“Una paciente me llamó ayer para contarme que estaba embarazada y preguntarme qué hacía”. La doctora Cecilia Grande atiende en su clínica de Miami (Florida) a cientos de mujeres desde hace años. Desde que el 1 de mayo Florida se sumara a la lista de estados que aprobaron fuertes restricciones al aborto, a las consultas habituales se suman otras: mujeres que llaman para cambiar de método anticonceptivo por si el suyo no fuera suficiente, mujeres que desean un embarazo, pero que tienen miedo por si el feto –o ellas– sufren complicaciones, mujeres que no saben adónde acudir tras descubrir un embarazo no buscado. “Sin duda, el aborto clandestino crecerá. Esta es una crisis de salud pública increíble”, alerta la ginecóloga.
A día de hoy, prácticamente la mitad de los estados de Estados Unidos prohíben o restringen con dureza el aborto. Aunque la ofensiva comenzó mucho antes, desde que en junio de 2022 el Tribunal Supremo estadounidense derogara el pronunciamiento que avalaba el derecho al aborto en todo el país, varios estados aprobaron leyes que lo cercenan. Este martes, diez de esos estados (Arizona, Colorado, Dakota del Sur, Florida, Maryland, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada y Nueva York) no solo eligen a quien ocupará la Casa Blanca, sino que también votan enmiendas que buscan revertir esas leyes estatales y volver a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Florida es uno de ellos: para salir adelante, la enmienda 4 necesita el 'sí' del 60% de quienes decidan contestar a esta pregunta en la boleta electoral. Florida fue también el último estado de EEUU en sumarse a la cruzada contra el derecho a la maternidad elegida. En mayo entró en vigor la norma, promovida por el gobernador ultra Ron De Santis, que, como en otros estados, prohíbe el aborto una vez existe latido fetal, algo que suele suceder alrededor de la semana sexta de gestación, cuando muchas mujeres no saben o acaban de enterarse de que están embarazadas.
Florida se había convertido en un oasis en el sur de EEUU al que viajaban muchas mujeres de los estados de alrededor que no podían interrumpir allí sus embarazos. Ahora, el cinturón sur del país es un desierto de derechos reproductivos que obliga a las mujeres a buscar soluciones a cientos de kilómetros que no todas pueden permitirse.
“Están dividiendo a las mujeres en grupos: quienes pueden viajar a otros estados y quienes no”, resume la doctora Cecilia Grande, católica pero convencida del derecho al aborto. En su despacho cuelgan cuadros con la definición de feminismo y adhesivos con la bandera LGTBI. Grande advierte que la prohibición del aborto afecta gravemente a la salud sexual y reproductiva en su conjunto, y critica que las normas no estén escritas por especialistas, algo que deja muchas “zonas grises” que ponen en riesgo a mujeres y profesionales.
Indefinición y obstáculos
Aunque sobre el papel estas leyes incluyen excepciones, la práctica es otra cosa. En Florida, más allá de la semana sexta las mujeres pueden abortar en caso de violación, incesto, tráfico de personas o riesgo grave para la madre. Lo mismo sucede en otros estados estadounidenses, aunque algunos, como Luisiana o Texas, solo lo permiten si la vida de la mujer corre peligro, es decir, quedan excluidas quienes hayan sufrido violación o incesto.
Las activistas aseguran, además, que acceder a esas excepciones es tremendamente difícil: “No son reales, tienes que tener un reporte policial, y a muchas mujeres o no les creen o no se van a acercar a la policía por su estatus migratorio, por miedo”, asegura la coordinadora en Florida del Instituto Nacional para la Salud Reproductiva de las Latinas, Charo Valero. Planned Parenthood (la organización de derechos sexuales y reproductivos más grande del país) asegura que tuvo que sacar a mujeres de sus estados porque, a pesar de entrar en uno de esos supuestos, no consiguieron el reporte policial necesario.
La indefinición legal de “riesgo para la madre” permite esa zona gris de la que hablan profesionales y activistas. “Las normas no dejan claro cuándo puede interrumpirse un embarazo y no atienden a la realidad de la práctica médica. Depende de a qué te enfrentes hay unas posibilidades de viabilidad u otras, pueden influir muchos factores”, explica la ginecóloga Cecilia Grande, quien asegura que existe “miedo” entre los y las profesionales. Las leyes restrictivas incluyen castigos para los médicos que ayuden a mujeres a acceder a un aborto fuera de ese escaso margen de semanas y supuestos, desde la pérdida de la licencia médica hasta multas de varios miles de dólares o, incluso, penas de prisión.
“Como no está definido exactamente qué es el riesgo para la vida de la madre y las leyes no están escritas por doctores o personas que sepan del tema, puede suceder que a un médico que haya practicado un aborto por una infección de la madre le digan que con tal o cual tratamiento se podría haber curado y termine castigado”, añade Charo Valero. Esa zona gris también pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres que sufren abortos espontáneos.
Son públicos los casos de mujeres a las que, pese a sufrir infecciones o tener abortos en curso que médicamente era recomendable acabar cuanto antes, no les practicaron un aborto porque el feto aún tenía latido o porque el personal no tenía claro si estaría amparado en ese caso. Hay mujeres obligadas a cursar un embarazo a pesar de saber que su bebé moriría a los minutos de nacer e, incluso, muertes maternas por no haber sido atendidas a tiempo.
210 mujeres encausadas
Una investigación de la organización Pregnancy Justice publicada recientemente revelaba que, en el primer año tras la decisión del Tribunal Supremo, al menos 210 mujeres embarazadas fueron encausadas por conductas relacionadas con “el embarazo, aborto, pérdidas perinatales o nacimiento”. Es el número más alto de causas abiertas relacionadas con el embarazo documentado en un año. “En la gran mayoría de los casos (191), los cargos presentados contra la persona embarazada no requerían ninguna 'prueba' de daño al feto o al bebé, sino simplemente la percepción de un riesgo de daño”, explicaba la organización. Alabama, Oklahoma y Carolina del Sur son los estados con más número de casos de este tipo.
El estudio documenta 22 casos de mujeres criminalizadas después de haber sufrido una pérdida durante su embarazo. En cinco de ellos se mencionaba el aborto, el intento de aborto o que la acusada “investigó” la posibilidad de interrumpir su embarazo. Una de las autoras de la investigación, la profesora de Derecho de la Universidad de Tenesse Wendy Bach, afirma que EEUU vive “un punto álgido” en la criminalización del embarazo, “como consecuencia del aumento de la sospecha y la vigilancia de las personas embarazadas”.
En busca de dinero para abortar
En este contexto, las organizaciones que ya manejaban fondos para ayudar a mujeres a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, en un país donde esta prestación no es pública en prácticamente ningún estado, están sobrepasadas. “Con el mismo dinero cubren menos casos porque ahora hay que pagar desplazamientos más largos y estancias de varios días”, apunta la directora ejecutiva del Instituto Nacional para la Salud Reproductiva de las Latinas, Lupe M. Rodríguez. El Instituto Guttmacher confirma el aumento de las peticiones para acceder a estos fondos.
Charo Valero subraya que el impacto “es desproporcionado” para las mujeres que ya estaban en los márgenes. En EEUU, un aborto puede costar entre 500 y 3.000 dólares, en función del desplazamiento, las estancias fuera de casa y otros gastos asociados. Por otro lado, las clínicas de los estados donde las leyes son más garantistas están saturadas. “En California hay listas de espera de semanas”, añade Lupe M. Rodríguez. Y cuando hablamos de embarazo y aborto, cada semana cuenta.
Decenas de activistas llevan varias semanas recorriendo puerta a puerta los barrios de algunas ciudades, como Miami, para informar a la gente de las graves implicaciones que están teniendo las nuevas leyes de estos estados y pedir el 'sí' a la enmienda 4. En los estados con más restricciones, las interrupciones voluntarias del embarazo descendieron considerablemente y también bajaron las solicitudes de residentes de medicina que quieren especializarse en ginecología y obstetricia. “Si ya hay áreas de EEUU que son auténticos desiertos de proveedores médicos de embarazo y parto, esto implicará menos formación, menos personal y menos atención”, alerta la ginecóloga Cecilia Grande, insistiendo en que la salud reproductiva en general corre riesgo en estas circunstancias.
Frente al estigma de que la mayoría de abortos corresponden a chicas jóvenes y alocadas, la doctora Grande destaca que buena parte son de mujeres mayores de 30 años que ya son madres: “Mi madre a los 20 años vivía en Cuba y podía hacerse un aborto y hoy mi hija, con esa misma edad, vive en Florida y no podría. Los abortos han ido bajando, no tenemos ninguna epidemia de abortos. Esto es una batalla política”.