La Fiscalía General de Bolivia solicitó este domingo prisión preventiva por seis meses para la expresidenta de facto Jeanine Áñez, quien denunció la “absoluta arbitrariedad” del proceso y señaló que debería ser sometida a un juicio de privilegio, tras haber sido detenida el sábado por su supuesta participación en el golpe de estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.
En tanto, la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea (UE) pidieron que se respeten las garantías del debido juicio y se dé transparencia a todos los procedimientos legales.
Según el documento divulgado este domingo, tres fiscales firmaron la imputación para la aplicación “de medidas cautelares consistente en la detención preventiva (...) por el tiempo de seis meses” en cárceles de La Paz para la exmandataria, mientras prosigue la investigación y se buscan a otras personas implicadas en el caso.
Áñez, de 53 años, fue detenida la madrugada del sábado en Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni, 600 kilómetros al noreste de La Paz, mientras se escondía en la casa de un familiar.
En la misma localidad fueron arrestados quienes fueran sus ministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y todos fueron trasladados en avión a La Paz, para ser interrogados por el Ministerio Público.
La acusación formal por “sedición, terrorismo y conspiración” contra los tres detenidos fue publicada este domingo por la Fiscalía, que pidió la prisión preventiva para los imputados al considerar el riesgo de fuga, pero también por poder influir en otros implicados o testigos.
El requerimiento debe ser resuelto por un juez cautelar en el curso de las próximas horas, informó el diario El Deber.
La imputación afirma que Áñez asumió la Presidencia de “forma amañada” por considerar que en ese momento aún era vicepresidenta segunda del Senado y rechazando que hubiera sido elegida presidenta del Senado horas antes.
Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019, tras la dimisión de Morales en medio de una fuerte convulsión social luego de que opositores denunciaran un fraude en las elecciones del mes anterior en las que el líder izquierdista buscaba reelegirse.
Las denuncias de fraude desataron protestas en las calles y un motín policial, y en medio de esta convulsión, las Fuerzas Armadas le hicieron a Morales, en el poder desde hacía 14 años, la “sugerencia” de dimitir.
Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), salió exiliado a México, se trasladó un mes después a la Argentina como refugiado y volvió a su país en noviembre de 2020, tras la elección presidencial ganada por Luis Arce, quien fuera su ministro de Economía.
El nombre de Áñez figura en una denuncia que hizo en diciembre pasado la exdiputada del MAS Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en las recientes elecciones regionales.
En la demanda figuran cinco ministros de Áñez, jefes policiales y militares, y civiles.
Los principales partidos opositores, de derecha y centro, que niegan que haya habido un golpe de estado en noviembre de 2019, condenaron la detención y exigieron que Áñez sea juzgada por el parlamento y no por tribunales ordinarios.
En tanto, la propia Añez sostuvo este domingo que como exmandataria debería ser juzgada en un juicio de privilegio o de responsabilidades, lo que significa que la Fiscalía debe pedir al parlamento que autorice el proceso, que luego debería desarrollarse ante el Tribunal Supremo de Justicia.
“Lamento que se menoscabe el estado de derecho, yo tengo privilegios le guste o no a Evo Morales y tendría que ser acusada en un caso de corte, pero acá los valores políticos, lo que podamos entender por nuestro estado de derecho, no tiene ninguna validez, algo que se lamenta”, dijo a la red Erbol, minutos antes de su inicio de audiencia cautelar.
“Esto es absolutamente arbitrario, esto es pretender criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país, como si la sucesión constitucional ya no tuviera validez; se menoscaba nuestro estado de derecho, yo debería ser acusada en un juicio de responsabilidades”, insistió.
Morales, por su parte, respondió desde Twitter que “no se puede hablar de sucesión constitucional (..) cuando se ha violado” la Constitución y dijo que Áñez “se autodesignó presidenta”.
También el ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó las acusaciones de “persecución política” y dijo que el proceso se ajusta a derecho, ya que explicó que a Áñez no le corresponde un juicio de privilegio por su condición de exgobernante sino un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.
La detención de Áñez motivó que el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para la política exterior, Josep Borrell, dijera en Twitter que “las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.
Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, António Guterres, pidió mantener “las garantías del debido proceso y la plena transparencia en todos los procedimientos legales”.
La subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, pidió el sábado por Twitter que Bolivia defienda todos los derechos civiles y garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Algo similar reclamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Twitter, tras recibir denuncias “por inobservancia de las garantías judiciales en la ejecución de las aprehensiones”.
Este domingo fue también detenido un activista civil de derecha, Yassir Molina, a quien el gobierno sindica de liderar un grupo de choque que participó en las protestas contra Morales en 2019.
Las detenciones de las exautoridades de facto elevaron la tensión en el país y el Comité pro Santa Cruz convocó para este lunes a la tarde a una gran protesta para exigir su liberación.
Con información de la agencia Télam
CRM