La ira y la violencia crecen y se extienden cada día en Francia. Los disturbios que siguieron a la muerte del adolescente Nahel M., al que un policía mató durante un control policial en Nanterre, se intensifican cada noche y se multiplicaron por todo el territorio francés, alcanzando el centro de París, así como zonas de Roubaix, Toulouse, Burdeos, Lyon, Lille y Marsella, además de los departamentos de ultramar (como la isla de La Reunión o la Guyana) e incluso más allá de las fronteras, con incidentes registrados en Bruselas.
Los edificios públicos fueron el principal objetivo de muchos de esos desórdenes, en particular ayuntamientos, comisarías y colegios. Además, se produjeron saqueos en comercios de varias ciudades, así como incendios y ataques contra las fuerzas del orden. Al menos 1.311 personas fueron detenidas y 79 policías resultaron heridos en la noche del viernes al sábado, según datos del Ministerio del Interior.
Los disturbios provocaron una oleada de cancelaciones de conciertos y de reservas de hotel, mientras que el Gobierno recortó ciertos servicios de transporte público.
Un equilibro difícil
El Gobierno temía una repetición de la escalada de disturbios vivida en 2005, que llevó a la declaración del estado de emergencia después de la muerte de dos adolescentes, Zyed Benna y Bouna Traoré, electrocutados durante una persecución policial en Clichy-sous-Bois, cerca de París.
Los disturbios duraron entonces 21 días y murieron tres personas. Decidido a no cometer los mismos errores, el presidente Emmanuel Macron empleó un tono muy diferente al de Jacques Chirac: el actual presidente calificó los hechos de “inexplicables” e “inexcusables” y evitó que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, desempeñe el papel de abogado defensor de las fuerzas del orden, como hizo Nicolas Sarkozy en 2005, cuando ocupaba la misma cartera.
Macron busca un equilibrio difícil, entre dar respuesta a la ira de una parte de la ciudadanía provocada por la violencia policial y, al mismo tiempo, resistir la presión a la que lo someten los sindicatos de Policía, que insisten en la “presunción de inocencia” del agente que efectuó el disparo mortal.
“La dificultad para Emmanuel Macron será mantener esta posición a largo plazo, porque recién salido del conflicto de las pensiones necesita de nuevo el apoyo de las fuerzas del orden para recuperar el control de una situación que sigue siendo a la vez muy tensa y muy incierta”, dijo el viernes el diario Le Monde en su editorial. El mismo día, Naciones Unidas reclamó a Francia una reflexión sobre los “problemas de racismo y discriminación racial arraigados entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
El presidente de la República ya tuvo problemas con los sindicatos policiales en 2020, cuando calificó de “inaceptablemente violenta” la paliza que unos agentes propinaron al productor musical Michel Zecler en París. Unos meses después, la llegada al Ministerio del Interior de Gérald Darmanin en sustitución de Christophe Castaner –muy criticado por los sindicatos policiales por cuestionar el uso de la fuerza en algunos incidentes– se interpretó como un deseo de aplacar a las agrupaciones policiales.
Pero en este caso, además de la gravedad de los hechos y de sus consecuencias, la difusión de las imágenes que contradecían la primera versión dada por la Policía contribuyó a que el Gobierno se haya distanciado todo lo posible de la acción policial. Después de la difusión y verificación del video, la primera ministra, Élisabeth Borne, declaró que la acción policial “no se ajustaba a las normas de intervención de las fuerzas del orden”.
En la misma línea, este jueves, el fiscal de Nanterre anunció que el policía que disparó había sido acusado de homicidio voluntario y había ingresado en prisión preventiva al no cumplirse “las condiciones legales para el uso del arma”. Durante su detención, el agente pidió perdón a la familia de Nahel M., según explicaba el jueves su abogado, Laurent-Franck Liénard, a la cadena de noticias BFM-TV.
Restablecer el orden “sin tabúes”
Ni las disculpas, ni las promesas de justicia rápida, ni los llamamientos a la calma del jefe de Estado, de la primera ministra y del alcalde de Nanterre surtieron efecto y la localidad de la banlieue parisina volvió a vivir el jueves una noche de disturbios, al igual que otras ciudades francesas. El presidente, que calificó esta violencia de “injustificable”, abandonó la cumbre de la Unión Europea en Bruselas a primera hora del viernes –cancelando la última rueda de prensa– para presidir en París una reunión de crisis interministerial.
La posibilidad de decretar el estado de emergencia –reclamado por diversos políticos de derecha y extrema derecha– se evocó en varias ocasiones. Según fuentes del Palacio del Elíseo citadas por la agencia France-Presse, el presidente está dispuesto a estudiar todas las soluciones para restablecer el orden “sin tabúes”. En la rueda de prensa posterior a la reunión de crisis, Macron optó por apelar a los padres de los participantes en los disturbios, poco antes de que la primera ministra anunciase el refuerzo de la presencia policial.
“Es importante para la tranquilidad de todos que la responsabilidad parental se ejerza plenamente. Apelo al sentido de la responsabilidad de madres y padres. No es el papel de la República hacerlo en su lugar”, dijo el jefe de Estado, después de condenar “en los términos más enérgicos posibles a todos aquellos que utilizan esta situación y este momento para intentar crear desorden y atacar a nuestras instituciones”.
La derecha cierra filas con la Policía
La muerte de Nahel M, que será enterrado este sábado en Nanterre, donde residía, conmocionó a buena parte del país.
Todas las fuerzas de la oposición se pronunciaron en los últimos días sobre los acontecimientos. El bloque de formaciones a la derecha del Gobierno multiplicó las declaraciones de apoyo a la Policía y se centró en denunciar a los jóvenes que participan en los disturbios y en cuestionar el comportamiento de la víctima. “La extrema izquierda aviva el fuego y espera vengarse de la policía. Es insoportable”, tuiteó el presidente del partido Los Republicanos, Eric Ciotti.
La ultraderechista Marine Le Pen, por su parte, denunció la pérdida de autoridad, a su juicio, de las fuerzas de seguridad. “Ya no se respeta a los policías, ya no se les obedece”, dijo antes de añadir que “la falta de disciplina puede tener consecuencias muy graves”. Le Pen pidió además que se decreten toques de queda sectoriales donde se registraron incidentes.
Entre las fuerzas de izquierda, la denuncia unánime contra el asesinato de Nahel M. dio paso a divergencias sobre el alcance de la violencia policial en Francia, sobre la intensidad de las críticas a la Policía como institución y sobre la calificación o la justificación de las violencias. Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, pidió la “refundación” de una fuerza policial “descontrolada”. “La pena de muerte ya no existe en Francia. Ningún policía tiene derecho a matar salvo en defensa propia”, escribió en Twitter.
Su discurso fue más duro que el expresado por socialistas y comunistas, que evitaron las críticas generales contra la institución policial. El líder de los comunistas Fabien Roussel condenó además la violencia de los disturbios, a diferencia de otros miembros de la coalición progresista, que no quisieron pronunciarse sobre esta cuestión. “Cuando se es de izquierdas, se defienden los servicios públicos, no se saquean. La justicia debe estar a la orden del día: justicia para Nahel, justicia para nuestros barrios, justicia para nuestro país”, dijo.