El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes decretó la prisión de Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y quien se desempeñó durante la primera semana de enero como secretario de Seguridad de Brasilia. El dictamen remite a la violación por el ahora ex funcionario, del Estado democrático de derecho y responde a un pedido procedente del abogado general del Gobierno, Jorge Messias, quien acusó a Torres de “facilitar” los hechos de vandalismo en los edificios públicos. Para los medios brasileños, esta es la primera decisión judicial que apunta a estrechar el cerco al ex presidente.
El ex secretario Torres es, en verdad, una pieza clave en la organización del movimiento “golpista” que perpetró los atentados contra el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF). El viernes último Torres viajó a Orlando con su familia, donde también se encuentra su ex jefe Bolsonaro, de quién fue un fiel aliado. El ex funcionário intentó defenderse, el domingo, en una declaración al diario Folha de San Pablo. Dijo entonces: “Es la primera vez que me tomo vacaciones en mucho tiempo, y las venía planificando de hace tiempo”. Para despegarse del ex mandatario y borrar las conjeturas de su complicidad con los dramáticos sucesos del domingo, Torres no vaciló al señalar: “No vine a Estados Unidos para encontrarme con Bolsonaro. No lo vi en ningún momento porque estoy de vacaciones con mi familia. No hubo participación de mi parte en lo sucedido”.
Lo cierto es que la ejecución de esta medida judicial debe derivar rápidamente en un pedido a Interpol para concretar la detención y repatriación del ex ministro. La celeridad en el dictamen judicial obedece a las sospechas manifestadas por el magistrado con relación a las responsabilidades de Anderson en los ataques perpetrados en la Plaza de los Tres Poderes en el Distrito Federal. Torres tiene una historia larga de apoyo directo a su jefe Bolsonaro, cuando éste procedió a denunciar un presunto fraude en el proceso electoral por cuenta de las urnas electrónicas. Inclusive, como ministro de Justicia fue blanco de una investigación del Tribunal Superior Electoral, por diseminación de “noticias falsas” contra los resultados de los comicios de octubre pasado.
En un discurso pronunciado al asumir el nuevo director de la Policía Federal Andrei Rodrigues, el juez Moraes declaró en forma contundente: “Las instituciones irán a castigar a todos los responsables”, incluidos según señaló “aquellos que financiaron e incentivaron la movilización destructora, por acción y omisión”.
En verdad esta es la primera prisión de importancia en el esquema de investigación; es que si bien hubo 1.500 detenciones de bolsonaristas que se encontraban acampados, la mayoría eran personas “comunes” como admitió la propia policía al liberar por cuestiones humanitarias a 600 encarcelados. Entre ellos se encontraban ancianos y madres con hijos pequeños. El domingo por la noche, Moraes había dispuesto la prisión de más de 1.000 individuos que desde hace dos meses habitaban en carpas frente al Cuartel General del Ejército. Declaró entonces: “Tenemos que combatir con firmeza a las personas antidemocráticas, que quieren dar un golpe, a esas personas que buscan implantar un régimen de excepción”.
Esta tarde fue llevado a prisión al ahora ex comandante general de la Policía Militar del Distrito Federal; se trata, en realidad, de las policía manejada por los gobiernos de los estados brasileños. El coronel Fabio Augusto, que ejercía ese cargo, había sido previamente exonerado del puesto por el interventor federal en Brasilia, Ricardo Capelli.
Las razones de esa detención se basan en las múltiples imágenes y filmaciones de los atentados, donde se observó a agentes de la Policía Militar celebrar los actos agresivos junto a los bolsonaristas, con quienes llegaron a tomar selfies.
EG/MG