El nuevo presidente constitucional de Perú es oriundo del Departamento de Cajamarca, en quechua “pueblo de espinas”, emplazado en el margen oriental de los Andes. Las crónicas coloniales atestiguan que fue precisamente en la Cajamarca de Pedro Castillo donde el conquistador español Francisco de Pizarro hizo prisionero en 1532 al Inca Atahualpa y subyugó el imperio Incaico. Pizarro estaba al tanto de que los incas eran poderosos señores y, ya instalado en Cajamarca, mandó a llamar ante su presencia a Atahualpa, el último Inca, para que se sometiera a la Corona española, arguyendo que él era delegado de un gran señor. La respuesta del Inca fue notable: él no tenía duda de que el rey de España fuera un gran señor, pero él también lo era y no aceptaba su amistad. Y la guerra comenzó junto con el sometimiento.
La República peruana fue instaurada en 1821 sin revertir estructuralmente el orden colonial. El miércoles 28, el Perú celebró su Bicentenario en coincidencia con el día en que por primera vez “un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo para construir desde abajo”. “Es la primera vez –son palabras del discurso de investidura presidencial de Castillo-que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro rural es elegido para ser presidente”. Varias veces, fue aplaudido por los legisladores afines, los 37 de Perú Libre, los 8 de la coalición centrista Somos Perú-Partido Morado y los 5 del izquierdista Juntos por el Perú, 50 de un total de 130 escaños: al presidente quincuagenario que es el primero en bajar de la sierra chola e india hasta la costa oceánica para gobernar en la ex capital virreinal de Lima, faltarán mayorías legislativas como decisivo apoyo.
Castillo pertenece al Partido Perú Libre definido de izquierda marxista. Más que marxistas, sus afiliados se proclaman socialistas. Y así se inscriben en la tradición peruana de izquierda, que en los años ‘20 del siglo anterior tenía como base o sustento la presencia indígena, con el alto magisterio de José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista que se opuso a Víctor Haya de la Torre, creador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Una tradición política que evoca el entero recorrido de la izquierda en el Perú con su experiencia más exitosa en la Izquierda Unida (IU) en 1980, que comprendía la colisión de seis agrupaciones, algunas de las cuales en la conjunción de otros partidos. El accionar de Sendero Luminoso (SL) y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) fue uno de los factores, si no el más gravitante, de la crisis de IU. En los ’80, la persistencia de la crisis económica, la crisis del movimiento obrero, la emergencia de sectores informales y el fracaso del APRA incidió en la derrota de la izquierda, que no ha desaparecido en el escenario del Perú, y continúa presente como fuerza política y social.
En el panorama reciente, la inestabilidad política del país ha sido extrema. Durante un quinquenio, de acuerdo con lo dispuesto legalmente en el Perú, concurren un gobierno presidencial y un Congreso. La disolución constitucional del Congreso de la República de mayoría fujimorista, impulsa por el ex presidente Martín Vizcarra en noviembre 2019, ilusionó a la población que la confrontación entre poderes finalizaba. En noviembre de 2020, el nuevo congreso destituyó a Vizcarra por acusaciones de haber recibido sobornos durante su gestión en el gobierno del departamento sureño de Moquegua. Y en ese mismo período, líderes políticos y ex mandatarios estuvieron involucrados en casos de corrupción. Entre ellos, el dos veces presidente, Alan García que se suicidó en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht, y Alejandro Toledo, prófugo en EEUU. Misma suerte corrieron los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala -exculpado después-, y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, rival en el ballotage que otorgó por poco más de 44.000 votos el triunfo al actual presidente.
En las protestas del 2020, protestas de la calle contra el Palacio Pizarro, que Castillo no usará como sede de gobierno en clara muestra de abolir los símbolos coloniales y será convertido en Museo de las Culturas, después de la salida de Vizcarra, la ciudadanía pidió cambios estructurales que el gobierno de transición de Francisco Sagasti no pudo o no quiso atender “No tenemos la legitimidad ni el tiempo para hacer cambios a la Constitución”.
Ahora, Castillo, entre los propósitos y mediadas anunciadas (“orden y predictibilidad” económicos, “un millón de empleos en un año”, protección de educación básica y superior particularmente en el ámbito rural y en las zonas de la periferia urbana, de la salud principalmente en la provisión de vacunas contra el covid), considera la convocatoria a una Asamblea Constituyente uno de los puntos centrales de su gestión. Y lo anuncia y lo promete en su discurso de asunción de mando que traía “el corazón abierto para todos” y que no guardaba rencor ni indiferencia. Tratándose de un peruano, que declara orgulloso su pertenencia étnica en un país tan diverso como Perú, sin forzar la semántica, sus palabras remiten a un episodio central de Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, el primer escritor mestizo del Perú. Quien, en busca de su identidad y la de su historia, interroga al anciano Amauta y escucha estas palabras: “Sobrino, yo te las diré de muy buena gana; a ti te conviene oírlas y guardarlas en el corazón (es frase de ellos por decir en la memoria)”. Y si en la memoria se mantiene el recuerdo del sojuzgamiento de quienes han depositado la confianza mediante el voto en este candidato y sus promesas de campañas, la designación de las titularidades de los ministerios parece confirmarlo. El nombramiento como jefe de Gabinete de Guido Bellido del ala más radical de Perú Libre ya ha causado controversias en los sectores del statu quo del país, por una acusación preexistente de la Fiscalía por ‘defender’ a Sendero Luminoso y por sus comentarios homofóbicos en Twitter. Bellido es un ingeniero de 41 años. Las generaciones y la historia confluyen en el Gabinete: el nuevo canciller designado, Héctor Béjar, que no se caracteriza por su asco a Nicolás Maduro, es un sociólogo y ex guerrillero que ya cumplió 85 años.