El gobierno argentino expresó hoy su “profunda preocupación” por la crisis política que atraviesa Perú y exhortó a “todos los actores políticos y sociales” de ese país a “resguardar las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional”, tras conocerse la decisión del presidente, Pedro Castillo, de disolver el Congreso y declarar un “toque de queda a nivel nacional”.
“Argentina lamenta y expresa su profunda preocupación por la crisis política que atraviesa la hermana República del Perú, y hace un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional”, expresó la Cancillería argentina en su cuenta oficial de Twitter.
Castillo anunció hoy la disolución del Congreso, horas antes de que el órgano legislativo debatiera una moción de destitución en su contra, y declaró un “Gobierno de excepción” y un “toque de queda a nivel nacional”, lo que motivó inmediatamente la renuncia de ministros y acusaciones de un “golpe de Estado”.
En un mensaje televisado, el presidente peruano convocó “en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley”.
“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, manifestó.
El presidente acusó al órgano legislativo de “destruir el Estado de derecho, democracia y equilibrio de poderes”.
Además, el mandatario de izquierda decretó un “toque de queda a nivel nacional” a partir de hoy, desde las 22 hasta las 4 del día siguiente. También declaró en reorganización el sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional.
Con información de Télam