Resulta imposible imaginar una decisión judicial más incontaminadamente respetuosa de los hechos consumados, más meticulosamente reacia a innovar, que aquella que el jueves votó la mayoría del plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) y que mantenía libre de toda culpa a Luis Inázio Lula da Silva. En su economía de recursos, bastó a los siete ministros una limpia argumentación procesal, sin extraviarse jamás en sopesar la inocencia del ex presidente en las cuatro causas tramitadas en su contra o en valorar la justicia de las condenas del juez federal Sérgio Moro, para decidir su voto. Los procesos por presunta corrupción quedaron para siempre anulados como si nunca hubieran existido y lo actuado en los tribunales de Curitiba será remitido a los de Brasilia para que algún magistrado federal decida qué hace -si decide hacer algo- con el material reunido durante la instrucción de los juicios contra Lula.
Básicamente, el jueves 15 la mayoría del plenario había votado para confirmar una incompetencia y una semana después, en el mismo juicio, el jueves 22 votó para confirmar una competencia.
Confirmado: Moro es incompetente
La incompetencia había sido dictaminada el 8 de marzo en una decisión ‘monocrática’ por el juez Luiz Edson Fachin, ministro del STF, y relator del caso de un habeas corpus presentado por la defensa de Lula al que el Tribunal había hecho lugar. Fachin había establecido la incompetencia del juez Sérgio Moro y del Juzgado 13 de la Subsección judicial de Curitiba para procesar y juzgar las acciones penales 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (tríplex en la ciudad balnearia de Guarujá, en la costa paulista), 5021365- 32.2017.4.04.7000/PR (terreno en Atibaia, localidad también paulista), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede del Instituto Lula) y 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (donaciones al Instituto Lula).
Para procesarlo a Lula, Moro había fundado su competencia extraterritorial (el reo era un ex presidente -en principio, su juez natural estaría en Brasilia- y los hechos presuntamente delictivos habían ocurrido en otro estado -su juez natural estaría en San Pablo-) en una cuestión de orden decidida en 2015 por el STF que atribuía competencia al Juzgado Federal de Curitiba en todos aquellos casos que en el marco de la operación Lava Jato presentaran vinculación con Petrobras. Ahora bien, como reclamó desde 2016 la defensa de Lula, como admitió Fachin al hacer lugar a su habeas corpus, como votó el jueves el plenario del STF, en ninguna de las cuatro causas hay nexo ninguno entre los delitos imputados y la petrolera estatal.
El juez Fachin anuló los cuatro procesos iniciados contra Lula. Anuló todo lo actuado penalmente, incluso la recepción de denuncias: en los dos juicios que implican al Instituto Lula, no había condenas, sólo se había hecho lugar a denuncias. Pero no declaró inválidos o viciados los resultados obtenidos por la investigación de Moro, sobre cuya relevancia o valor probatorio no se pronunció, ni tampoco lo hizo en su confirmación el plenario del ST. Fachin proponía enviar ese material a quienes serían, esta vez sí, jueces naturales de Lula, en los tribunales federales de Brasilia, para que decidan si abrir o no procesos penales contra el ex presidente. El ministro Alexandre de Moraes, que había ratificado la decisión de Fachin, disiente en que el destino de los materiales recabados en Curitiba sea Brasilia, y sostiene que debe ser San Pablo, el lugar de los hechos. El jueves 22 se votó la cuestión, y por mayoría se decidió confirmar la decisión monocrática de Fachin y la la competencia de los tribunales de Brasilia.
Confirmado: Moro nunca fue imparcial
La cuestión más relevante que debía decidir el jueves el plenario era la de si confirmar o no un fallo fallo posterior al ‘monocrático’ de Fachin, y este ‘colegiado’, de la Sala II del STF, que, en un voto dividido 3-2, haciendo lugar a otro habeas corpus de la defensa de Lula, había decidido que era legítimo el temor o sospecha de parcialidad del juez Moro en el caso del tríplex de Guarujá, proceso que sí había llevado a una condena, y que mantuvo al ex presidente por 580 días prisionero en la cárcel. Por un voto, ganó la posición concorde con la defensa, y los jueces Gilmar Mendes, Nunes Marques y Cármen Lúcia (que determinó la victoria rectificando su primera decisión negativa), concluyeron que sí, que como denunciaba y reclamaba el defensor Cristiano Zanin Martins, el juez Moro se había orientado según los objetivos políticos que perseguía al procesar, investigar y sentenciar a Lula. Por lo tanto, todos los materiales probatorios obtenidos en el curso de una causa así armada quedaban viciados por efecto de la parcialidad del juez, y eran inutilizables.
El plenario no podía reconsiderar lo decidido por la Sala, porque esta es instancia última. Pero podía decidir, según recomendaba el juez Fachin, que la confirmación de la incompetencia de Moro, pedida por el habeas corpus 193726 sería la decisión judicial eficaz, que vaciaría de objeto procesal al habeas corpus 164493, y a otros 13 más presentados por la defensa, porque, anulados los procesos, eran como si nunca hubieran existido: ¿cómo evaluar la imparcialidad de un juez en un proceso inexistente?
La propuesta de Fachin preservaría intacta, de momento, la inocencia de Lula. Pero sería una verdadera salvación para Moro y el Lava Jato. Porque la anulación de la apertura de las causas penales en Curitiba y de las condenas en primera y segunda instancia no implicaba la invalidación de lo obrado en el proceso ni la depreciación de las pruebas alegadas. Si se vaciaba de objeto procesal a este habeas corpus, Lula volvía a la inocencia y Moro a la imparcialidad: caía la condena y caía la sospecha. Más todavía, la imparcialidad del juez revalidaría su juicio, y dejaría intacta la cuestión de fondo: según un razonamiento hipotético, más político que jurídico, si Lula hubiera estado dentro de la jurisdicción, la condena estaría firme. Y para la opinión pública que había hecho del Lava Jato su bandera y su religión cívica, Moro sería culpable de un error burocrático, y el ‘bandido’ Lula culpable de corrupción, y habría escapado de cárcel y condena gracias a una artificiosa estratagema leguleya.
Inválidos los procesos, inválidas las condenas, pero todavía válidas las pruebas de Moro, si la incompetencia absorbía y ahuecaba a la parcialidad. En el más pesimista de los escenarios, un magistrado en Brasilia, sorteado entre los dos juzgados federales especializados en corrupción y lavado, el 10° y el 12°, podría recibir el expediente de Curitiba, iniciar el juicio, copiar-y-pegar las pruebas, escuchar a la defensa, y condenar él en tiempo récord a Lula.
Una mayoría de siete votos llegó a decidir la cuestión el jueves, antes de que el ministro Marco Aurélio Mello pidiera el expediente, con lo que se interrumpió una sesión del plenario del STF que se había anunciado como última, definitiva y final en el caso Lula/Moro. La decisión fue también conservadora, porque lo que los jueces votaron fue la confirmación de la competencia de la Sala II para hacer lugar al habeas corpus que pedía la anulación de los procesos por la sospecha de parcialidad del juez Moro. En nada innovaron los jueces de la mayoría. Confirmaron la incompetencia de Moro, dictaminada por Fachin, y confirmaron la competencia de la Sala II para decidir la parcialidad de Moro, con que ésta en consecuencia quedó establecida.
Moro, según determinaron las decisiones monocrática y colegiada que la mayoría del plenario del STF se limitó a mantener, fue incompetente y fue parcial. La parcialidad inutiliza las pruebas, por lo cual si un juez federal en el Distrito Federal de Brasilia, en el centro del país, buscara procesar a Lula, debería instruir una causa deshabitada de mobiliario e instrumentos mudados desde el sureño estado de Paraná, donde está Curitiba.
La Sala II había reconocido la parcialidad de Moro en uno de los cuatro procesos, el del tríplex de la ciudad balnearia de los sectores populares paulistas. La jurisprudencia invitará a extender esa parcialidad a los otros tres procesos, simultáneos, con un mismo juez y un mismo reo, y habilitados todos en Curitiba invocando la vinculación de los cuatro con una misma fuente de corrupción estatal, Petrobras. Aunque la victoria de Lula en las presidenciales del 2 de octubre de 2022 sea menos inexorable de lo que ahora enfatizan los sondeos, su candidatura encabezando la fórmula del Partido de los Trabajadores (PT) ya no tiene obstáculo alguno por delante para lanzarse a la carrera.
El Lava Jato no tenía futuro: ahora tampoco va a tener pasado
Los efectos de la doble confirmación del STF exceden a las figuras invertidas una y otra vez del héroe y del bandido, y ganan amplitud y atingencia nacionales. El perdedor es Moro, el ganador es Lula, pero ni es el único ganador, ni su ganancia es desproporcionadamente mayor en comparación con otros, más discretos beneficiados y agradecidos. También gana Bolsonaro, y también ganan los partidos oportunistas y centristas que hoy dominan en el Congreso. El derrumbe de Moro arrastrará el del Lava Jato: la megaonfensiva anti-corrupción, que no tenía futuro, ahora tampoco tendrá pasado, la cruzada moralizadora será vaciada retrospectivamente de sentido, los procesado y condenados alegarán que se reconsidere en cada una de sus condenas si no obró también una cuota sospechosa de sesgo político de parte del juez de quien ya se ha establecido, en los juicios de mayor perfil que llevó adelante, que era incompetente y parcial.
En Brasil, el progreso es un lujo que el orden sabe que hay que pagar al contado. Antes que sinergia o matrimonio igualitario, Ordem e Progresso, divisa positivista de Auguste Comte que adoptó para la bandera la República militar y masónica creada en 1889, es jerarquía y subordinación del segundo término al primero. No ha desgastado este lema su inexplicable idoneidad centenaria para explicar muchas conductas colectivas brasileñas, sean en 2018 del entero electorado nacional, sean ahora de los 11 jueces del (STF).
Si la rehabilitación de Lula cambió el panorama electoral brasileño, la votación de su inocencia revolucionó y desequilibró para siempre al STF. Los lavajatistas fueron derrotados, su predicamento disminuido, sus opiniones desoídas a pesar de que fueron quienes, como el ministro Luís Roberto Barroso, más alzaron la voz el jueves. Barroso faltó a la verdad al decir que eran un fraude los mensajes intercambiados por Telegram entre Moro y los fiscales, donde todos conspiran para la condena de los reos: los mensajes, hackeados, son auténticos. El ministro Ricardo Lewandowski defendió la legalidad de incorporar las conversaciones interceptadas a un expediente judicial. La sesión del plenario terminó a los gritos.
En cambio, ha crecido una figura antes marginal, antes aislada en su combate contra el lawfare. Demostró ser capaz de aconsejar a quien lo pedía y persuadir a quien no, en estas decisiones decisivas. En la cuestión de la competencia de Brasilia como sede del juzgado federal natural para Lula y en la cuestión de la competencia de la Sala II del STF para hacer lugar al habeas corpus que denunciaba la parcialidad de Moro, sus opiniones, sólida y sosegadamente argumentadas. De redacción tersa, fueron seguidas por los colegas que votaron por la afirmativa. El solitario que había sido el primero en dudar de la integridad jurídica y legitimidad procedimental de la ‘República de Curitiba’, es ahora ideólogo y líder de la nueva doctrina dominante.