Los últimos arrebatos de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos aterrizaron también en la isla de Cuba: el lunes, el Gobierno norteamericano designó al país caribeño como “Estado patrocinador del terrorismo”. Si bien la medida tendrá poco efecto práctico, sí lo tendrá en el plano simbólico, dado que obligará a Biden a tomar una decisión al respecto en los primeros meses de su presidencia.
La decisión fue anunciada por el Departamento de Estado, que denunció un presunto apoyo del gobierno cubano a “actos de terrorismo internacional en repetidas ocasiones”. Uno de los motivos esgrimidos fue la “infiltración” del aparato de inteligencia cubano en las Fuerzas Armadas venezolanas, “ayudando a Maduro a mantener el dominio sobre su pueblo mientras permite operar a organizaciones terroristas”, según explicó el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, revirtiendo la decisión tomada durante la administración de Barack Obama. En mayo, Cuba había sido incluido en la lista de países “que no cooperan plenamente” con la política del gobierno estadounidense contra el terrorismo por negarse a extraditar a guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“El continuo apoyo de Cuba al terrorismo en el hemisferio occidental debe detenerse. Hoy Estados Unidos está devolviendo a Cuba a la lista de Estados Patrocinadores de Terrorismo para responsabilizar al régimen de Castro por su comportamiento maligno”, escribió Pompeo en Twitter.
La inclusión en la lista de estados “patrocinadores del terrorismo”, entre los que se encuentran sólo otros tres países –Irán, Corea del Norte y Siria– supone en teoría la imposición de nuevas sanciones, que van desde la prohibición de exportar armas y la imposibilidad de acudir a asistencia de órganos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de un mayor escrutinio sobre las transacciones financieras en el país. En la práctica, dado que la escala de sanciones estadounidenses a Cuba desde la aplicación de un embargo en 1960 es tan vasta y cubre todo el espectro de vinculación con Estados Unidos, la calificación no tendrá un impacto significativo.
La isla ya había estado en la lista desde 1982 hasta el 2015, cuando el expresidente Barack Obama retiró al país de la misma, un gesto simbólico en el contexto de la política de deshielo con Cuba, que incluyó el levantamiento de algunas sanciones económicas. Desde su llegada al cargo, Trump revirtió la tendencia y extendió y reimplantó sanciones. Según el New York Times, el Gobierno de Trump venía estudiando desde hace algunas semanas la reposición de la Isla en la lista negra, en el acto final del abordaje de la administración republicana hacia La Habana.
Desde 2018, “Cuba ha sido sometida a las sanciones estadounidenses más duras de los últimos 50 años, las cuales han contribuido al racionamiento y la profunda escasez de necesidades básicas como remedios y alimentos”, señaló el diario neoyorquino.
El Ejecutivo cubano calificó la maniobra como “hipócrita y cínica”. “El oportunismo político de esta acción es reconocido por todo el que tenga una preocupación honesta ante el flagelo del terrorismo y sus víctimas”, escribió Bruno Rodriguez, canciller cubano, en su cuenta de Twitter.
Biden, condicionado
La designación de Cuba como “estado patrocinador del terrorismo” forma parte del paquete de las maniobras finales de Trump antes de dejar el cargo, que incluyen la flexibilización de las restricciones diplomáticas en las relaciones con Taiwán, el nombramiento de los hutíes —los insurgentes que pelean en la guerra civil en Yemen— como grupo terrorista y el reconocimiento de la soberanía de Marruecos en el Sahara Occidental, entre otras.
Estas decisiones, como explicó el analista de política estadounidense Joaquín Harguindey, podrán ser revertidas rápidamente por la nueva administración. “Hay muy poco de lo que Trump ha hecho por orden ejecutiva los últimos meses que no pueda ser puesto ‘en revisión’ y cancelado después simplemente con la firma de Biden. El Ejecutivo es muy poderoso en ese sentido y es donde el cambio de gobierno se sentirá de inmediato”, escribió en Twitter. Sin embargo, las medidas obligarán a Biden a considerarlas en los primeros meses de su Presidencia, condicionando la relación inmediata con los países afectados por las medidas.
En el caso de Cuba, Biden ha prometido recalibrar la relación, aunque sin la promesa de recuperar la iniciativa de deshielo que había caracterizado el final del Gobierno de Obama, que integró como vicepresidente. En la campaña, el hoy presidente electo habló de “revertir rápidamente las políticas fallidas de Trump que han infligido daño al pueblo cubano y no han hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos”. La rapidez con la que Biden decida sobre la designación del lunes podrá ser leída como un indicador de la importancia que le va a dar a la isla en los primeros meses de gobierno. Otras posibles reversiones, especialmente en el área de sanciones económicas, deberán ser seguidas de cerca.
La semana pasada, Biden designó al colombiano Juan González como nuevo director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), el máximo responsable de la relación entre Estados Unidos y América Latina. En un ensayo publicado en julio, Gónzalez anunció un cambio en el enfoque tanto con Cuba como Venezuela, pero afirmó que “el objetivo primordial de los Estados Unidos en ambos países debe ser presionar para lograr un cambio democrático”. Con respecto a la isla, escribió: “En Cuba, el compromiso no es un regalo para un régimen represivo. Es un acto subversivo para promover la causa de los derechos humanos y empoderar al pueblo cubano como protagonistas de su propio futuro”.
Año bisagra
El cambio de administración en Estados Unidos llega en un momento crítico para el futuro de la isla. En medio de una pandemia que cortó en seco la llegada de turistas, una de las fuentes principales de ingresos, la economía de Cuba cayó un 11% en 2020, según informó el propio gobierno. El 1 de enero comenzaron a regir las primeras medidas de una reforma estructural que proyecta el Partido Comunista Cubano y que incluyen, en primer lugar, la unificación monetaria, un movimiento que pondrá fin al peso cubano convertible (CUC) y que en la práctica supone una fuerte devaluación, además del fin de la política de subsidios generalizados.
El malestar con el nuevo statu quo económico, que se tradujo en el aumento de tarifas de servicios públicos, transporte y precios de bienes básicos, ya comenzó a manifestarse, sobre todo mediante las redes sociales, un desafío difícil de sortear para el Gobierno, que anunció que revisará las alzas. El partido apenas se está recuperando del coletazo que provocó el Movimiento San Isidro (MSI), un grupo de artistas disidentes que organizó una marcha en el Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre y otras iniciativas que fueron desalojadas por las fuerzas de seguridad cubanas.
En una entrevista con eldiario.es, el escritor Carlos Manuel Álvarez, el integrante del movimiento más conocido a nivel global, sostuvo que el malestar con el PC está “desbordando”. “La sociedad cubana reconoce hoy en día en distinto grado este padecimiento. Ahora estamos hablando de San Isidro, pero hay muchas otras expresiones de la política en la vida diaria en las que se muestra ese malestar, aunque no se hable de política expresamente”, sostuvo.
En abril tendrá lugar el VIII Congreso del Partido Comunista cubano, un evento clave dado que se fijará el rumbo para los próximos años en el que habrá un relevo de autoridades. Raúl Castro, hermano de Fidel y expresidente, dejará su cargo como primer secretario, una posición que, de no haber sorpresas, asumirá el actual presidente, Miguel Díaz-Canel. Se esperan otras salidas de dirigentes históricos.
Como dato positivo, el gobierno de Díaz-Canel espera que 2021 sea el año en el que Cuba inmunice a su población contra el coronavirus con vacunas propias. En diciembre comenzaron los ensayos clínicos de fase 2 del proyecto de vacuna conocido como Soberana 02, mientras otros tres desarrollos se perfilan como alternativos. El objetivo, según autoridades cubanas, es inmunizar a sus 11 millones de habitantes durante el transcurso del año.
NZ