela se concibieron como fórmulas provisionales, “excepcionales”, destinadas a esfumarse una vez cumplidos determinados objetivos.
Por supuesto, este mismo fenómeno se observa en Argentina. Dos ejemplos sirven para ilustrar el argumento. El dictador argentino Juan Carlos Onganía pensó a su Revolución Argentina (1966-73) como una sucesión de estaciones –el tiempo económico, luego de tiempo social, y finalmente el político– que debía rematar en un proceso de apertura que devolviera a su país a la senda democrática. Lo que justificaba la dictadura era, precisamente, que la restricción de los derechos políticos de la ciudadanía se hacía en nombre de la construcción de una democracia más perfecta. Esta manera de entender el problema del orden político también acotó los límites del Proceso de Reorganización Nacional (1976-83). Una recordada declaración del general Leopoldo Galtieri en 1981 expone bien esta limitación: “las urnas están bien guardadas”, expresó el dictador. Esta formulación sugiere que esa dictadura asesina no tenía más remedio que convivir con las urnas; no podía destruirlas ni hacerlas desaparecer. Allí estaban, cubiertas de polvo pero intactas, esperando que llegara su momento. En síntesis, las dictaduras latinoamericanas podían demorar el retorno a la senda democrática pero nunca se propusieron o pudieron negarlo.
Este cuadro está en la raíz de los problemas de la Venezuela bolivariana. Tanto Chávez como Maduro se aferraron a la idea de que la legitimidad de su gobierno dependía del apoyo de una amplia mayoría, alcanzada en comicios abiertos y competitivos. Pese a toda su retórica antielitista, y pese a su deriva autoritaria, la Revolución boliviariana nunca cuestionó de manera frontal este principio. Y es por ello que, una vez que perdió su condición mayoritaria, el gobierno de Maduro no tuvo más remedio que satisfacer su deseo de perpetuarse en el poder a través de la falsificación de las elecciones de las que depende su legitimidad. Para ello, claro, también debe acallar a una sociedad civil que las propias instituciones del país reconocen compleja y plural.
En este punto, el contraste entre la Venezuela Bolivariana y la Cuba socialista salta a la vista. Pues el triunfo de la Revolución supuso, tras algunos titubeos iniciales, una discontinuidad radical respecto de la tradición político-ideológica latinoamericana. En sus años fundacionales de la primera mitad de la década de 1960, la Cuba socialista organizó sus instituciones políticas y económicas en torno a principios alternativos, inspirados en la experiencia soviética: un régimen de partido único, acompañado por una economía dominada por el estado, sin propiedad privada de los medios de producción. Por supuesto, la Cuba socialista se define como un régimen participativo y sensible a las demandas populares, y dedicado a promover el bienestar de sus habitantes. Pero los procesos políticos que pretenden aseguran estos resultados –que incluyen consultas electorales regulares en las que participa una parte considerable de la población– tienen lugar dentro del armazón institucional que ofrece el partido único. Esa es la arena donde se forjan las candidaturas, se definen los objetivos de la acción política y se dirime la disputa por el poder.
En este sentido, denunciar que Cuba no es una democracia liberal sino una dictadura no constituye una crítica genuina y fundamentada a su orden político. Y esto es así porque, en la medida en su organización institucional adopta otra forma, la impugnación que estamos comentando apenas si roza la superficie del problema. Si vamos por este camino, le estamos reclamando a Cuba algo que Cuba ha decidido no ser (y es momento de agradecerle a Pedro Caminos, que me ayudó a clarificar esta cuestión). De allí que, con muy buenas razones, algunos analistas sugieren que debemos poner el foco de atención en otro plano, el de sus graves y recurrentes violaciones a los derechos humanos. La manera en que el gobierno cubano custodia esos derechos nos ofrece un criterio más pertinente para evaluar la calidad de la relación entre el Estado cubano y sus súbditos.
Este valioso argumento ha sido invocado muchas veces para impugnar el comportamiento de los grupos dirigentes cubanos desde que, en 1971, y a propósito del caso Padilla, comenzaron a encenderse las luces de alarma en la izquierda por la deriva autoritaria del gobierno cubano. Desde entonces, la crítica a las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno cubano se ha escuchado de forma repetida. Pese a que suscribo el razonamiento, soy consciente de que la naturaleza pretendidamente universal de esos derechos puede ser cuestionada. Es a partir de esta posible objeción que entiendo que nuestra evaluación del trato que el Estado cubano dispensa a sus ciudadanos puede enriquecerse si damos un paso adicional e intentamos juzgar a Cuba utilizando el criterio que proviene de sus propias promesas en tanto régimen político. En 2019, Cuba sancionó una nueva constitución, que sus máximas autoridades han celebrado como el producto final de un proceso amplio y participativo, que también incluyó una amplia consulta popular. La Constitución de la República de Cuba (tal su nombre oficial) aprobada en 2019 expresa, en muchos aspectos, valores que los cubanos consideran importantes, y que sus gobernantes suscriben y refrendan. Dadas estas circunstancias, ¿qué mejor estándar para evaluar al Estado cubano que su relación con sus propias promesas constitucionales?
Aunque avara en múltiples aspectos (entre ellos, el reconocimiento de los derechos de las personas que no encajan en los estereotipos tradicionales de género y orientación sexual –un antiguo lunar del credo revolucionario cubano, todavía visible, por ejemplo, en su definición de familia–) la constitución de 2019 es generosa en términos de concesión de derechos a las personas. En su artículo primero, la Ley Fundamental cubana asegura a todos los habitantes de la isla “el disfrute de la libertad individual”. El capítulo de derechos nos ayuda a precisar el significado de este principio. Así, por ejemplo, en el artículo 46 sostiene que “todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia”. La constitución también garantiza la inviolabilidad del domicilio (art. 49), la “libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional” (art. 52), “la libertad de pensamiento, conciencia y expresión” (art. 54), “la libertad de prensa” (art. 55) y, por si todo esto fuera poco, también “los derechos de reunión, manifestación y asociación” (art. 56).
La Cuba socialista posee leyes dirigidas a criminalizar a la oposición política. Pero por encima de instrumentos como la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba se erige una constitución que, pese a todos sus aspectos polémicos y hasta oscuros, exhibe un compromiso enfático con la libertad “de la persona” (ya que no, por cierto, del individuo). A la luz de estas premisas, de la distancia entre este compromiso y la práctica concreta del régimen, queda claro que las autoridades de la isla no respetan los derechos consagrados por sus instituciones. Son ellas las que no están a la altura del compromiso constitucional que, de manera consciente y libre, y en un diálogo informado con sus ciudadanos, en su momento decidieron suscribir.
Por cierto, ningún Estado está plenamente y todo el tiempo a la altura de sus promesas constitucionales. Esta distancia es inevitable y en alguna medida también deseable. Pues una constitución no sólo define un conjunto de reglas que sirven para encauzar la relación entre los distintos poderes del Estado y entre el Estado, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, y para garantizar los derechos de los ciudadanos. Estos documentos fundacionales también expresan la dimensión proyectual, incluso utópica, de la política de nuestra era democrática. Las constituciones formulan promesas de una mejor vida en común (la argentina, por ejemplo, asegura en su artículo 14 bis “participación en las ganancias de las empresas” y “acceso a una vivienda digna”). Tomarse en serio estas formulaciones es importante porque nos proveen de un anclaje a partir del cual criticar desfallecimientos y traiciones a esas Tierras Prometidas.
Todo esto significa que, para criticar al régimen organizado en torno a la figura de Fidel Castro –el mismo, por cierto, un destacado exponente de la tradición personalista de la política latinoamericana– no hace falta recurrir al concepto de dictadura, o incluso al de derechos humanos universales. Las propias instituciones cubanas nos proveen la vara con la que podemos realizar esta tarea, ya que nos permiten evaluar su desempeño en sus propios términos. Al contemplar las recurrentes y sistemáticas restricciones a derechos tales como la libre circulación a través de las fronteras, a la expresión de ideas, a la protesta, no nos queda más opción que concluir que la brecha entre sus promesas y su práctica es clamorosa. Incluso los comunistas honestos, así como todos los comprometidos con los ideales que proclama el régimen y refrendan sus leyes, deberían condenarlo.
La Cuba socialista hoy enfrenta un desafío inédito, producto del malestar que suscita un presente de duras privaciones, que torna más evidente cuán profunda y extendida es la restricción de derechos. Para navegar estos tiempos difíciles las viejas glorias de la Revolución –el asalto al cuartel Moncada, la epopeya del Granma, Playa Girón, Angola, Fidel y el Che– ya no inspiran entusiasmo. ¿El régimen será capaz de recomponerse y recuperar la iniciativa? No es sencillo responder esta pregunta. Pero es importante tener en cuenta que, así como el concepto de dictadura no es el más apropiado para entender a Cuba, la pregunta por quién forjó ese régimen y quién puede reformarlo tampoco admite respuestas sencillas.
La Cuba socialista hoy enfrenta un desafío inédito, producto del malestar que suscita un presente de duras privaciones, que torna más evidente cuán profunda y extendida es la restricción de derechos.
Llegados a este punto, conviene traer a la discusión una valiosa línea de reflexión asociada a trabajos como los de Stephen Kotkin y Sheila Fitzpatrick que, a propósito de otro régimen autoritario, el soviético, han mostrado que el estalinismo, más que una máquina de poder y un sistema de valores impuesto desde arriba, fue también, en buena medida, una creación de los propios ciudadanos soviéticos. Este señalamiento nos recuerda que la verdad última de un régimen, su legitimidad a los ojos de la sociedad a la que gobierna, no se agota en su retórica, ni en sus costados represivos, y mucho menos en sus promesas incumplidas. Para comprender el funcionamiento de un régimen también debemos prestar atención a cómo opera a nivel molecular, en las interacciones que tienen lugar en la vida cotidiana, y preguntarnos no sólo qué les quita sino también qué les ofrece a sus súbditos.
Al cabo de más de medio siglo de convivir con un régimen que ha estado presente en cada espacio donde transcurre la vida social, que ha entrado en contacto con la población de múltiples maneras, parece difícil que los cubanos puedan concebirlo como un orden político impuesto desde arriba y desde fuera. La Revolución puso en marcha procesos de transferencia de propiedad, de reconfiguración de las jerarquías sociales y hasta de movilidad social que no fueron nada triviales, y que le permitieron ganarse si no la adhesión, al menos la anuencia de una parte importante de los habitantes de la isla. Y aún si pensamos que las visiones que enfatizan la comunión entre gobierno y ciudadanía como las que Helen Yaffe ha presentado en su reciente Somos Cuba! (2020) resultan exageradas y hasta románticas, es claro que el régimen está lejos de ser una incrustación externa a la sociedad que gobierna. Esto significa que la Cuba de nuestros días es algo más que el producto de la voluntad de Fidel y su círculo, que se mantiene en pie por una combinación de fuerza represiva y de miedo al cambio impulsado desde Miami. Escondida en los pliegues de un Estado con pretensiones totalizantes, late una sociedad que lo resiste, pero también que lo alimenta y le da vida.
Tener en cuenta el carácter complejo de los lazos entre Estado y sociedad es importante para imaginar el futuro de esa isla del Caribe que, tras haber despertado tantos sueños e ilusiones en la izquierda latinoamericana, hoy no puede inspirar sino silencio, vergüenza y pesadillas. Al poner de relieve la brecha entre el país del régimen y el país popular, las protestas del 11 de julio han hecho renacer la esperanza en que se acerca el momento en que podremos ver crecer los márgenes de libertad y el bienestar material de los cubanos. Sin embargo, conviene terminar con una advertencia. A los que confían en que la crisis final del régimen está a la vuelta de la esquina, es bueno invitarlos a reflexionar sobre el hecho de que no puede ser casual que la Cuba socialista no sólo haya logrado sobreponerse a la ruptura con Moscú sino que haya vivido más tiempo en la era post-soviética que en la soviética. Esto significa que puede y debe ser criticada, pero que es algo más que un castillo de naipes protegido por la fuerza militar. Y a los que creen que de ese derrumbe surgirá una nueva Cuba, también conviene recordarles que ni siquiera los cambios políticos más profundos –ya se trate de revoluciones o de restauraciones– logran borrar del todo el legado del pasado.
RH